Arturo Rodríguez García

El 11 de julio de 2006, el país convulsionaba. Fue ese un año duro de violencia política, represión a opositores e intervencionismo del gobierno de Vicente Fox que para entonces terminaba de echar por la borda los últimos destellos de esperanza de cambio y transición a la democracia.

Había encausado una brutal represión en San Salvador Atenco, en el Estado de México; intervino en el Sindicato Minero, imponiendo una dirigencia a modo e intentando encarcelar a su dirigente, con protestas que fueron confrontadas con operativos violentos que cobraron la vida de dos trabajadores en Lázaro Cárdenas, Michoacán y que, en Coahuila, Guerrero, Sonora y Zacatecas, dejaron heridos y comunidades en conflicto.

Esto último había iniciado el 16 de febrero de 2006 pero se hizo público hasta al día 20, un día después de que el siniestro en la mina Pasta de Conchos dejara atrapados a 65 mineros, y que el gobierno hiciera de todo para conseguirle impunidad a los responsables.

La elección federal había transcurrido con una campaña negra que redujo al actual ganador de la elección presidencial a la representación del “peligro para México”, de manera que opacado, entre las acusaciones por fraude electoral y la insurrección que se gestaba en Oaxaca, un hecho brutal se perpetró en Coahuila: la violación tumultuaria de 13 mujeres en Castaños.

Envueltos en el conflicto poselectoral, la historia fue poco conocida en aquellos días, y trascendería hasta después: dos militares ebrios tuvieron una riña y terminaron a golpes con la policía municipal en la zona de tolerancia de la mencionada localidad. Pertenecían a un pelotón del Regimiento Motorizado de Caballería, con sede en Múzquiz, que fueron asignados a la custodia de papelería electoral en Monclova.

Después de la riña, buscaron a sus compañeros en servicio y los convencieron de acompañarlos a la zona de tolerancia. Cuando llegaron, tomaron la zona y maniataron a los policías para torturarlos; golpearon a clientes, cantineros y padrotes; incursionaron en los cabarets El Pérsico y Las Playas, donde forzaron a las bailarinas y trabajadoras sexuales… para mayor claridad, las violaron de manera tumultuaria.

A la mañana siguiente, el periodista Leopoldo Ramos se enteró y empezó a investigar, incluyéndome en la búsqueda de datos que, por lo demás, parecían complicarse en las fuentes convencionales. Como suele ocurrir, el gobierno federal, a través del entonces poderoso José Luis Santiago Vasconcelos, atribuía el asunto a Los Zetas, la supuesta organización criminal de la que se empezaba a hablar en aquel tiempo y que en la narrativa oficial, utilizaba uniformes clonados.

Pronto, todo se fue concatenando. La policía estatal estuvo al tanto de los hechos, pero no se animaron a entrar a la zona de tolerancia. Sólo enviaron una avanzada pacífica, como en rondín, y se espantaron porque no podrían con su poder de fuego. Eran militares.

Tiempo después, pude conocer a algunas de las víctimas. Me contaron que eran presionadas por militares y civiles anónimos para desistir de sus denuncias. Nos vimos en el lugar de los hechos, meses después aun subsistían las manchas de sangre en paredes y suelo. Habían regresado a trabajar apenas se recuperaron.

Algunas de ellas quizás cedieron a la presión o decidieron por otro motivo cambiar su versión. En cualquier caso, la justicia fue limitada y, no obstante haber sido procesados por la justicia civil, por entonces algo excepcional, todo quedó impune. Hoy, los perpetradores están libres.

Recordatorio atroz, a 12 años desde el crimen por el no hay medidas que eviten su repetición.

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