Aníbal Feymen

Los intereses económicos de las mineras que explotan los recursos naturales del pueblo mexicano pasan, necesariamente, por el despojo de tierras comunales y espacios comunitarios contra la población trabajadora. Para ello es necesaria la imposición de una cruel y criminal política de terrorismo basada en el ataque sistemático a los pobladores de las regiones más vulnerables del país. Esta política se implementa con la exacerbada violencia ejercida por grupos y bandas de la delincuencia organizada que hace funciones de paramilitarismo para lograr que los mezquinos intereses de la burguesía minera sean satisfechos golpeando directamente al pueblo trabajador y explotado. La política de despojo, opresión y asesinato es la guerra y represión que la burguesía desata contra el pueblo mexicano con la finalidad de despojarle sus recursos naturales para la acumulación de riqueza, tan necesaria para la acumulación capitalista.

En las zonas del país con vastos recursos minerales se desata una guerra de exterminio contra los pueblos que se organizan en torno a la defensa del medio ambiente y de sus espacios comunitarios. Esta guerra es operada por grupos de la delincuencia organizada que son, de hecho, los grupos paramilitares que actúan de acuerdo a las necesidades e intereses de las mineras nacionales y extranjeras que explotan irracionalmente los recursos minerales en esas regiones. Este fenómeno deja a su paso asesinatos, desapariciones forzadas, terror y zozobra en los habitantes de aquellas zonas que, al verse impotentes de poder enfrentar tal despliegue de violencia criminal, son obligados a salir, a desplazarse, de su región y perder todas sus posesiones materiales así como la construcción de su porvenir. Muchas localidades están prácticamente deshabitadas y sus antiguos ocupantes hoy se encuentran en circunstancias lamentables dispersas por todo el país.

La operación conjunta del Estado, la burguesía minera y el paramilitarismo para despojar y enajenar tierras, ejidos y hasta pueblos enteros para desarrollar su actividad de muerte es elocuente: el Estado proporciona a la burguesía la concesión para la explotación minera de una zona en específico. Evidentemente esta política de despojo sustentada legalmente en las leyes secundarias de la Reforma Energética genera la inmediata organización, lucha y resistencia de los pobladores directamente afectados por proyectos de muerte que devastan por igual vidas humanas y el entorno ecológico.

Aquí es donde entran las actividades paramiliares de la denominada “delincuencia organizada” quienes, con la absoluta complacencia -y hasta apoyo- del Estado, siembran una campaña de violencia, crímenes y terror en la población hasta que ésta, horrorizada por los crímenes más deleznables, abandona sus tierras y poblaciones dejando el camino abierto a las mineras para la implementación de sus actividades de destrucción ambiental. Las poblaciones que se habían organizado, luchado y resistido contra estos proyectos mineros hoy están prácticamente sitiadas y dominadas por los grupos paramilitares denominados “delincuencia organizada”.

En el discurso del Estado, la denominada “delincuencia organizada” se ha convertido en la coartada perfecta para avanzar en esta política de despojo y opresión.

El paramilitarismo ha sido utilizado por la burguesía desde hace muchos años con la finalidad de destruir procesos organizativos, de lucha y resistencia, así como para asesinar a luchadores sociales y desarticular la resistencia popular y las acciones políticas de las masas que buscan una mejora efectiva en sus condiciones de vida. El paramilitarismo también ha servido para hacer funciones de “ejércitos particulares o privados” de caciques, terratenientes y burgueses para enfrentar tanto a las disidencias políticas como a las insurgencias armadas sin que, aparentemente, el Estado tenga que ver directamente en esta política de guerra y represión contra el pueblo. El paramilitarismo es una medida contraisurgente que se inserta en la política de Guerra de Baja Intensidad y de terrorismo implementada por el Estado contra el pueblo que se organiza y lucha.

