Arturo Rodríguez García

Nadie podrá negar que el período de gobierno de Enrique Peña Nieto es prolongación y acumulación de la violencia, inseguridad e injusticia que el pasado lunes cumplió 11 años desde la declaratoria de “guerra” al narco, que quiso Felipe Calderón –tan necesitado entonces de autoafirmarse– decretar como primer manotazo autoritario, y que hoy tiende a profundizarse, si como se espera, en el Senado aprueben en estos días la Ley de Seguridad Interior.

El otro rasgo sexenal es la corrupción –así, de manera genérica porque todo lo abarca– y que por momentos parece enviar a segundo plano los casos de escándalo de Peña Nieto y su entorno, al descargar embestidas contra gobernadores –y motivos han dado para eso— que, en los hechos, resultarán previsiblemente más mediáticas y coyunturales que efectivos actos de justicia.

El binomio cuadrado, corrupción e impunidad, ha encontrado en estos años las coartadas perfectas en el faccioso y acomodaticio Congreso de la Unión, devenido a vil oficialía de partes del Poder Ejecutivo, pletórica de mercaderes de la representación del pueblo.

A Peña Nieto el Congreso le aprobó todo de manera sumisa, complaciente, efectiva. Fue por eso que llegamos al momento de legalizar la militarización del país contra toda lógica garantista, evadiendo la responsabilidades de procurar justicia que, como han documentado los estudiosos y recomiendan los organismos internacionales, es fundamental para disminuir la incidencia delictiva, como lo es la materia penal y administrativa. Es decir, sancionar delitos, incluidos los de corrupción, es más efectivo que tener a las tropas disparando.

En mayo se cumplirán seis años desde que Peña Nieto, perturbado por el surgimiento del Movimiento #yosoy132, ofreció aquel Manifiesto por una Presidencia Democrática, cuyos puntos vitales fueron retomados en el período transicional consciente, como estaban él y su camarilla, de que la transparencia y rendición de cuentas, eran prioridad.

En el Pacto por México lo refrendó y, al menos el apartado de justicia fue retomado ofreciendo algunas concesiones en la Reforma Política, tales como la aprobación de autonomía a la Fiscalía General y la consolidación de la de Delitos Electorales, cuyas letras chiquitas servirían luego para que hiciera crisis la transformación que nos mantiene desde hace dos meses sin procurador y sin fiscal electoral.

Una vez conseguidas las reformas de naturaleza económica que ansiaba, en agosto de 2014, Peña Nieto cerró lo que dio en llamar “el período reformador”, no sin timorata propuesta del entonces dirigente del PAN, Gustavo Madero, que pedía discutir una Ley Anticorrupción. El planteamiento, contenido de origen en el Pacto, no sería discutido hasta que, enlodado el presidente y sus cercanos, aceptó una reforma que empresas, sociedad civil, académicos y partidos festinaron a mediados de 2016.

Esa celebración anticipada fue vergonzosa porque evidenció cuando menos ingenuidad. Facilongas, las elites académicas, empresariales y las que se arrogan la representación de la sociedad civil (todas siempre las mismas), son también responsables de los “tortuguismos” legislativos y los previsibles “albazos”.

Claro es que las elites siempre supieron la emergencia y siempre, por natural conveniencia, la aplazaron. Así, este país llega a la sucesión presidencial sin los fiscales general, electoral y anticorrupción y sin titular de la Auditoría Superior de la Federación. Y también llega, presto a legalizar la militarización –viejo, ilegal e impune aparato especializado en la represión política– como única salida al período cruento, renunciando a la institucionalidad civil que corresponde a un estado de derecho. Perverso, el binomio corrupción-impunidad, es cada vez más perfecto.

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