Arturo Rodríguez García
Fórmula bien conocida: ante los señalamientos por sus acciones perniciosas, Enrique Peña Nieto suele pronunciar un discurso, prometer reformas legales y pedir un cambio de tema en el debate público. A veces puede ser sutil, otras despliega su talante en un explícito “ya supérenlo”.
La táctica es pedestre, pero efectiva a pesar de lo predecible. Se consigue marcando la agenda periodística y el debate público, al condicionar la publicidad oficial por sumisión; se articula con un trabajo de convencimiento de actores prestos al diálogo que contribuyen, con ingenuidad o perversión, al propósito presidencial de superar las crisis.
En plena campaña el surgimiento del Movimiento #yosoy132 se encaró así: ante las protestas masivas que exigían democracia efectiva y equidad en medios, Peña Nieto lanzó el Manifiesto por una Presidencia Democrática, un decálogo que planteaba reformas en transparencia, combate a la corrupción y regular la publicidad oficial.
Ya convertido en presidente electo, en medio de impugnaciones y protestas, Peña Nieto propuso tres iniciativas: transparencia, anticorrupción y otra vez publicidad oficial. No cumplió ninguna, hasta que los escándalos de corrupción que se inauguraron con la llamada Casa Blanca lo llevaron a reproponer reformas en las dos primeras.
La transparencia sufre un grave retroceso. El tinglado de reformas estructurales, principalmente en materia energética, redujo el acceso a información; el INAI es una cloaca faccioso de grupos políticos con interés en legitimar opacidades; el programa de “gobierno abierto” es una dispersión sobrevaluada y poco amigable. En tanto, a las disposiciones anticorrupción –esa farsa para la impunidad– no sólo le falta fiscal, más grave, le falta una armonización legislativa que no concluirá pronto.
Con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los reclamos masivos, propuso otro decálogo para reformar la llamada justicia cotidiana. Mientras sus sucesivos fiscales articulaban una mentira histórica, él disertaba sobre la forma de legislar divorcios, delitos o ilícitos menores en diferentes materias, y el número de emergencias 911.
Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a México para coadyuvar en la indagación de los hechos en Iguala, desprestigiaron a los investigadores y los echaron del país. Por esos días, organismos internacionales reprobaban a México en cuanto a derechos sociales y los líderes globales señalaban la precariedad de los derechos humanos. Entonces, nuevo discurso, una iniciativa para legislar derechos demandados por la población LGBTTTIQA, mientras los legisladores priístas se negaban a ir al debate. Otra vez, nada.
En el episodio más reciente encontramos su reclamo por el “bullying” a la Policía Federal, en medio de los señalamientos por los hechos de Nochixtlán, mientras promueve su Ley de Seguridad Interior.
Hoy hace seis meses que asesinaron a Javier Valdez en Culiacán. Nueva crisis enfrentada con discurso y propuesta de reformas, misma impunidad que en los más de cien periodistas asesinados.
Como en los mencionados y otros tantos ejemplos, Peña Nieto ha podido sortear las crisis de su mal gobierno, en parte gracias al control de la agenda mediática por publicidad oficial –40 mil millones repartidos– y por eso, se trata de un asunto relevante para la democracia que, gracias al trabajo de Artículo 19, llegó hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde, sin embargo, los pronósticos son reservados.
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