Arturo RodrĆguez GarcĆa
Pocas conductas pueden ser mĆ”s bajas que lucrar con un desastre natural, sea obteniendo un beneficio económico indebido o sometiendo a las vĆctimas a manipulaciones polĆticas con fines electorales. Es una bajeza, caracterĆstica de la degradación persistente en cierto sector de la clase polĆtica mexicana que ha quedado evidenciada con los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.
Esa degradación tiene sus fuentes en las prĆ”cticas clientelares que pervierten la aspiración democrĆ”tica mediante la compra del voto y el condicionamiento de programas sociales, obras pĆŗblicas y beneficios de distinta Ćndole. Y, sin embargo, es en la Ciudad de MĆ©xico y el Estado de MĆ©xico, donde el PRI y el PRD, han llevado esas prĆ”cticas –moralmente inaceptables legalmente ilĆcitas– a niveles extraordinarios.
A lo largo de dos dĆ©cadas he atestiguado numerosos procesos electorales en los que, originalmente, el PRI solĆa activar una maquinaria de movilización de electores. Carretadas de dinero se repartĆan y resultaban imposibles de rastrear. Luego, siguieron los partidos de oposición al PRI que āen la mayorĆa de los casosā llegaban al poder por transferencia clientelar desde dentro del PRI, con ejemplos muy documentados como las elecciones del 2006, o como en numerosos casos locales donde, por resistencia al centralismo o trastocamiento de intereses locales, los grupos de poder contribuĆan a triunfos de sus misma alineación pero por otro partido.
Sin embargo, nunca como hasta 2015, supe de casos en que los servicios bĆ”sicos se condicionaran conforme a resultados electorales. Las denuncias fueron abundantes, por ejemplo, por suspensión de abasto de agua, principalmente en la delegación Iztapalapa. El perpetrador era un furibundo PRD que veĆa caer sus antiguos bastiones. Lo que yo sabĆa o documentĆ© en otras entidades, era un ejercicio efectivamente corrupto, perverso e insano, pero mĆ”s amable, que implicaba dinero o satisfactores pero tambiĆ©n trabajo de persuasión.
Hace poco, por el libro Obra Negra, de Emiliano Ruiz Parra, comprendà que esas fórmulas criminales de articular estructuras electorales, tienen un largo registro en el Estado de México, donde los populosos barrios de la conurbación oriente de la Ciudad de México, viven bajo un chantaje permanente por la irregularidad de sus viviendas, la consecuente irregularidad de los servicios bÔsicos y su entrega a cuentagotas, junto con otros paliativos a la pobreza, a cambio de acudir a mitines, aplaudir a candidatos, alcaldes, gobernadores y presidentes, pero sobretodo, por votar.
Desde los primeros anuncios para la atención de los sismos del 7 y 19 de septiembre, los visos de esa corrupción y esos chantajes con fines polĆtico-electorales fueron evidente. Primero, con el anuncio de Enrique PeƱa Nieto, sobre el reparto de ayudas en monederos para la reconstrucción, de previsible el resultado: para diciembre se revelaba que Bansefi emitió numerosas tarjetas con el nombre de un mismo beneficiario que, si acaso, recibió una. El destino de los recursos depositados sigue incierto.
En estos dĆas, la capitalina Comisión del 19-S colapsó. Ricardo Becerra, Mauricio Merino y Katia DĀ“Artigues, renunciaron en un acto de congruencia. El intento de generar un proceso ciudadano de alto perfil tĆ©cnico, transparente y eficaz, terminó convertido en un botĆn para los polĆticos perredistas Mauricio Toledo, y Leonel Luna, asĆ como del panista Jorge Romero.
Es cierto que ninguna fórmula de corrupción es admisible, pero sostengo que hay agravantes cuando se trata del hambre, la subsistencia y el patrimonio de los pobres. Esa bajeza, degradación y perversión polĆtica no tiene disculpa.
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