Arturo Rodríguez García

La semana pasada, empezó a circular el informe sobre represión que cada año emite el Comité Cerezo México. Sus datos son devastadores: con nombre y apellido, dan cuenta de aquellos luchadores sociales, defensores de derechos humanos o quienes los ejercían, que terminaron asesinados, desaparecidos, presos o víctimas de algún tipo de agresión, principalmente, física.

Desde hace diez años, y recuperando datos de períodos anteriores, las organizaciones Comité Cerezo México, Acción Urgente por los Derechos Humanos y Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, han documentado la dimensión y la gravedad creciente de un modelo represivo, mostrando que las víctimas, la mayoría impunes, terminaban engrosando el enorme listado en cada una de las variables por incomodar al poder, o bien, como si se tratara de un escarmiento para aquellos que pensaran poder emularlos. (ver Proceso 2182, ya en circulación)

El sexenio de Enrique Peña Nieto, tiene un alto registro de víctimas de represión que se percibe simétrico con la implementación de las Reformas Estructurales: maestros que se oponían a la Reforma Educativa; personas indígenas o campesinos que rechazaban un megaproyecto de infraestructura, energético o minero impulsado por el gobierno pero con intereses privados, por considerar que en su desarrollo iba de por medio el despojo de agua o territorio, la destrucción de sus comunidades o daños al medio ambiente.

Se trata pues de personas que murieron, desaparecieron, fueron encarceladas o golpeadas física o psicológicamente, por ser opositores al poder, ajenos la mayoría de las veces a militancias partidistas, y que en muchos casos quedaron engrosando la estadística de las víctimas de cualquier genérico para la impunidad que posibilita la aceptación continua y generalizada en el mensaje político, de que hay un problema de violencia por las operaciones de la delincuencia organizada.

La coartada es perfecta. Un dirigente social que protesta contra una obra, ley o política gubernamental, de repente cae a manos de “la delincuencia”. Y con eso, aunque aparezca como beneficiario el gobierno y los grupos económicos con los que se asocia, será responsable esa entidad sin rostro, anónima, “la delincuencia”. Esto es, nadie.

El otro aspecto que resulta notorio es que la reactivación y el incremento de casos donde se perciben las fórmulas represivas que históricamente usó el régimen hegemónico, se da justo a partir de la militarización, porque si se tiene memoria, los indicadores delictivos no aumentaron en muchos lugares hasta que se anuncio “la guerra contra el narco” y no a la inversa.

Desde los primeros días de su mandato, Enrique Peña Nieto habló del retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública. Para ello, ofertó una Gendarmería Nacional que, en todo el sexenio sólo fue celebre por dos cosas: revisar bebés en los alrededores del Zócalo para que la ceremonia del Grito fuera segura para Peña Nieto en 2013, y disparar contra civiles en Nochixtlán. El retiro jamás ocurrió.

Ahora, Andrés Manuel López Obrador vuelve sobre esos pasos: retiro gradual, en tanto se forma la Guardia Nacional, anuncio reiterado apenas días después de describir nuevos megaproyectos: refinerías, ferrocarriles, obras de gran calado con la supuesta oferta de consulta, derecho este que no parece tener bien definido –aunque la ley si lo defina– y donde lo mismo vale una votación a mano alzada, que una encuesta o la instalación de urnas.

La duda pesa entonces sobre la continuidad de la política de terror contra los ciudadanos en general y contra las oposiciones no alineadas a los partidos en particular. Peña Nieto siempre podrá decir que no fue represor, como en el futuro podrá decirlo López Obrador. Empero, la militarización y la presunción de que hay organizaciones delictivas que desafían la capacidad del Estado –y esto es, creerles que tienen el mismo estado de fuerza—seguirá siendo la coartada perfecta.

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