Segunda de tres partes

NOTA: En el artículo del miércoles 6 de diciembre, se expuso que la Ley de Seguridad Interior es un viejo anhelo del PRI más duro. Esa afirmación se basa en el hecho de que el Ejército Mexicano ha sido un instrumento de control interno que jamás ha dado batalla contra enemigo externo y que eso tiene su fuente desde la etapa fundacional del PRI. En el libro, El regreso autoritario del PRI (Grijalbo. 2015), hay un capítulo sobre la regresión autoritaria que llegó hasta Ayotzinapa –más tarde se patentaría en Nochixtlán y otros muchos casos. A diferencia del libro, por economía de la exposición para esta entrada, se omitieron las fuentes y referencias que sustentan lo que a continuación se expone, fragmentado en tres partes para facilitar su lectura.

De El regreso autoritario del PRI. Inventario de una nación en crisis.

Capítulo 3. Genealogía de la represión.

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Demetrio Vallejo. Fotografía: Mediateca INAH

 

En 1958 año los ferrocarrileros, en su demanda de incrementos salariales, iniciaron paros el 26 de junio, y el 28 siguiente tuvieron una enorme concentración en la Ciudad de México, que fue reprimida con violencia por los cuerpos policiacos, mataron a dos trabajadores, uno de ellos ejecutado en el hospital. El 4 de agosto otra manifestación fue sometida, dejando cuatro muertos y numerosos heridos. Finalmente, a finales de agosto, Demetrio Vallejo asumió la dirigencia sindical.

En ese contexto llegó la elección presidencial. Ruiz Cortines designó candidato a Adolfo López Mateos por el PRI, mientras que el PAN postuló a Luis H. Álvarez. Aunque la presencia de éste era escasa, el régimen hostigó su campaña e incluso fue detenido y encarcelado por unas horas en Jalpa, Zacatecas.

Al haber heredado el conflicto ferrocarrilero, ya presidente, López Mateos decidió terminarlo por la vía ya conocida: asesinatos, encarcelamientos, golpizas e infiltración y fomento del esquirolaje. Entre febrero y marzo de 1959 iniciaron las huelgas y un mes después, los despidos de miles de trabajadores. En abril una manifestación fue reprimida y llevaron a 300 ferrocarrileros a prisión. A Román Guerra, dirigente comunista de Monterrey, lo asesinaron. Los dirigentes Valentín Campa y Demetrio Vallejo fueron encarcelados en 1960 y permanecieron presos hasta 1969. Se estima que encarcelaron a unos 800 ferrocarrileros.

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Del libro Vida y obra de Rubén Jaramillo, de Guillermo López Limón

Entre los episodios de mayor crueldad perpetrados por el gobierno de López Mateos, sin lugar a dudas destaca el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo y el de su familia, ocurridos en 1962. Jaramillo era un hombre espiritual, cristiano protestante, que había participado en el zapatismo revolucionario y que, una y otra vez, procuró hacer cumplir el reclamo de tierra y libertad.

En su última campaña subversiva, Rubén Jaramillo fue amnistiado por López Mateos en 1959. Un engaño. El 23 de mayo de 1962 lo detuvieron junto con su esposa embarazada y tres hijos. Los llevaron a Xochicalco, donde el Ejército y la policía los asesinó. Sus verdugos, el jefe de policía Heriberto Espinosa y el oficial militar José Martínez, aparecieron muertos días después.

Por esos años, en el estado de Guerrero surgió la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), que pronto encontró respaldo popular entre obreros, campesinos y estudiantes; con demandas específicas y también inconformes con el gobierno estatal. El 30 de diciembre de 1960, un mitin en Chilpancingo fue reprimido con saldo de 13 muertos y decenas de heridos. La ACG continuó pese a la violencia de Estado y, en 1962, una asamblea en Iguala fue igualmente dominada, dejando 39 muertos, cientos de heridos y 1 000 detenidos. La elección federal de 1964 fue de trámite. Sólo el pan registró como candidato a José González Torres, a quien apenas se le reconoció 10% de los votos. Inició el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

El estado de Guerrero siguió padeciendo la violencia y la represión con Díaz Ordaz. El gobierno aplastó un movimiento estudiantil en 1965: dos jóvenes, hijos de dirigentes de la ACG, fueron asesinados en 1965 y en 1966 detuvieron al dirigente Genaro Vázquez, un profesor egresado de la normal de Ayotzinapa. Si de origen la ACG no planteaba una subversión, el mecanismo represor gubernamental terminó orillándolo a la vía armada. Luego de fugarse de la cárcel en 1968, Genaro Vázquez llamó a las armas.

view-1La Ciudad de México registró mientras tanto otro proceso represivo. Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reclamaron que no les pagaban el aguinaldo y despidieron a más de 200 de ellos. Con esa acción inició un movimiento de trabajadores de la salud. Recién entrado en funciones, Díaz Ordaz ofrecía diálogo y estudiar sus demandas, pero la prensa oficialista desprestigiaba al movimiento que, pese a todo, seguía en pie, exigiendo mejoras salariales; hasta que fueron reprimidos por grupos de choque y la policía ocupó los principales hospitales de la Ciudad de México en agosto de 1965, relevando a los médicos paristas con médicos militares. Los dirigentes del movimiento fueron encarcelados y muchos trabajadores de la salud despedidos.

