Último artículo de la serie en la que pretendemos demostrar que la denominada Reforma Energética, implementada en México durante el año de 2013, actúa como respuesta a la crisis de sobreacumulación y desvalorización que el capitalismo actual padece y se inserta de lleno en las pugnas imperialistas que imponen políticas intervencionistas en países dependientes con el objetivo de saquear sus recursos naturales y energéticos.

 Anibal Feymen

Quinta Parte y Última

Durante el desarrollo de la serie de artículos que dedicamos a la Reforma Energética hemos analizado sólo una arista de lo que implica dicha modificación constitucional: el asunto de los hidrocarburos y concretamente la privatización del petróleo. Sin embargo, la Reforma Energética es mucho más amplia e involucra otras actividades productivas estratégicas como lo son la industria eléctrica y la minería.

Son estos sectores estratégicos los que constituyen el elemento central con el que las grandes potencias imperialistas buscan paliar –que no resolver por su carácter estructural– la crisis de desvalorización y sobreacumulación que el capitalismo actual padece producto de la cada vez más pronunciada caída de las utilidades de los grandes consorcios internacionales. Es justamente esta dimensión la que nos hemos propuesto demostrar a lo largo de los cinco artículos que hemos desarrollado en Notas Sin Pauta.

Dentro del contexto de crisis económica internacional que actualmente padece el capitalismo podemos observar una profunda tendencia al aumento de la composición orgánica del capital que impacta directa y negativamente en la tasa de ganancia de la gran burguesía monopolista, cuestión que genera situaciones de insuficiente demanda efectiva; es decir, su propensión al subconsumo con las consecuencias resultantes de la crisis de realización y el estancamiento.

Dicho de otro modo: el capital no obtiene su ganancia del valor total de la inversión que emplea, sino la obtiene de la parte que destina en comprar fuerza de trabajo (trabajo asalariado) que, efectivamente, produce un valor superior al de su propio costo. La parte de la inversión restante es destinada a la compra de máquinas, herramientas, materias primas, etc., la cual traslada su valor de manera íntegra e idéntica al producto final.

La diferencia entre el salario del obrero y el valor creado por él durante su actividad es la plusvalía –plusproducto excedente que se apropia el capitalista sin remunerárselo al trabajador–. La plusvalía como proporción del total del capital invertido –tanto el que produce, como el que no produce plusvalía– es la tasa de ganancia. Pero el desarrollo de la ciencia y la tecnología que en el capitalismo tiene un dinamismo sin precedentes debido, fundamentalmente, al proceso de acumulación y competencia capitalista, genera que la inversión capitalista destinada a la compra de la fuerza de trabajo tienda a reducirse respecto a la designada a la compra de máquinas, herramientas, materias primas, etc., o sea, de medios de producción.

En consecuencia, la tendencia histórica del capital a hacer más productivo el trabajo, caracterizado por disminuir la participación de la fuerza de trabajo y aumentar la correspondiente en medios de producción, provoca contradictoriamente una caída histórica de la tasa de ganancia.

La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, expresada espléndidamente por Carlos Marx en su obra El Capital, ubica claramente en la ganancia capitalista el punto nodal de la acumulación y comprende de manera definitiva que ésta tiende a ser socavada por las propias leyes internas que gobiernan el funcionamiento del orden social burgués y, por tanto, pone en cuestionamiento su propia existencia.

Tasa de ganancia histórico

Declinación histórica de la tasa de ganancia mundial de 1950 a 2008

Fuente: Michael Roberts, Towards a world rate of profit – again, 2012.

 

Es cierto que existen factores contrarrestantes de la sistemática declinación de la ganancia; empero, estas medidas implementadas por la burguesía a través de diferentes patrones de acumulación no anulan la tendencia decreciente como fenómeno estructural del modo de producción capitalista, pues ésta es históricamente irreversible. Por ejemplo, actualmente se ha desarrollado una política mundial sobre la aniquilación de las conquistas históricas de los trabajadores con la finalidad de aumentar la productividad.

En el caso de México, las modificaciones en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo se basan en la sistemática elevación de la productividad basadas en la política laboral de flexibilidad, movilidad y polivalencia. México, al igual que todos los países dependientes, participan en el mercado capitalista mundial contribuyendo a que el eje de acumulación en la economía industrial se desplace de la producción de plusvalía absoluta a la de plusvalía relativa; o sea, su producción pasa a depender más del aumento de la capacidad productiva del trabajo que simplemente a la explotación del obrero; esto es que se da una elevación progresiva de la productividad del trabajo.

