Andrés Caudillo / Fotografía: Proceso Foto

Personas defensoras de derechos humanos llaman al 911 para reportar el hostigamiento contra 7 defensores de territorio por parte de la CFE y notificar el asesinato de uno de sus compañeros por autoridades respaldados por la PGR

Antes de colgar la operadora dice: “Cálmense ya van en camino más refuerzos…”

 

El Pueblo Maseual consideraba que la construcción de una subestación eléctrica se estaba realizando sin su consentimiento y sin antes haber realizado una consulta libre, previa e informada con las comunidades.

La CFE presentó una denuncia penal contra los defensores y defensoras de territorio acusados de obstaculizar una obra pública en 2017.

El pasado 14 de mayo el pueblo Maseual se declaró en alerta roja por el asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, defensor indígena de los derechos medioambientales, fue hallado muerto el 14 de mayo 2018 en Cuetzalan, Puebla. Era uno de los defensores y defensoras que se enfrentan a una investigación penal por su oposición a la construcción de una conducción eléctrica de alto voltaje.

Manuel Gaspar era miembro del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, y formaba parte de una coalición de movimientos sociales que se opone a proyectos energéticos, concesiones mineras y la construcción de una conducción eléctrica de alto voltaje en la región montañosa del norte de Puebla.

Los miembros de las comunidades reclamaban su derecho a participar en la toma de decisión de los proyectos que afectan su territorio y modo de vida.

La consulta es una obligación del Estado. Las autoridades deben consultar y buscar el consentimiento de los pueblos indígenas previo a la concesión de permisos de exploración y explotación de los bienes naturales y territorios.

“Es indignante el uso indebido del sistema penal para criminalizar y debilitar movimientos sociales que trabajan en la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente en México”, resumiría Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Estos hechos evidenciaron que cuando las personas defensoras alzan la voz en contra de obras que afectan directamente sus derechos, su tierra y el territorio en el que habitan son señalados como desestabilizadores del desarrollo. No solo se les criminalizan sino que se inician procesos penales en su contra, con miras a disuadir el ejercicio de sus derechos de asamblea y de libertad de expresión, como está ocurriendo en al menos unos 200 pueblos y comunidades indígenas del país.

Si tienes twitter y quieres ayudar, pide a @FiscaliaPuebla y a @JaimeFHM Director General de la CFE, el cese del hostigamiento contra los defensores de territorio de Cuetzalan.

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