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Foto: cubanet.org
Arturo Rodríguez García

En un período breve de tiempo, el gobierno de un país a través de sus distintos órdenes, ha ordenado cerca de mil agresiones, materializadas en amenazas, hostigamientos, allanamientos y espionaje ilegal, que incluye intervención de comunicaciones, seguimientos personales y vigilancia domiciliaria sobre opositores y periodistas incómodos, a los que suele desprestigiar a través de medios de comunicación a su servicio.

Hasta hace un año, había 800 personas que por su postura política o activismo opositor a una posición del gobierno, fueron detenidos y encarcelados bajo cargos que resultan absurdos a la luz de la evidencia elemental, por ejemplo, videos que revelan que quien cometió algún delito no es el imputado, pero que no se admite por los jueces. De los detenidos, al menos 80 lo fueron mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de los 43 que acusaron tortura sin ser escuchados.

Entre 2013 y mediados de 2016, alrededor de 90 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados y como en lo anterior, la mayoría de los casos están impunes. Además, en el mismo período, 88 personas que pueden considerarse opositoras al régimen fueron desaparecidas, de los cuales 16 aparecieron asesinadas, 9 lograron su libertad y seis aparecieron tiempo después en prisión.

La libertad de expresión, considerada un pilar de cualquier democracia, es precaria. Lo ha sido desde hace tiempo y cuando un periodista o un medio resulta incómodo al poder, existen diferentes fórmulas para excluirlo. Si es un medio, se le asfixia por vía económica; si es un periodista se le espía, se le cierra el espacio o se le persigue por la vía judicial bajo cualquier pretexto que permita legitimar la ofensiva, en ocasiones, imputando delitos que los pueden mantener en prisión.

Con frecuencia, los reporteros que cubren protestas en las que se registran violaciones a derechos humanos, son agredidos por los cuerpos militares o policiacos, pero las agresiones se agravan conforme graves sean sus revelaciones ya en procesos investigativos o al recoger historias en campo que el poder quiere ocultar. Las consecuencias son variables, pero al menos dos periodistas son víctimas de desaparición forzada cada año y, de 2013 a la fecha, 36 fueron asesinados.

La comunidad internacional lo ha señalado, con tanta insistencia como lo hace respecto a la precariedad del estado de los derechos humanos, por ejemplo, en los más recientes informes del Examen Periódico Universal, pero siempre cuenta con un aparato diplomático presto a minimizar las observaciones.

No es todo. El gobierno desplazó al legislativo y rompió el principio federal desde 2013, imponiendo leyes confeccionadas por anónimos redactores del Ejecutivo, pero cuando la redacción dejó sueltos algunos aspectos que afectaban su concentración de poder, utilizó al Poder Judicial para revertirlos al mismo tiempo de echar a andar su maquinaria de medios para desprestigiar a los que, digamos, leyeron mal.

En ese país, la transparencia es insuficiente aunque existan leyes e instituciones para garantizarla, lo mismo que las elecciones libres que cada vez transcurren más cuestionadas, especialmente, por la intromisión directa del gabinete presidencial en la promoción electoral del primo del presidente en la zona más poblada de ese país, donde el nepotismo es práctica normalizada. De hecho, millones de personas creen que su presidente ganó las elecciones de manera fraudulenta.

No conozco la realidad de Venezuela –dudo que alguien que sólo se informe por medios de comunicación la conozca–, pero sí la de México, donde lo antes descrito sucede, conforme a lo documentado por el Comité Cerezo México, en relación a la represión de opositores; por Artículo 19, en cuanto al estado de la libertad de expresión; por diferentes países en el Examen Periódico Universal y por hechos de dominio público.

Por lo antes descrito, pareciera que en su política diplomática el gobierno de Enrique Peña Nieto –como en la Ley del Espejo, proyección psicológica o transferencia– atribuye o se reconoce en otros –en este caso en Nicolás Maduro–, con sus propios defectos, excesos, desmesuras y carencias.

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