Un recuento de la represión PRI-Ejército I

(Primera de tres partes)
NOTA: En el artículo del miércoles 6 de diciembre, se expuso que la Ley de Seguridad Interior es un viejo anhelo del PRI más duro. Esa afirmación se basa en el hecho de que el Ejército Mexicano ha sido un instrumento de control interno que jamás ha dado batalla contra enemigo externo y que eso tiene su fuente desde la etapa fundacional del PRI. En el libro, El regreso autoritario del PRI (Grijalbo. 2015), hay un capítulo sobre la regresión autoritaria que llegó hasta Ayotzinapa –más tarde se patentaría en Nochixtlán y otros muchos casos. A diferencia del libro, por economía de la exposición para esta entrada, se omitieron las fuentes y referencias que sustentan lo que a continuación se expone, fragmentado en tres partes para facilitar su lectura.

De El regreso autoritario del PRI. Inventario de una nación en crisis.

Capítulo 3. Genealogía de la represión.

Sombra de un pasado exterminacionista —como rito sacrificial—, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se fundó en 1929 sobre la muerte de alrededor de 250 000 personas durante la Guerra Cristera, la mayoría civiles no beligerantes; también en las eliminaciones internas de la Dinastía Sonorense, como “la masacre de generales” en Huitzilac el 3 de octubre de 1927 para truncar la postulación del general Francisco Roque Serrano a la Presidencia, en desafío a la reelección del general Álvaro Obregón. Un mes después otro aspirante presidencial, el general Arnulfo R. Gómez, fue fusilado por el general José Gonzalo Escobar.

Fue 1927 un año atroz. En el contexto de la Guerra Cristera, hombres y mujeres fueron asesinados por acción del Estado. En ese año fusilaron al cura Miguel Agustín Pro Juárez junto con su hermano, conmoviendo a un amplio sector del país. También fue el año de una dolorosa campaña contra los yaquis, a quienes el general Obregón se propuso arrebatarles tierras. Bombardeos y gases venenosos se dispersaron sobre esa nación indígena, valiente y batalladora.

El 1° de septiembre de 1927, Plutarco Elías Calles adelantó que ya llegaba la época de las instituciones y que no se mantendría como espectador; es decir, se planteaba ya el “Maximato” y la creación del PNR.

Sobre esos hechos poco se hablará en las décadas siguientes, y hasta los años setenta esas matanzas serán todavía de difícil abordaje. Hasta 1985, cuando Miguel de la Madrid declaró que los muertos ascendían a 250 000 cristeros, ningún presidente se había referido a la cristiada.

Conocido el periodo como el Maximato por concentrar un poder metaconstitucional en la figura del general Plutarco Elías Calles, Jefe Máximo de la Revolución; al concluir su mandato, el Comité Directivo del cual formaba parte nombró presidente a Emilio Portes Gil para cubrir el interinato del asesinado presidente electo Álvaro Obregón, ocurrido el 17 de julio de 1928, y del cual se acusó al muy católico José de León Toral. El ingenio popular respondería a la pregunta “¿Quién mató a Obregón?”, con su muy mexicano sentido del humor: “Calles-e la boca”.

Con el poder consolidado para Plutarco Elías Calles, el naciente PNR, con Portes Gil de títere-presidente, el brazo represor de los sonorenses, José Gonzalo Escobar se alzó y acusó a Calles del asesinato de Obregón. En 1924, Escobar había aplacado la rebelión delahuertista y encabezó la mencionada campaña represora contra Gómez. Su sublevación produjo cerca de 2000 muertes y él logró exiliarse.

En 1929 el PNR lanzó como primer candidato presidencial a Pascual Ortiz Rubio, hombre sin brillo, frente a la figura enorme y compleja de José Vasconcelos, que despertó amplias simpatías. Los vasconcelistas sufrieron acoso, hostigamiento en sus concentraciones, hubo atentados contra el intelectual candidato y disparos contra sus seguidores. Entre otros, destaca el asesinato del estudiante Germán del Campo.

El Maximato continuó su ruta, imponiendo más tarde a Abelardo L. Rodríguez, personaje asociado con la mafia italiana en Baja California, episodio en el que se ubica tal vez el primer antecedente claro de un presidente vinculado al crimen organizado internacional.

