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El pasado 17 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas para proteger a periodistas y revertir la impunidad en los crímenes que, relacionados con el oficio de informar o analizar la realidad, se acumulan por decenas en el sexenio. A un mes de distancia, nuevos crímenes contra periodistas, perpetrados institucionalmente por su gobierno, han quedado al descubierto.

Aquel acto se llamó “Acciones por la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores”, según la mampara colocada en un salón de la residencia oficial de Los Pinos. Peña Nieto se proclamó ahí “amigo” de los periodistas y declaró que su gobierno “se ha distinguido por ser respetuoso de la libertad de expresión”.

Pocos creímos en la voluntad política, en la supuesta amistad y en las acciones que, planteando sólo la transferencia de responsabilidades a los gobernadores de los estados, pretendía despresurizar la inquietud internacional por el asesinato de Javier Valdez, ocurrido el 15 de mayo. Algunos embajadores se prestaron a la simulación, fungiendo como extras en el evento.

Un día antes el 16 de mayo, cientos de periodistas nos manifestamos frente a las oficinas de la secretaría de Gobernación. La protesta fue numerosa y plural como nunca. Naturalmente, entre los asistentes fue posible identificar algunos agentes de la propia dependencia que mantuvo se reja cerrada durante la concentración.

Saberse espiado en una protesta no parece ya sorprender. Uno sabe que la sola asistencia implica el registro de las cámaras de vigilancia y de los agentes encubiertos o semiencubiertos, y también que desde los ventanales del inmueble te verán con desdén o sorna.

En Los Pinos, el día 17, Osorio Chong fue el encargado de plantear el objetio de la reunión “indispensable”, dijo, “para atender las demandas de justicia y no impunidad que reclama la sociedad, pero sobretodo para construir estrategias efectivas y evitar que estas situaciones se repitan”.

En esos días, ocurría algo en paralelo: las organizaciones de la sociedad civil que participaban en la Alianza por el Gobierno Abierto, dejaban su lugar en protesta por acciones de espionaje. Desde hacía meses que algunas de esas organizaciones padecían una ofensiva fiscal directa e indirecta, pues se estaba presionando a sus donantes.

Al cumplirse un mes de aquella reunión, se ha revelado que el espionaje del gobierno de Peña Nieto a miembros de las mencionadas organizaciones y a periodistas incómodos, es un hecho. Los casos documentados muestran que, en el caso de Carmen Aristegui, han espiado hasta su hijo y que todo el equipo de investigación que publicó el reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto”, estaba bajo espionaje, aun después del acto de censura –otra simulación, en ese caso de conflicto contractual– que los dejó fuera del aire. Naturalmente, se trata de los casos documentados pero son muchos más.

Una abstracción indispensable, ponerse en el lugar del espía: ¿para qué espiar a un periodista o un defensor de derechos humanos? Qué se busca en sus comunicaciones? cuál es el objeto de vigilar hasta menores de edad, familiares de quiénes son incómodos? Las respuestas dependen del grado de perversidad que seamos capaces de imaginar.

El asunto es que una vez más ha quedado probada la hipocresía de Peña Nieto, que dice distinguirse por su respeto a la libertad de expresión y de Osorio Chong que plantea “construir medidas efectivas” de protección, porque al tiempo de hacerlo, se sabe que son las Fuerzas Armadas, cuyo comandante en jefe es el primero y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, cuyo superior jerárquico es el segundo, las instituciones que están violando la intimidad de personas de la sociedad civil con sentido crítico y periodistas, un crimen en sí, ineluctable para cumplir otro propósito criminal.

Consulta el informe sobre el espionaje sistemático que publicó hoy Artículo 19, aquí:

https://articulo19.org/wp-content/uploads/2017/06/Reporte-Gobierno-Esp%C3%ADa-Final.pdf

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