Arturo Rodríguez García

Con frecuencia, las condiciones penitenciarias sorprenden por la forma en que el Estado trata a quienes, por haber infringido la ley o estar en proceso para determinar si lo hizo, son sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes.

Esas condiciones se extienden en muchos sentidos a las familias de los internos que deben soportar vejaciones, intimidaciones, prepotencias y desprecios del personal carcelario, en la mayoría de los casos poco preparado para desempeñar el servicio público que se les encomienda… tanto, como para violentar derechos de niñas, niños y adolescentes.

La paranoia de la seguridad, ni duda cabe, persiste como en ninguna parte en el ámbito castrense, donde una nueva disposición militar, el Instructivo para el Control y la Seguridad de Prisiones Militares, incluyó desde hace dos semanas la revisión exhaustiva, desnudos, a niños que acuden a la visita familiar.

Aun peor. Para poder hacerlo, se obligó a los militares presos que enfrentan procesos penales militares o cumplen sentencia, a firmar una autorización, que provoca la indignación de los internos, sus familias y debería indignar a la sociedad.

Con el nombre de “Consentimiento válidamente informado de revisión”, el documento cita un procedimiento en cuyo presunto articulado se establece que toda persona que desee entrar a una prisión militar deberá someterse a una revisión corporal y de sus prendas. Luego continúa:

“Otorgo mi consentimiento para la realización de los procedimientos de revisión (…) y en caso de que pretendan ingresar menores de edad, se me ha hecho del conocimiento que el menor o la menor serán revisados en su persona y prendas”.

En las líneas siguientes, especifica que la revisión se realizará al entrar y salir de las instalaciones.

El documento que obligaron a firmar a los internos es para que den su consentimiento a la política de revisión cada vez más exhaustiva y que ahora incluye a los menores. No tiene numeración ni sellos institucionales, pero lleva además de la firma del interno, la de otros dos internos que rubrican como “testigos” de que aquel dio su autorización de manera informada.

Enclavada en el Campo Militar Número Uno, la prisión militar es invulnerable, cuenta con numerosos policías militares en vigilancia continua y, hasta mediados de marzo, las familias entraban sometiéndose a una revisión sencilla que de repente cambió: ahora, las mujeres también son obligadas a desnudarse y hacer sentadillas.

La prisión es dirigida por el general José de Jesús Díaz Núñez, quien de acuerdo a militares consultados, mercantiliza su desempeño al frente de la prisión, particularmente, por la prohibición a familiares de internos para que lleven alimentos, pero que “el casino”, o sea, la cafetería-súper del lugar, suministra a costos estratosféricos sin rastro documental. Así son, los viejos negocios militares en absoluta opacidad.

Ajenos a controles, sabedores de la impunidad que la cúpula militar garantiza, los mandos en las Fuerzas Armadas ni a los suyos respeta. Pero son intocables. Nadie se atreve a tocar lo anómalo, injusto y expoliador del sistema de justicia militar.

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