El antecedente de la represión estudiantil en Guerrero fue el comienzo de un periodo de horror para los jóvenes mexicanos. En 1966, estudiantes de la Universidad San Nicolás de Hidalgo, de Morelia, Michoacán, participaron en una marcha contra las tarifas del transporte público. La manifestación fue objeto de un ataque de grupos de choque del PRI, por lo que decidieron dirigirse a las instalaciones de ese partido y fueron recibidos a tiros. Mataron a un estudiante. Los universitarios decidieron irse a la huelga y en respuesta, el congreso local pidió el apoyo de tropas, de manera que el Ejército patrulló las calles de Morelia y, finalmente, ocupó las instalaciones de la Universidad. Encarcelaron a los dirigentes estudiantiles, entre ellos el futuro líder de izquierda oficialista, Rafael Aguilar Talamantes.

A diferencia de Guerrero y Michoacán, en Sonora, los estudiantes eran priístas y en 1967 se inconformaron con la imposición de un candidato al gobierno del Estado, así que iniciaron movilizaciones y disturbios. La policía atacó las escuelas, pero no logró frenar el reclutamiento, por lo que se pidió intervención militar que ocupó las escuelas y facilitó el encarcelamiento de estudiantes. En las intervenciones militares en conflictos estudiantiles un nombre figuraba por ser el instrumento de la represión: el general José Hernández Toledo.

En Guerrero, la violencia de Estado aumentó. Un grupo de campesinos copreros (de la médula del coco) quiso resolver sus demandas por la vía oficial. Se reunieron en un local de la CNC para discutir asuntos de cuotas y política interna de su asociación, con la presencia de un diputado priísta. El líder de la organización llegó al recinto donde se ventilaba su corrupción acompañado de sus pistoleros y mataron a 80 campesinos.

Para entonces, la escuela normal de Ayotzinapa reivindicaba ya su vocación social y había tenido como dirigente estudiantil a Lucio Cabañas Barrientos, un joven brillante, disciplinado y carismático que había presidido la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECS), se había involucrado en los movimientos de la ACG en los tempranos sesenta y que en 1967 era maestro de escuela en Atoyac de Álvarez. Maestros y padres de familia estaban inconformes con la directora del plantel, así que Lucio organizó un mitin pidiendo su destitución, que fue disuelto a tiros con saldo de cinco muertos y decenas de heridos. Así, la represión a un conflicto de escuela de pueblo daría origen a la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que luego se convertiría en el Partido de los Pobres.

Tiempos de transformación, de reclamos de libertad y de una rebeldía ante lo indeseable que se operaba en toda una generación y que, sin embargo, encontró su cauce natural en un acto absurdo: el 22 de julio de 1968 un partido de futbol americano entre preparatorianos resulta en pleito con una torpe intervención policiaca. A partir de esa fecha, las movilizaciones que acusaban la intromisión enfrentaron una escalada represiva.

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Archivo Proceso Foto

En los días que siguieron, varias escuelas hicieron paros, mientras policías y soldados entraron a los planteles. El día 26, dos marchas terminaron en una redada desproporcionada, con saldo de incontables heridos, la toma policiaco-militar de las instalaciones del PCM. La escalada represiva continuó en los días siguientes y para el 30 de julio, en un intento por ingresar a la Preparatoria 1, los militares se abrieron paso con un bazukazo y detuvieron a más estudiantes. Durante agosto se formó el Comité Nacional de Huelga (CNH). Los huelguistas instalaron un campamento en el Zócalo, que fue desalojado el 26 de agosto con una operación militar que incluyó tanques de guerra, vehículos blindados, dos batallones del Ejército, cuatro batallones de policía, tres de tránsito, así como numerosos agentes de Guardias Presidenciales y de la DFS. En las horas siguientes trataron de protegerse de los disparos que gatilleros anónimos hicieron desde lo alto de edificios céntricos.

