Arturo Rodríguez García

En marzo de 2013, una serie de intervenciones policiacas en la Ciudad de México, fueron especialmente violentas contra protestas sociales que, sin adscripción partidista y en parte inerciales a lo ocurrido con el movimiento #yosoy132, invocaban diferentes causas. Eso marcaría el paso de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno.

Todo inició el 1 de diciembre de 2012 y, para febrero siguiente ya sumaban cuatro intervenciones violentas con detenciones arbitrarias.

El común denominador de esas y otras embestidas era señalar que los “violentos” eran anarquistas. La insistencia en la condición ideológica de los presuntos violentos se amplió en filtraciones, indentificando por nombre a mujeres y hombres, la mayoría jóvenes, como instigadores y agresores. Con el paso de los meses hubo redadas cada vez más grandes y desproporcionadas. Hoy se acusan 30 marchas reprimidas.

Durante 2013 y 2014, en Proceso publicamos diferentes casos de represión y documentamos las prácticas históricas de los cuerpos de policía política: espionaje, seguimientos domiciliarios y cargos falsos, que acababan en detenciones con violaciones a derechos fundamentales, sobre perfiles específicos.

Los detenidos por “anarquistas” y “vándalos” eran –anarquistas o no– quienes protestaban contra el porrismo agresor en la UNAM; ambientalistas o colonos que defendían pueblos originarios y barrios, de la voracidad inmobiliaria tan próxima al gobierno. O sólo por estar ahí, solidarios y políticamente conscientes, como un mensaje de inhibición.

Los defensores de derechos humanos han popularizado un término que creo acertado: criminalizar. Y en criminalizar la protesta social, el gobierno de Mancera es campeón.

Perverso, el control de daños. Con filtraciones malintencionadas para legitimar, antes o después de los operativos, el actuar policiaco de repente desastó la agresión a periodistas en marchas. Con supuesto diálogo y cooperación, se armaron protocolos para la autocensura: no fotografiar, no filmar policías ni instalaciones oficiales sin permiso. Dejar hacer a los perpetradores.

Las detenciones selectivas en muchos casos fueron por horas pero las organizaciones sociales tienen documentados 300 procesos penales fabricados.

Si bien, esta conducta gubernamental sirve al gobierno federal –a lo que hay que sumar la ocupación casi permanente y el bloqueo para que las protestas no lleguen al Zócalo—también desactiva movimientos que resultan incómodos a los intereses de la elite gobernante en la Ciudad de México. Luego, videos y confrontación de acusadores revelan la injusticia sin resarcimiento a las víctimas.

Hay colectivos involucrados en registrar el proceso represivo que contabilizan más 500 estudiantes detenidos en los cinco años de Mancera, la mayoría sin causa justificable; aun siguen litigando los detenidos del 10 de junio de 2013, a pesar de las pruebas de inocencia, lo mismo que Luna Flores, a quien le fabricaron cargos por participar en la marcha del 2 de octubre del mismo año. Además hay presos sin pruebas como Jampsa Montaño.

Muchos de ellos han ido a las mesas de diálogo, han agotado las vías judiciales, pidieron una amnistía por medio de la Asamblea Legislativa y, dieron oportunidad a la política que, con Mancera, siempre fue garrote y engaño.

Visita: www.notassinpauta.com

 

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