Así, nos queda absolutamente claro que la política de intensificación inhumana de la explotación de la fuerza de trabajo no es una política impuesta por el “neoliberalismo” –pues éste sólo es un modelo de administración de política económica capitalista– ni mucho menos tiene su origen en la multicitada “corrupción”; sino que esta situación de superexplotación del trabajo es una tendencia mundial generada por la división internacional del trabajo y las necesidades imperialistas del proceso de acumulación capitalista.

Por mucho que se nos diga que vendrá un “gobierno honesto y austero” y sacará de esta condición a nuestro país con una política “sin corrupción”, debemos tener claro que esto es una mentira que busca embaucar a las clases trabajadoras de nuestro país e insertarlas en la política formalista, legaloide y pasiva que tanto le interesa impulsar y legitimar a la burguesía. En suma, cualquier gobierno que se circunscriba a la lógica capitalista reproducirá esta superexplotación del trabajo con la finalidad de elevar las tasas de productividad que permitan, ciertamente, paliar la sistemática caída de la tasa de ganancia.

Sin embargo, a pesar de que el imperialismo busca denodadamente elevar la productividad a través de la intensificación de la explotación del proletariado, ésta topa con un límite, el límite está dictado por la reproducción de la fuerza de trabajo.

 

La política de despojo como elemento para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia en versión “reformas estructurales”

Al reducir los precios de las materias primas y medios de producción, parte de los cuales pueden comprarse a precios de remate, la producción vuelve a ser rentable y crea las condiciones de un nuevo ciclo de acumulación. Bajo esta lógica, adquiere una dimensión distinta la estructuración de leyes consagradas al despojo de nuestros pueblos y que en el caso de nuestro país, se han denominado Reformas Estructurales.

Entonces, dichas reformas ponen a disposición de las potencias imperialistas las materias primas y la fuerza de trabajo abaratada para continuar con la apropiación privada de la riqueza en beneficio de unos cuantos consorcios que dominan la economía mundial, como ha sucedido con la Reforma Energética y, desde luego, con la Reforma Laboral.

Es por ello que el papel que juegan los organismos financieros imperialistas es relevante condicionando a los países con economías dependientes, como el nuestro, a implementar medidas políticas y jurídicas tendientes a la legalización de procesos de despojo de recursos naturales y riquezas energéticas, elementos inherentes a la reproducción del capital.

Son estas mismas políticas las que dirigirán al entrante gobierno encabezado por la dupla López Obrador–Alfonso Romo quienes han dejado suficientemente claro a la alta burguesía, tanto nacional como trasnacional, que las medidas económicas y jurídicas continuarán delineando la realidad de la dependencia mexicana.

Ciertamente, Andrés Manuel López Obrador utilizó durante su campaña la frase hueca de que la Reforma Energética sería anulada. Sólo se trataba de una proclama demagógica, pues poco a poco su verdadero plan estaría totalmente claro: no sólo dejar intacta la modificación constitucional en materia energética, sino profundizar su desarrollo. Los proyectos del corredor transístmico, la ruta del Tren Maya, el NAICM o el pleno establecimiento de las Zonas Económicas Especiales son claro ejemplo de esta política privatizadora y rapaz.

La Reforma Energética –al igual que el resto de las reformas estructurales que no son más que el complemento de ésta– ha traído consecuencias negativas para nuestro país. Sin duda, las principales secuelas han sido el despojo a las comunidades de sus tierras y espacios comunitarios en beneficio de grandes consorcios internacionales que tienen los recursos suficientes para extraer los energéticos y minerales que se encuentran en nuestro subsuelo, la devastación ecológica, el desarrollo y estímulo del paramilitarismo y la precariedad laboral, entre muchos otros fenómenos de destrucción y opresión.

Por todo lo anterior, la conclusión es más que evidente: si no se termina con esta política de despojo, opresión y muerte las cosas en nuestro país sólo cambiarán cosméticamente; sin la eliminación total de la Reforma Energética es imposible la anhelada transformación democrática de nuestro país, aunque pomposa y presuntuosamente se le llame “Cuarta Transformación”.

Pareciera que nuestro pueblo, al igual que el resto de los países dependientes, deben marchitarse para que el imperialismo salga de su tambaleante crisis. De cualquier forma los pueblos seguirán resistiendo como lo han hecho desde hace más de 500 años. Pero quizá ahora sea el tiempo de transitar de la resistencia a la ofensiva organizativa de nuestro pueblo, el tiempo se acaba, nuestras riquezas nacionales se extinguen, nuestro pueblo se muere…

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