Los mandos asignados a la mencionada pesquisa contra Escobar fueron los generales Saturnino Cedillo, Juan Andrew Almazán y Lázaro Cárdenas. En 1934 Cárdenas llegó al poder. Logró consolidar al PNR, rebautizándolo como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y dándole el basamento de su estructura corporativa. Si bien, los méritos de Cárdenas son ampliamente difundidos, poco se habla de la represión contra Saturnino Cedillo, el viejo compañero de armas, brutal en la cristiada, represor eficiente. Fue en 1937 cuando Cedillo intentó sublevarse acusando a Cárdenas de traicionar la Revolución, por lo que fue perseguido. Débil y en el abandono, murió acribillado. Su cacicazgo en San Luis Potosí fue renovado en la figura de Gonzalo N. Santos.                                            Las operaciones contra el cedillismo tuvieron una importante participación del general Juan Andrew Almazán, un hombre que en ese entonces se convertía en figura emblemática de los negocios al amparo del poder y que para 1938 empezó a operar la construcción de su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 1940.Cárdenas, fenómeno carismático que asumiría cierto cariz luminoso en el apelativo Tata, creó el primer cuerpo más o menos articulado de espionaje político interno: la Oficina de Información Política.Anunciada en 1939 la candidatura del Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), el naciente PAN no postuló candidato y dio un apoyo de hecho al general Almazán. La campaña fue inquietante por los zafarranchos y el hostigamiento del gobierno a los almazanistas, hasta que el día de las elecciones la violencia se desbordó. Tan sólo en la Ciudad de México se estimaron 30 muertos y 158 heridos. La operación violenta fue encabezada por Gonzalo N. Santos, quien escribió en sus memorias: “Almazán era de ideas fascistas, un peligro para México…”

Si las mencionadas represiones tienen que ver principalmente con la pugnas de la clase política y militar revolucionarias, exceptuada la cristiada y la campaña contra el yaqui, la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia potenció la violencia contra la protesta civil.

Las huelgas proliferaron durante su gobierno, que sofocó por la negociación o las armas cualquier brote de inconformidad, sentando un precedente fatal para la clase obrera: en septiembre de 1941, los trabajadores de la Cooperativa Obrera de Vestuario y Equipo (COVE) —en realidad, fábrica estatal de uniformes militares— decidieron marchar a casa de Ávila Camacho para manifestar su inconformidad, al llegar a la colonia Del Valle la tropa abrió fuego y murieron nueve obreros, incluido el dirigente, además de decenas de heridos.

Ese año dio también un antecedente jurídico indispensable para las represiones futuras. En la paranoia por la injerencia extranjera en el contexto de polarización mundial de la Guerra, se promulgaron reformas al Código Penal para sancionar a quien alterara el orden interno o diera información a los gobiernos extranjeros, y se creó el delito de disolución social. Ávila Camacho suspendió garantías durante tres años de su mandato.

El 2 de enero de 1946, la policía y el Ejército dispararon contra un grupo de civiles en León, Guanajuato. Protestaban frente a la Presidencia Municipal. La Unión Cívica Leonesa (UCL) había convocado a un paro cívico contra el fraude electoral que denunciaban en esa ciudad y contra el mal gobierno. Notificaron al presidente Ávila Camacho suponiendo que intercedería para resolver el conflicto. Lo que obtuvieron fue un despliegue de la caballería, que con ballonetas y disparos masacró a 26 personas y dejó heridas gravemente a varias decenas. Desde entonces, la plaza principal de León es conocida como la Plaza de los Mártires.

En 1946, el PRM se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tuvo como primer candidato presidencial a Miguel Alemán Valdés. Si el periodo de Ávila Camacho quedó marcado por la desmesura de la clase política, el de Alemán fue inaudito. El enriquecimiento con negocios al amparo del poder fue desmedido, mien- tras los mecanismos de censura y represión avanzaban.

Cuando un gobierno es capaz de reprimir a un comediante, resulta notable su dimensión autoritaria. En el caso del alemanismo, eso le ocurrió a Jesús Martínez Palillo por hacer sátira política en sus presentaciones, en tanto el Teatro Lírico donde se presentaba fue clausurado. Un intelectual reputado como lo fue Miguel Palacios Macedo fue censurado y despedido de El Universal por mencionar dos casos de represión, que en nada puede compararse a la ejercida a través de los años contra José Revueltas, frecuente preso político.

Los mineros de Nueva Rosita habían denunciado las condiciones opresivas y reclamaban salarios dignos y otras prestaciones, y se fueron a huelga. El Ejército patrullaba las calles para amedrentarlos. Decidieron marchar a la Ciudad de México en una travesía épica que se conocería como “la Caravana del Hambre”. Las centrales obreras les negaron su apoyo, Miguel Alemán se negó a recibirlos y, finalmente, fueron concentrados por la policía en un parque público y regresados a Coahuila en jaulas para animales.

El antiobrerismo de Alemán fue notable. En 1948, Luis Gómez Z. y Valentín Campa iniciaron un movimiento en el sindicato ferrocarrillero, donde era dirigente Jesús Díaz de León, apodado el Charro, a quien se acusó de corrupción y fue depuesto. Más tarde el Ejército ocupó las oficinas sindicales: Gómez Z. fue encarcelado y el Charro reinstalado. Desde entonces, para referirse a un líder sindical corrupto y complaciente con el patrón o el gobierno, en México se usa la expresión “líder charro”.

