Arturo Rodríguez García

En Tizapán, un callejón que hace esquina con el Eje Central, en el centro de la Ciudad de México, una barda luce grafiteada. Son trazos infantiles, de una mole enorme, sobre la que escriben: tenemos miedo. En ese enclave de barrio que aun no sucumbe a la gentrificación, hay temor porque el edificio que albergó al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, ubicado en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, caiga.

DKb1fdAV4AAo7EjEl inmueble está clausurado desde hace seis meses, por los daños del sismo del 19 de septiembre, y nadie le ha explicado a los vecinos la magnitud. No entienden por qué no fue demolido como la mayoría de las construcciones afectadas, cuando además, estaba afectado desde 1985.

Para nadie es un secreto que la gentrificación favorece a una misma elite inmobiliaria muy próxima a los últimos tres gobiernos, pero como nunca al de Miguel Ángel Mancera, en el que han tenido las condiciones para su enriquecimiento descomunal. En apenas seis años, por toda la ciudad, la vivienda se encareció hasta en un 300% y más.

Como si el mercado fuera una fuerza natural, el presidente Enrique Peña Nieto excluyó a la Ciudad de México de las bolsas de reconstrucción y sólo ofreció paquetes de crédito debido, dijo, “a las condiciones del mercado”. La ciudad impagable, tiene en la desgracia una mayor ganancia para constructores y bancos.

Me dijo una vecina del edificio de Tizapán: “es de un político, por eso no lo quieren tirar, para seguir pagando renta”.

No se equivocan. Se trata de un inmueble “inversión” del fondo de pensiones de los magistrados locales que lo renta –como otros inmuebles– al Tribunal. Negocio redondo, seguro dividendo, tan próximo al conflicto de intereses que ocurre cuando en el sector público se encuentra el negocio idóneo para asegurar el futuro de sus mandamases.

La opacidad y proteccionismo del gobierno de Mancera en ese caso, representan la protección cómplice de los intereses inmobiliarios que un poder y otro han garantizado a lo largo de la administración.

Desde el prinicipio los despliegues policiacos detenían selectivos, en operativos de inhibición de protestas y con pretexto cualquiera, a opositores a la voracidad inmobiliaria; los presentaban en medios como peligrosos anarquistas; los jueces y magistrados condenaban a prisión, a pesar de irregularidades y falta de pruebas como ocurrió, por ejemplo, el 10 de junio y el 2 de octubre de 2013.

27654884_2294350960590645_532018780948289782_nMientras, los espacios públicos se privatizaban: destierro a franeleros y arribo de personal privado con onerosas multas y arañas; centros nodales como Cuatro Caminos, convertidos en plazas comerciales de franquicias trasnacionales desalojaron al “informal” puestero; hasta debajo de los puentes aparecieron comercios de prosperidades dudosas.

Cedieron calles y cielos –como en Xola y Cuauhtémoc; autorizaron multifamiliares y edificaciones enormes en donde había casas; hubo ecocidios –como en Churubusco-Mixcoac— para aumentar plusvalías… en tanto, las viejas barriadas vieron perturbada su normalidad insegura de todos los tiempos, por el fenómeno “narco”.

Mancera ya fue confirmado al Senado por lista, justo al cumplirse seis meses del sismo y con severas dudas sobre el uso del dinero para la reconstrucción. Se irá en unos días, dejando un terrible legado: una ciudad-negocio que no es para pobres y donde, como los niños de la calle Tizapán, se vive con miedo.

 

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