Arturo Rodríguez García

MAMCEl más reciente ensayo de la historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas, a propósito de la importancia de los archivos históricos, coloca bajo la lupa un asunto de vital importancia para la vida democrática:

“La resistencia de las elites mexicanas ha sido y es descomunal”, respecto a la apertura de archivos.

Esa valoración guía un extenso trabajo que tiene por objetivo ilustrar la importancia de los archivos históricos en el mundo y la forma en que México, con más de dos siglos de atraso en la normatividad respecto a la primera Ley de Archivos de la historia, mantiene la opacidad en un fondo documental de enorme relevancia histórica como lo es el de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

El asunto ha ocupado a la historiadora desde 2011, cuando la discusión sobre la creación de la ley de archivos impuso la reserva hasta por 70 años a documentos que son históricos ya, pero cuya importancia es vigente y afecta a grupos de poder de distinto signo.

“Los sagrados archivos. Reserva y confidencialidad ¿confusión deliberada?”, es el ensayo que forma parte del libro “La importancia de los archivos históricos como garantes de la memoria y el acceso a la información”, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), acaba de publicar con la idea de orientar la discusión a propósito de una nueva ley de archivos que sigue pendiente en la agenda del Senado y, bajo el supuesto poco tangible de que los senadores lean.

El libro contiene tres ensayos. El primero, del que el libro toma su título, es de Aurora Gómez Galvarriato y, el tercero, “Archivos históricos y transparencia. La memoria invisible”, es de Jacinto Rodríguez Munguía. El segundo, al que nos referiremos en esta reseña, es el ya mencionado de Magdaleno Cárdenas.

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El acento de Ángeles Magdaleno está en la resistencia de las elites mexicanas a que se abran los archivos históricos y, concretamente, a que se abran archivos que les resultan sensibles. Tanta es su cerrazón que consiguieron, en la Ley de Archivos de 2012 –la primera ley mexicana en la materia–, que el artículo 27 del ordenamiento estableciera la categoría “archivos histórico-confidenciales”, con lo que se impuso la ya aludida reserva de hasta 70 años que impide, en los hechos, consultar el fondo de la DFS.

La relevancia de ese fondo documental –del que Ángeles Magdaleno es experta pues contribuyó a su organización— puede observarse en los ejemplos que la autora ofrece respecto a temas que ahí están registrados:

Las nacionalizaciones de Telmex y CFE; planes empresariales y del clero para tomar el gobierno; registros de prisiones clandestinas; los planes de Jorge Carrillo Olea para apoderarse del Cisen; el expediente de Lucio Cabañas; los secuestros de los años setenta en los que fungió como mediador Marcial Maciel.

O bien, el expediente de líderes sindicales como Demetrio Vallejo o el del priísta institucionalmente olvidado, Carlos Madrazo y, ya más recientes, la forma en que la policía política registró las historias tempranas de Carlos Salinas de Gortari y Elba Esther Gordillo, entre muchos otros.

“El archivo de la DFS incluye todo aquello –personas y acontecimientos—que representase una amenaza, no necesariamente al estado, sino fundamentalmente a la élite en el poder. Los legajos de la DFS representan un universo heterogéneo, unido por la dominación patrimonialista y clientelar que hasta hoy persiste entre las élites mexicanas”, escribió la historiadora.

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Un apunte personal. En los últimos años he conocido historias que las elites económicas, políticas y culturales quieren mantener ocultas. Las razones están en la historia personal que romaneceada, no admite mácula; en la institucionalización de mentiras que han costado recursos públicos; en aquello que atañe al origen turbio de una fortuna y deja expuesta la construcción de mitos o heroísmos falsos, entre otras.