Las marchas continuaron en las semanas siguientes, hasta que el 18 de septiembre, Ciudad Universitaria fue intervenida por el Ejército. La Vocacional 5, donde todo había iniciado, fue ametrallada por agentes vestidos de civil. En el Casco de Santo Tomás, los granaderos encontraron resistencia, pero lograron abrirse paso a tiros y detuvieron a unos 350 jóvenes. Algo parecido ocurría en la zona de Tlatelolco, donde el ingreso a la Vocacional 7 también encontró resistencia pero los disparos de los granaderos lograron ocupar el plantel y detuvieron a más jóvenes. Para entonces se empezaba a hablar de un “Batallón Olimpia”.

El 1° de octubre, el Ejército y las policías desalojaron las instalaciones. Al día siguiente, 2 de octubre, un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco terminó en una masacre, cuyo saldo varía en diferentes investigaciones. Para ello, la concentración fue infiltrada y unos soldados dispararon dando inicio a la matanza. La cifra oficial fue de 20 muertos, las estimaciones de diferentes investigaciones varían entre los 65 hasta los 1500. Los testimonios indican que un operativo de grúas y camiones de basura recogieron los cuerpos para luego enterrarlos, inclusive, incinerarlos.

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Archivo Proceso Foto

Fueron miles los detenidos durante el movimiento (la cifra oficial fue de 5 000), en tanto, las ejecuciones extrajudiciales de estudiantes en los meses siguientes continuaron cuando éstos realizaban pintas o sucumbían a las organizaciones de porros armados, auspiciados por el gobierno.

De ese movimiento surgieron numerosas organizaciones en diferentes estados de la República que, con variadas inconformidades, serían reprimidos una y otra vez en los años siguientes; entre otros, aquellos que pugnaban por la autonomía universitaria, los que se planteaban expandir sus ideas a la organización de obreros y campesinos o los que creyeron que el cambio sólo era posible en la vía armada. Nuevo León, por ejemplo, se convirtió en punto de convergencia de distintas corrientes. Ni las instituciones de carácter privado escaparon a la ola de rebeldía. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), creado años atrás por el empresariado neolonés inspirado en el modelo del Massachusetts Institute of Technology (mit), registró en 1969 un festival artístico para romper con el conservadurismo. Música rock, la exhibición de una revista Playboy con una imagen de la Virgen de Guadalupe y otras expresiones culturales motivaron la expulsión de los estudiantes, provocando una huelga de hambre en reclamo. El ITESM tenía una importante presencia de jesuitas que serían expulsados, a pesar de ello su influencia se extendió a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde pronto surgiría otro movimiento contra el gobierno estatal que, entre otras cosas, planteaba un esquema de cuotas que los estudiantes consideraban privatizador de la educación pública. Los universitarios levantaron una huelga. El 10 de junio de 1971 el apoyo al movimiento de la UANL se expresó mediante una marcha en la Ciudad de México. Los cuerpos de seguridad del Estado emboscaron a los manifestantes, bloqueando vialidades a fin de conducirlos a donde se ubicaba un grupo de choque creado para la represión denominado Los Halcones. A palos y tiros la manifestación fue reprimida. El número de muertos y heridos nunca quedó claro, pero se ha llegado a estimar entre 22 y 120 muertos.

En Guerrero, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo y el Partido de los Pobres (PROCUP-PLDP), fue objeto de una persecución incansable que devino en la muerte de los profesores-comandantes Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. El primero murió luego de un accidente automovilístico sobre el que pesa la sospecha de ejecución extrajudicial; el segundo, casi tres años después, durante un enfrentamiento con el Ejército.

Eran los tiempos de los cuerpos élite que se integraron para reprimir, fuera de los mecanismos legales, a los opositores. Con el tiempo se hablará del Grupo Sangre, cuerpo militar que ejecutará a sus víctimas con procedimientos horrendos, como hacerlos ingerir gasolina e incendiarlos después. O de la Brigada Blanca, que se desplegará por todo el país en pesquisas brutales.

En Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, la vía armada empezó a tomar forma en diferentes movimientos. Si las guerrillas habían sido frecuentes en zonas campesinas e indígenas, poco a poco, éstas se iban ampliando a las grandes ciudades. Aunque su poder de fuego era limitado y el número de combatientes desproporcionadamente inferior al de los cuerpos militares y policiacos del Estado, fueron combatidos con una violencia que nada tenía que ver con las concepciones de justicia ni los mecanismos constitucionales que autorizaban al gobierno para el empleo de la violencia.

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Archivo Proceso Foto

Se hablaba de 29 grupos subversivos, pero la Liga Comunista 23 de Septiembre era el objetivo central por su presencia en los grandes centros urbanos. Poco a poco, infiltrándolos o consiguiendo información a base de tortura a militantes y bases de apoyo, los guerrilleros fueron detenidos, algunos pasaron largo tiempo en prisión, otros fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos, unos más lograron exiliarse. El Comité Eureka, formado por Rosario Ibarra de Piedra, madre del joven desaparecido Jesús Piedra Ibarra, acumuló 557 expedientes de familias de desaparecidos por razones políticas en los años de la “guerra sucia”.

