Arturo Rodríguez García

Con la proximidad del Sexto Informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto ha iniciado el carrusel de entrevistas que, una vez al año, suele ofrecer en televisión y algún programa de radio para difundir las acciones de su gestión.

En su recorrido de despedida las cuestiones obligadas en lo concreto, la llamada Casa Blanca y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa –lo admite– marcaron su gobierno y, sin embargo, lo que no acepta es su responsabilidad, la inmoralidad política de su conducción, la corrupción e impunidad de un mandato que tiene en esos dos referentes la expresión más clara de la podredumbre que corroe su gestión desde el inicio.

“No fue suficientemente explicado”, repetida en entrevista con Denise Maerker, se ha convertido en la frase desde hace tiempo con que, sin efecto convincente, pretende justificar la maniobra inmobiliaria, el escándalo que demasiado temprano acabó con la aprobación de su desempeño.

La frase indigna porque el fondo, no conozco a nadie que crea la versión de la riqueza que en la versión oficial ostentaba su esposa, que adquirió un crédito por fuera del sistema financiero con el constructor de la mansión que resultaba ser un poderoso contratista de los gobiernos estatal y federal peñanietista. Y porque, pese a toda la confusión inducida, el único proyecto periodístico que hacía investigación en radio, el de Carmen Aristegui, quedó fuera del aire, confinada a su propio espacio digital.

Peor aun es su promoción de la “verdad histórica” sobre lo ocurrido con los 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la forma retorcida en que se manejó la investigación que, por todos los medios a su alcance, dejó a salvo a quienes en el Ejército Mexicano pudieran tener alguna responsabilidad, como si en ello fuera toda la imagen de las Fuerzas Armadas, con lo que institución y comandante supremo, hicieron suya la culpa.

Son dos asuntos, entre una lista interminable de corrupción, inseguridad y mal gobierno que patentan el fracaso de una administración que apostó su trascedencia a un paquete de reformas cuya redacción nunca quedó del todo clara, pero que fue en su palabras “necesaria”, muy a pesar de la baja aprobación del que decía –todo él, producto prefabricado– no gobernar para las encuestas. Ligereza pragmática, con retórica procuradora de su una retorcida noción de la razón de Estado.

En esa razón de Estado se fundó la violación de derechos fundamentales, se adecuaron los marcos normativos para poder hacer lo que estaba prohibido, la inmoralidad política desbordó la sangre de luchadores sociales como en ningún momento de este siglo, alterando los equilibrios políticos y malogrando económicamente al país.

Todo eso pesó en el ánimo social, el “mal humor” que no era producto de las redes sociales y un problema de comunicación (aquello de “no fue suficientemente explicado”, válido para todo escollo), sino expresión de la genuina indignación ciudadana.

Si la alternativa que significó López Obrador a algo apunta, es al concenso en el hartazgo y la indignación que no puede ni debe olvidarse o perdonarse. Ni siquiera partiendo de la falsa divisa de no intervención en las elecciones, persistente recurso discursivo del presidente electo, como si eso fuera cierto y en caso de que lo hubiera sido, concesión graciosa y no mandato constitucional, condición democrática, simple y llano deber ser que, entre muchos asuntos, hace inaceptable la ausencia de consecuencias.

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