Arturo Rodríguez García

Durante los primeros meses de impulso a las reformas estructurales, Enrique Peña Nieto incluyó en su discurso una expresión de talante autoritario: hay inercias y resistencias que deben vencerse.

No había castidad en esas palabras. El fraseo precedió a los manotazos autoritarios. La fórmula verbalizó la acción violenta, por ejemplo, el 13 de septiembre de 2013, minutos antes del operativo policiaco-militar de desalojo de la CNTE del Zócalo a fin de realizar ahí su primera ceremonia del Grito de Independencia.

La “prioridad nacional” eran las reformas estructurales, así que, bajo la inducción de la idea de que el Pacto por México era un consenso de las fuerzas más representativas del país y, por lo tanto, democrática, cualquier acción en contra de sus acuerdos, era “inercia y resistencia” por vencer.

Era clarísima la regresión autoritaria: la palabra y acción de un gobernante que reclama el derecho a mandar exigiendo obediencia incondicional, que reduce a la oposición y emplea medios coercitivos.

Adheridos a la “prioridad nacional” peñanietista, los intelectuales y la mayoría de los actores políticos –inclusive, del por entonces naciente y crítico al Pacto, Morena– consideraban que hablar de un regreso o una reedición del autoritarismo era erróneo. No importaba que la división de poderes fuera trastocada por el Pacto por México que desplazó al Legislativo; que la noción federalista se viera alterada por un nuevo centralismo justificado en los excesos de los gobernadores; ni la crisis de derechos humanos o la regresión en transparencia –articulada en las reformas– que por entonces exaltaban como uno de los pilares del avance democrático, lo mismo que la presunción de libertad de expresión y de elecciones confiables.

En el fondo, quizás, esos muchos evitaban –por cálculo o ingenuidad—ser etiquetados como inercias o resistencias al “Mexican Moment”. Pocos cuestionaron al régimen hasta que ocurrió la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y las revelaciones de corrupción, a finales de 2014.

Esos dos hechos provocaron una temprana crisis en el sexenio peñanietista que, por su parte, las sorteó con sus estrategias de control de daños conocidas al menos desde que surgió el #yosoy132 y respondió –aun en campaña– con su Manifiesto por una Presidencia Democrática, en el que prometió avanzar en transparencia, rendición de cuentas y regulación de publicidad oficial. Nueve meses después –ya en el gobierno– llegó la prisión a Elba Esther Gordillo, presentado el episodio como un doblegamiento de los “poderes fácticos”.

No cumplió, como tampoco lo hizo al aceptar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que atenuó por un año la crisis de sus escándalos. Organizaciones ciudadanas y académicos atendieron el llamado; confiaron –debían hacerlo si la mano estaba tendida–, fueron a Palacio Nacional y aplaudieron “la conquista ciudadana”. En tanto, hubo débiles pero mediáticos expedientes contra exgobernadores, nunca contra el círculo presidencial, que despresurizaron la crisis de Peña. Pura simulación.

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Promulgación de Leyes Anticorrupción. Foto: Presidencia

En mayo pasado –en realidad desde febrero– los ciudadanos activos en el tema –y en general, los ciudadanos–, fueron traicionados: participantes en la Alianza por el Gobierno Abierto y en el SNA, así como periodistas, descubrieron que eran espiados; para cerrar el círculo, una embestida mediática contra ellos se propaló por varios días. En claro conflicto de intereses –por Arely Gómez, que tuvo en la PGR el software espía– el SNA reprobó su primera prueba, al rechazar si quiera pedir información al respecto. Y finalmente, el SNA no pudo concretarse a plenitud en los tiempos de  ley cumplidos ayer y hoy.

Presionadas las libertades por acción violenta o invasión de intimidad; disminuida la transparencia señaladamente en cuanto a los negocios al amparo del poder; precario el estado de  los derechos humanos y, en general, oprimidos todos los valores de la democracia, estamos por llegar al último año del sexenio, año electoral que acaparará la agenda pública, renco el SNA y convertido en disputa facciosa como ha ocurrido con el INE y el INAI.

Hoy, las organizaciones ciudadanas coaligadas en #VamosporMás, lo han expuesto con claridad: las inercias y “las resistencias” son del gobierno de Peña Nieto y de los partidos que lo acompañan, de los estados que no acataron la disposición de las leyes anticorrupción, es decir, de una clase política partícipe y beneficiaria de la traición.

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