Arturo Rodríguez García

Desde hace 12 años, familiares de los 65 trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos, recorrieron todas las instancias mexicanas en busca de justicia. Toparon con la pared enorme de los grandes intereses económicos que Grupo México y su propietario, Germán Larrea, representan; con el sindicalismo ramplón de todos los tiempos ahora acogido por Morena, en la figura de Napoleón Gómez Urrutia; con la negligencia y la complicidad por acción, omisión y aquiescencia, de los gobiernos del PAN y del PRI, encabezados por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; con medios al servicio de los anteriores.

Unknown-1Los esfuerzos de todas esas familias –en general pobres,  y sin experiencia en la truculencia política–, fueron infructuosos.

Sencillamente, la justicia mexicana encontró un argumento infalible ideada por los sabios jurisconsultos juzgadores: los deudos y familiares “carecían de interés jurídico”.

El maniobrerismo político se materializó. A través de prácticas clientelares, filtraciones y golpeteo mediático a viudas que resultaban incómodas, exhibiendo en medios que se prestaron a eso, sus vidas personales, perturbando la intimidad de gente humilde sin el cinismo ni resistencia al agravio; hubo represión laboral para quienes los apoyaron y les hicieron el vacío a las denuncias… poco a poco, el caso se fue olvidando.

Pero el pasado 26 de marzo, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, el Equipo Nacional de Pastoral Laboral y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, así como 48 deudos de los mineros fallecidos, convocados por la Familia de Pasta de Conchos que desde 2006 los acompaña, recibieron una noticia:

Unknown-1La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos y cabeza del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, les informó que sus reclamos habían sido admitidos a trámite. La instancia, determinará, si subsisten las violaciones a derechos humanos que se reclaman. Naturalmente, aquello de justicia pronta y expedita, no ocurre ni ahí. Han pasado 12 años y ocho desde que se interpuso la queja.

Aun así, no es poca cosa. Especialmente porque los alegatos del Estado Mexicano para evitar el procedimiento internacional fueron los mismos que se usaron contra los deudos en el sistema judicial mexicano y la CIDH los desechó. Destacadamente, la CIDH desechó el alegato que pretendía seguir negando la calidad de víctimas de los deudos, con aquello de que carecían de “interés jurídico”. Es decir, el organismo internacional reconoció los derechos de las víctimas que en México se les negó.

Son doce años, y en ese tiempo se han sucedido muchas injusticias en uno de los casos más graves de corrupción e impunidad en México y en Coahuila, que implicó la muerte de 65 personas y graves daños a la salud de ocho más, en el que sólo hubo sanciones menores para funcionarios y directivos menores, pensiones bajísimas que tienen a las familias en la miseria y sin saber qué fue, cómo fue lo que les transformó la vida. O sea, sin verdad ni justicia.

Otro argumento del gobierno mexicano en su intento por evitar el caso, fue ofrecer como prueba que el asunto se desahoga aun en un expediente de la Organización Internacional del Trabajo, aquel que Javier Lozano Alarcón, el secretario del Trabajo calderonista hoy vocero del candidato José Antonio Meade, aseguró una y otra vez que era un caso cerrado y que quienes decían lo contrario querían lucrar con la muerte de los trabajadores. Mentía descaradamente, orquestando desde la cúpula gubernamental el linchamiento a las víctimas.

imagesLa visibilidad es necesaria hasta por condiciones de seguridad. Son 48 familias representadas en el caso que ha tenido como impulsora tenaz a la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach Benavides, acosada por los amos impunes del carbón de la zona debido a su acompañamiento a las familias del carbón y por revelar las condiciones indeseables de una actividad que genera riqueza para unos cuantos políticos y empresarios y mata a cientos de personas en los socavones letales.

Ahora ante la CIDH, donde no tiene influencia, esa clase política y empresarial que ha puesto el interés privado por encima del interés colectivo, puede quedar, como Lozano por lo pronto, al menos exhibido.

Artículo publicado originalmente el sábado 21 de abril de 2018 en Zócalo Saltillo

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