No todos los movimientos sociales asumieron la vía armada, pero aun con la vía política en numerosas regiones del país fueron reprimidos. Imposible la relatoría completa de los hechos. En Yucatán, un universitario y asesor sindical, Efraín Calderón Lara, Charras, fue torturado y asesinado. En Sonora, un movimiento campesino decidió invadir tierras de ricos terratenientes y el 28 de octubre de 1975 en San Ignacio Río Muerto, Sonora, una de esas invasiones fue desalojada, acribillaron a siete campesinos y hubo decenas de heridos. Si bien los hechos motivaron la renuncia del gobernador, el nombre del general Francisco Arellano Noblecía comenzaría a escucharse desde entonces en diferentes acciones represivas. Por todo el país, las situaciones y conclusiones se repetían.

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Nazar Haro. Proceso Foto

Los nombres de los operadores de la “guerra sucia” se seguirían escuchando a través de los años, vinculados al narcotráfico, otros procesos represivos y la “guerra” de Felipe Calderón: además de Arellano Noblecía, Mario Arturo Acosta Chaparro, José Domingo Ramírez Garrido Abreu, Francisco Quirós Hermosillo y policías como Miguel Nazar Haro.

Con grupos de choque, fomento del esquirolaje e intervenciones militares, numerosas huelgas fueron disueltas. Los muertos por reclamar mejoras salariales o democracia sindical fueron más o menos frecuentes durante miles de huelgas que se registraron durante los años setenta y ochenta. Un caso destacado es el del profesor mexiquense Misael Núñez Acosta, integrante de la CNTE que, como ocurre en numerosos ejemplos de maestros, se caracterizó no sólo por encabezar demandas laborales, sino también por ejercer un liderazgo social importante. El 30 de enero de 1981 fue asesinado y desde entonces se acusó de autora intelectual a Elba Esther Gordillo.

En cualquier caso, el derecho de huelga era proscrito y las cúpulas empresariales —como hacían desde los años veinte— insistían en una reforma laboral y con mano dura contra los movimientos “rojillos”.

Siempre hubo espacio para las pugnas internas del régimen. El 10 de enero de 1989, Joaquín Hernández Galicia, dirigente petrolero, fue detenido junto con otros miembros de su comité. Iniciaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a quien el dirigente, apodado la Quina, había negado su apoyo pronunciándose por Cuauhtémoc Cárdenas, el renegado priísta que coaligó viejas oposiciones en 1988.

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Manuel Buendía. Proceso Foto

Por el poder que ejercía y la forma en que se le redujo a prisión, el caso de la Quina fue emblemático para la fractura del régimen hegemónico de 1987-88. Sin embargo, la lista de asesinatos y sospechosas muertes es enorme no sólo en relación al cisma del PRI. En 1986, murió Rafael Loret de Mola junto con una reportera del periódico El Norte. Entre la actividad periodística de la reportera y las posturas críticas de Loret —de la vieja escuela político-articulista— las pesquisas contra los periodistas fueron letales. En el periodo de Miguel de la Madrid unos 30 periodistas murieron, en especial cuando resultaban incómodos para algún grupo de poder y, entre esos casos, destacó el de Manuel Buendía, quien precisamente había denunciado las prácticas de las policías políticas y el aparato represor.

Otro caso muy sonado fue el de Héctor Félix Miranda, del semanario Zeta, de Tijuana, asesinado en 1988. Jesús Blancornelas siempre responsabilizó de su muerte a Jorge Hank Rhon, hijo del líder del llamado Grupo Atlacomulco, Carlos Hank González.

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Proceso Foto

En cuanto a la clase política de oposición al PRI y aun desaparecida la DFS, el exterminio de opositores continuó pues no sólo se trataba de golpizas, hostigamientos y cárcel; había legendarias consecuencias a quienes pretendían construir la democracia desde la oposición panista o las izquierdas con aspiración de partidos masivos. En 1988, días antes de las elecciones, dos colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas fueron asesinados. Entre 1987, cuando surgió el frente de apoyo a Cárdenas, hasta 2007, el PRD contabilizaba a 697 militantes asesinados, y al menos 900 personas en alguna categoría de perseguido político en México: presos, desaparecidos o exiliados.

Vendría también la muerte de Manuel Clouthier del Rincón, quien fue postulado por el PAN en los comicios de 1988. Un año después —como suele ocurrirle a los hombres que se oponen al régimen— el apodado Maquío murió en un accidente automovilístico.:.

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