El 1° de mayo de 1952 en el desfile del Día del Trabajo, diferentes sindicatos, militantes del Partido Comunista de México (PCM) y del Partido Obrero Campesino Mexicano (POCM) decidieron expresar su inconformidad sumándose al evento oficial que saludaría a Miguel Alemán. Se colocaron cerca del Palacio de Bellas Artes. Hasta ahí llegó un grupo de choque, unos agentes encubiertos iniciaron las agresiones: golpearon y dispararon sobre los manifestantes, murió Luis Morales, de 17 años, estudiante del IPN. Cuando llegó la policía detuvo a los manifestantes, no a sus agresores; trece de ellos fueron a prisión acusados de disolución social.

Fue Miguel Alemán el presidente que fundó la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la oscura policía política del país integrada principalmente por militares, entre cuyos mandos se generaron, desde entonces, las relaciones de la alta clase política, los cuerpos élite de seguridad y el narco. El creador de la DFS fue el coronel Carlos I Serrano, hombre cercano a Miguel Alemán, que durante su sexenio fue líder del Senado, pero fungía como jefe de hecho de la DFS, donde oficialmente despachaba como segundo de abordo, Juan Ramón Gurrola, cuyo sobrino, Francisco, agente de la DFS, fue detenido el 25 de junio de 1946, en la aduana de Laredo, Texas, por transportar droga. El vehículo era propiedad del senador Serrano, que solicitó a la embajada que se lo regresaran.

Los viejos revolucionarios empezaban a quedarse fuera del reparto del botín de Estado, de manera que se organizaron para apoyar la candidatura del general Miguel Henríquez Guzmán a través de la Federación de Partidos del Pueblo de México (FPPM). Un día después de los comicios, el 7 de julio de 1952, la Alameda de la Ciudad de México fue sede de un mitin de apoyo al candidato y de denuncia por el inminente fraude electoral. Fueron reprimidos y el saldo de muertos y heridos jamás se aclaró; unas 500 personas fueron encarceladas.

Así fue como en 1952 se impuso al presidente Adolfo Ruiz Cortines. Miguel Alemán terminaría convertido en un millonario hombre de negocios que, entre otras inversiones, destacaría por su participación accionaria en Telesistema Mexicano, el primer nombre de lo que después se conocería internacionalmente como Televisa.

Ruiz Cortines se encargó de disolver el movimiento henriquista y el FPPM fue proscrito, acusado de propiciar un levantamiento armado en Delicias, Chihuahua.

El reparto agrario había fracasado y el surgimiento de latifundios dio paso a inconformidades campesinas agudizadas por la devaluación de 1954. En el norte del país, los campesinos invadieron tierras y, aunque Ruiz Cortines ordenó una expropiación para reparto, el Ejército y los cuerpos policiacos se encargaron de reprimir, asesinar y encarcelar a líderes de campesinos invasores, como ocurrió al lagunero Todd.

En 1956 en el SNTE, el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) empezaba a tomar forma. Ese mismo año, estudiantes del IPN iniciaron un movimiento para plantear una ley orgánica, la inclusión de maestros y alumnos en el diseño de planes de estudio. En abril iniciaron una huelga y consiguieron que cerca de 150 escuelas del país se solidarizaran con el movimiento. Como era una escuela para pobres, el IPN tenía un internado en el Casco de Santo Tomás en el que incursionó la policía, dejando a decenas de estudiantes heridos. La operación represiva no inhibió el movimiento que se prolongó hasta el 23 de septiembre del mismo año, cuando el Ejército ocupó el internado donde detuvo a los dirigentes. El gobierno operó el debilitamiento de los grupos solidarios y, finalmente, tres batallones del Ejército, es decir, unos 1800 soldados, apoyados además por policías y cuerpo de granaderos, tomaron el internado el 23 de septiembre. El dirigente Nicandro Mendoza fue detenido el día 27 y Mariano Molina, dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) el 28 siguiente. Permanecieron presos varios años, mientras la FNET quedó a merced del gobierno que la convertiría en grupo de choque actuante en otros procesos estudiantiles. La estancia del Ejército en el IPN se prolongó hasta 1958.

El mencionado MRM apoyó a los estudiantes del IPN. Para 1958, el liderazgo de Othón Salazar era notable y sus mítines multitudinarios resultaban atacados con frecuencia. No se trataba sólo de las mejoras salariales, sino de un intento por erradicar el caciquismo ya configurado en el ámbito sindical que pronto se manifestaría también en el gremio de los telegrafistas, los ferrocarrileros y los petroleros. En septiembre de 1958 Salazar fue detenido junto a otros dirigentes. Lo mantuvieron incomunicado por varios días, sometido a tortura e interrogatorios en los que se le exigía que confesara financiamiento soviético. Acusado de disolución social fue a la cárcel.