Arturo Rodríguez García
Entre las muchas expresiones formulares, frases hecha del discurso gubernamental, suele repetirse que hay, que se trabaja o que existe suficiente fortaleza institucional. En los hechos, es una mentira o cuando mucho una aspiración, inclusive en su dimensión electoral.
Aunque el debilitamiento institucional se padece a diario, pocas veces como en un proceso electoral puede observarse el grado de deterioro y, particularmente, en el desarrollo de esta sucesión presidencial, junto con los 3 mil 405 cargos que se elegirán este año, hay condiciones alarmantes.
El aspecto más crítico es –ni duda cabe– la violencia. Ya el 3 de enero anticipamos en este espacio que la violencia impactaría las elecciones. Un recuento realizado en la agencia Apro nos aproximaba entonces a una estadística que rondaba los 30 asesinatos de actores políticos, muchos de ellos aspirantes a algún cargo de elección popular por los distintos partidos. Violencia e impunidad, agravados por su dimensión política.
Las cifras de la secretaría de Gobernación, establecen esa cifra a la que llegábamos en enero de 30 asesinatos, entre el 8 de septiembre, fecha de inicio del proceso electoral federal, y el 12 de marzo, cuando el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida, llamó a los partidos a regresar a una mesa de seguridad.
La cifra que ha dado a conocer la consultora en análisis riesgo, Etelleckt, publicada por diario El Economista el 13 de marzo, arroja un saldo aun más crítico y creíble: 68 asesinatos de actores políticos entre el arranque del proceso y el 8 de marzo.
Dicha consultora registró también que en el período han ocurrido 117 agresiones, además de 24 agresiones contra familiares de políticos que han cobrado 28 víctimas. La cifra creció en cinco días y su dimensión hace lucir la supuesta agresión a Ricardo Anaya, como denuncia frívola.
Aunque faltan 108 días para la elección, la conclusión ya es una: nuestra democracia electoral es una carnicería y las consecuencias una incógnita, pues los niveles de impunidad son tan altos que nada garantiza que se pueda frustrar el objetivo de los perpetradores que, en general, se mantienen anónimos.
La lógica criminalizante, muy característica de la no democracia, suele inferir –como ocurre también con los ciudadanos comunes, que ahí está el reciente caso Veracruz– que en los crímenes políticos puede haber implicación de la víctima con la delincuencia. De resultados, nada.
Ayer se difundió un indicador. El Índice Global de Impunidad México 2018 estableció que el 99.3% de los delitos generales en México quedan impunes. A la inversa, sólo el .7% de los delitos llega a sentencia que no necesariamente será condenatoria. Esa estadística es similar a la que había en 2007 (de 99.4%), el año en que se disparó la violencia, de manera que llevamos más de una década en las mismas. El índice incluye necesariamente los asesinatos de políticos.
Estamos a 15 días de que inicien las campañas presidenciales y con ello, los tres meses más álgidos. La condición indeseable es, desafortunadamente, irremediable por elemental ecuación: no puede haber democracia si los candidatos son asesinados impunemente.
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