Ante este desolador panorama gran cantidad de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos han denunciado por años esta táctica asesina del Estado y han logrado generar la presión política suficiente para situar este tema en la opinión pública, tanto del país como del extranjero, logrando con ello visualizar tan lamentable realidad. Sin embargo, el Estado aprende rápido y ahora su política de paramilitarismo es disfrazada de “delincuencia organizada”; esta situación le permite confundir a gran parte de la población. Es una coartada que le ha funcionado para ocultar su política de guerra y represión contra el pueblo.

Hablar de “delincuencia organizada” es dar la apariencia de que ésta es una fuerza externa al Estado, o sea, una expresión que, en apariencia, “el Estado ha sido incapaz de combatir de manera adecuada y se le ha salido de las manos”. Complementa esta idea la aparente “infiltración de la delincuencia organizada en los diferentes niveles de gobierno”, de ello se desprenden nociones tales como narco Estado o Estado infiltrado por el narco, por ejemplo.

Consideramos que la realidad no es así. Hablar de la “infiltración” es aceptar, primero, que el Estado es un órgano que debe garantizar justicia y seguridad al pueblo pero que “en este momento histórico, producto de la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias, el Estado ha sido infiltrado por los intereses de la delincuencia organizada y ahora opera como un narco Estado”, cuestión que se nos ha repetido reiteradamente.

Vaya, este es el subterfugio de la “corrupción” como origen de todos los males. Entonces, con estas definiciones, tendríamos que aceptar que el gobierno ha sido infiltrado por corrupto. De lo que se deduciría que el “Estado ha sido corrupto, incapaz de autocontrolarse y por ello el narco sigue creciendo e influyendo en las decisiones de gobierno”.

De esta lógica se desprendería que “con un gobierno ajeno a los intereses de la clase política actual podrían cambiar las cosas y, en ese sentido, se hace imprescindible cambiar a los políticos que hoy manejan el gobierno mexicano por candidatos honestos que puedan poner al servicio del pueblo el Estado y el gobierno”, tal como lo ha recalcado hasta el hastío Andrés Manuel López Obrador, actual presidente electo, desde sus tiempos de candidato.

Desde nuestra percepción estos razonamientos son falsos. El Estado no es el garante de la paz, ni de la justicia, ni de la seguridad social. El Estado es el aparato de dominación de la burguesía sobre las clases populares; el derecho positivo que lo edifica no es otra cosa que la forma en que se organiza su poder político; el derecho penal como una técnica de control social con fines represivos –y como ejemplo tenemos a cientos de presos, ejecutados y desaprecidos por motivos políticos en el país–. Así que el Estado toma partido y ejerce la violencia de la clase dominante para garantizar sus intereses económicos, políticos e ideológicos.

El problema fundamental no es la “corrupción del Estado”, el problema fundamental es el carácter histórico del Estado actual, y su carácter es plenamente burgués, su función histórica es mantener el poder y los intereses de la burguesía a través del consenso –por ejemplo de la idea de la democracia a través de elecciones– o de la coerción –la política de Terrorismo de Estado y el paramilitarismo, desde luego–. Así podemos afirmar que el Estado no fue “infiltrado” por el narcotráfico, ni es un “narco Estado”; Estado y narcotráfico actúan orgánicamente y este último no es sino creación y motivación de aquel. El término “delincuencia organizada” ha sido la coartada del Estado para seguir implementando con toda impunidad el paramilitarismo que tantos dividendos ha dejado a la burguesía en nuestro maltrecho país.

Es justo en esta dimensión donde radica la gravedad de sostener una Reforma Energética hecha a espaldas del pueblo mexicano. Pero más alarmante resulta que el próximo gobierno no mantenga su empeño en abrogarla –como fue su aparente convicción durante la larga campaña electoral.

La reforma energética no sólo refiere al petróleo, sino a toda la privatización en las actividades extractivas del país que, sin duda, no dejará de brazos cruzados a los pueblos que han luchado dignamente contra estos proyectos de muerte.

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