Arturo Rodríguez García

Se cumple un mes de la elección y fue suficiente para que las izquierdas, en especial aquellas no alineadas a los partidos políticos, marcaran su distancia, por lo visto definitiva, de Andrés Manuel López Obrador.

La cuestión es simple: López Obrador no es de izquierda, aunque las campañas negras de tres elecciones presidenciales lo hayan expuesto como tal.

No hay engaño. Desde la campaña fue claro: dijo que era tiempo de conciliación y unidad, cuando sus simpatizantes le reclamaban la suma de priístas y panistas; prometió que no daría marcha atrás a la Reforma Energética, aunque planteó revisión de contratos y más inversión gubernamental en el sector; tendió su mano a Enrique Peña Nieto, a Donald Trump y al alto empresariado, a quienes dedicó la espectacularidad de los primeros días después del triunfo.

Al mismo tiempo, se ganó una severa crítica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por los malos oficios del sacerdote Alejandro Solalinde, un exceso de protagonismo que, en caso de contar con enlace como afirmó tenía, acabó descalificado y desmentido por uno de los grupos más emblemáticos de rebeldía contemporánea a escala global.

Cuando lo hizo ya había puesto en un primer aprieto a López Obrador al revelar la oferta de presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el hecho de que el organismo es constitucionalmente autónomo, se supone lo elige el Senado y no está en período de renovación sino hasta 2019. Pero en las izquierdas que mantienen vivo el reclamo por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos”, la inconformidad vino por la mala imagen del sacerdote, primero en revelar y promover la famosa “verdad histórica” –vuñnerable y anómala– que a la postre ofrecería el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam.

Solalinde, sin embargo, ha sido avalado por López Obrador cuyo staff confirmó, por ejemplo, la oferta de la CNDH y no desmintió el, por torpe, mal logrado intento de aproximación al EZLN.

Pero no es todo. Los anuncios de nombramientos que ha hecho el ganador de los comicios, han provocado otros malestares por la incorporación de personajes que han actuado en escenarios de injusticia, antidemocracia y represión.

El pasado martes, en la Fundación Elena Poniatowska, Juan Ramón de la Fuente –anunciado como futuro embajador ante la ONU– fue increpado por expresos de la huelga de la UNAM de 1999-2000, pues fue bajo su rectorado cuando se facilitó el ingreso de la Policía Federal Preventiva a Ciudad Universitaria. En realidad, fue una incursión militar que liquidó el conflicto, pues uniformes al margen, eran la Primera y Tercera Brigadas de Policía Militar, las que detuvieron a cientos de jóvenes a los que acusaron, entre otros delitos de terrorismo y peligrosidad social.

De la Fuente dio una conferencia sobre el Movimiento Estudiantil de 1968, justo el día en que se cumplían 50 años del acto en el que otro rector, Javier Barros Sierra, salió en defensa de la autonomía universitaria. El reclamo antes y después del acto, tenía que ver con la operación del 2000.

El EZLN, los movimientos que exigen justicia por lo ocurrido en Iguala en 2014 y los huelguistas de 1999, son izquierdas distintas y no alineadas a los partidos políticos. Pero aun en aquellos sectores de izquierda proclives a la vía electoral, hay inconformidad por la decisión de nombrar a Manuel Bartlett Díaz, como director de la Comisión Federal de Electricidad.

Pesa sobre él la historia: el asesinato de izquierdistas, la presión autoritaria sobre opositores y el fraude electoral de 1988, cuando fungía como secretario de Gobernación.

A un mes de la elección, hay definiciones claras: López Obrador está actuando de conformidad con los cánones del presidencialismo mexicano, institucional con la Presidencia en funciones, resolviendo los añejos conflictos con las cúpulas empresariales que son un poder de hecho y, estableciendo un canal de comunicación con el poderoso país del norte. Para las izquierdas, nada.:.

 

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