Más de una vez, por ejemplo, historiadores o periodistas han sido presionados para que no revelen el hallazgo de un expediente que da cuenta del lugar, supongamos, donde Benito Juárez vivió una temporada. La razón es que, en ese supuesto, puede haber una elite cultural que defiende la identificación falsa de un lugar diferente, porque por error o por haber logrado que el gobierno pagara la adquisición de una antigua casona, se vería en apuros.

imagesO bien, un caso de silencio: en octubre de 2016, el periodista Humberto Musacchio publicó su libro Historia crítica del periodismo mexicano (Colección Kiosko. 2016), un registro que tendría que incluirse en la currícula de licenciatura en esa disciplina donde suelen mantenerse algunos bodrios editados en los años setenta. El primer párrafo de ese libro destruye un mito que seguro resultó costoso: Musacchio encontró en archivos que el lugar donde estuvo la primera imprenta no es el inmueble de la calle de Moneda, que se ha ostentado como tal para mantener ahí un centro cultural y académico a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En otro momento, espero obtener autorización para contar la forma en que una familia censuró por la vía judicial una historia que tuvo lugar hace un siglo, documentada por un joven descendiente cuya curiosidad lo convirtió en el bisnieto incómodo.

Las historias familiares son así, especialmente con los clanes del poder que en México son tan proclives al estilo feudal de ser y relacionarse, cosa que incluye el romanceo de una alcurnia (en la biografía de su blog, por ejemplo, Carlos Hank Rhon, hijo del poderoso líder del grupo Atlacomulco, se presenta como un joven camionero, trabajador y visionario).

Luego, no es extraño que haya historias soterradas, a las que se les hace el vacío o pasan inadvertidas cuando en sus antecedentes existen acciones vergonzantes. Por ejemplo, que un hermano de Carlos Slim fuera agente de la temible Dirección Federal de Seguridad, como se acreditó en Slim, biografía política del mexicano más rico del mundo (Debate. 2015) de Diego Enrique Osorno, o bien, la relación que los Vázquez Raña han mantenido con las Fuerzas Armadas, con indicios claros de proveeduría de cartuchos o armas cuyos rastros documentales son limitados, como se documentó para Los amos de México (Planeta. 2007), en el texto sobre el clan, escrito por Marco Lara Klahr.

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No es fácil explicar la importancia de los archivos históricos a la población general, pero creo que estos casos sirven para observar los intereses que pueden verse trastocados por la disponibilidad de expedientes históricos. De ahí que la defensa de los archivos llega a convertirse en sí en historia de proporciones épicas: ahí está la maravillosa historia de la Cueva del Tabaco (cuando un puñado de campesinos salvó el Archivo Nacional, en la región lagunera, durante la República Itinerante) o más reciente, cuando hace un lustro Tom Reiss rescató el archivo de la familia Dumas y pudo escribir El conde negro, que le valió el Pulitzer 2013.

199456-1cf732188f8010209_pf-4767ogp100907-lecumberri3-a-c-702x468Ángeles Magdaleno, en su ensayo, tiene una clara posición respecto a los archivos y a lo que no puede pasar por alto el espíritu del legislador en la integración de la nueva ley. Se trata de una posición del presente sobre algo que se discutirá en un futuro, esperemos, cercano.

Pero el ensayo es más que eso, pues la autora no renuncia a su formación de historiadora, de manera tan afortunada que el ensayo es un recorrido sorprendente por la historia de la archivística, desde Mesopotamia, a la civilización helena; va de la estafa documental de Constantino, a la estafa de Rigoberta Menchú; de la destrucción de los archivos de Bagdad a la reserva impuesta al archivo de la DFS; de la Ley de Archivos francesa de 1794 a la mexicana de 2012.

Ángeles Magdaleno es una historiadora problemática, incómoda y, muchos dirán, conflictiva: ante sus hallazgos plagiados, ha dejado en ridículo, entre otros, a Sergio Aguayo; ante las historias que ha recuperado, las instituciones públicas y la mayoría de los medios, reaccionan con silencio; izquierdas y derechas hacen oídos sordos a su trabajo, pues no tiene reparo en evidenciar las atrocidades del Estado, del mismo modo que no lo tiene a la hora de desacralizar el halo de santidad que suele atribuírsele –cuando también incurrieron en atrocidades– a guerrilleros, luchadores sociales y víctimas del aparto represivo.

Su problema –como suele ser en México— es que somete a escrutinio las verdades históricas impuestas desde las elites. Luego, el ensayo en comento es apenas una parte de la auténtica guerra que viene librando casi solitaria desde hace años, contra la opacidad archivística.:.

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