Aníbal Feymen

El domingo 26 de agosto Andrés Manuel López Obrador publicó en redes sociales un video donde emite la primera convocatoria para participar en la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En dicha grabación el presidente electo refiere dos alternativas que se someterán a la decisión de los ciudadanos: por una parte continuar con la construcción del aeropuerto en la cuenca del Lago de Texcoco y, por la otra, cimentar una terminal y dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía.

Es de resaltar que en dicho video AMLO reconoce que de continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco se tiene que “destruir” el Lago Nabor Carrillo con la finalidad de evitar la migración de aves ya que, según especialistas, éstas son incompatibles con el tráfico aéreo. La importancia del Lago de Texcoco en el éxodo de diferentes tipos de pájaros es crucial pues diversas poblaciones de aves acuáticas pasan en la zona aproximadamente seis meses de su ciclo de vida. En otras palabras: destruir el santuario de las aves para que éstas ya no regresen y, desde luego, no interfieran con las trayectorias de los aviones.

Sin embargo, aunque el futuro gobernante reconoce este aspecto del daño ecológico, la realidad se  presenta mucho más devastadora –incluso más allá de la ya de por sí grave afectación a las aves migratorias– y de la que el presidente electo se rehúsa a hablar.

El sábado  25 de agosto –un día antes del mensaje de López Obrador– representantes de diversos pueblos asentados al norte de la cuenca del Lago de Texcoco se reunieron en el auditorio del Centro de Estudios Teotihuacanos para desarrollar el Tercer Diálogo sobre el Nuevo Aeropuerto y los Megaproyectos con la finalidad de exponer el desastre ambiental que padecen sus comunidades a manos del gobierno y de las compañías que se encargan de la construcción del nuevo aeropuerto; así como de discutir las acciones que deberán emprender para defender sus comunidades y recursos naturales de los que hoy son despojados.

 

En la imposición del aeropuerto está presente el paramilitarismo

Un joven poblador del pueblo de San Luis Tecuahutitlán, Municipio de Temascalapa, abrió las participaciones de los pueblos originarios allí reunidos. El joven denunció que en su comunidad han sido arrasados tres cerros completos para rellenar las pistas del aeropuerto; situación que ha permitido el surgimiento de socavones y la proliferación de lodos tóxicos que las mineras han utilizado para rellenar las zonas asoladas. También denunció un fenómeno represivo que se ha convertido en práctica ordinaria en los lugares donde se desarrollan megaproyectos: el paramilitarismo.

Ante la depredación ambiental que ha sufrido su comunidad, los habitantes de San Luis Tecuahutitlán se han organizado mediante asambleas para impulsar la resistencia contra los consorcios encargados de explotar el tezontle de la región. Esta organización los ha llevado a implementar plantones y bloqueos en los lugares donde opera la maquinaria de excavación como forma de salvaguardar sus espacios comunitarios y su entorno ecológico. La respuesta de las empresas, siempre arropadas por todo tipo de funcionarios de los distintos niveles de gobierno, ha sido operar con grupos de choque armados quienes agreden y buscan reventar los bloqueos de la comunidad. Desde luego que esta práctica ha dejado a pobladores lesionados ante la indolencia y el disimulo del gobierno.

 

Hostigada y criminalizada

Angélica María González es una mujer de edad madura quien ha decidido organizar a su comunidad para enfrentar la destrucción de sus cerros, su flora y su fauna. Habitante del pueblo de Ixtlahuaca, Municipio de San Martín de las Pirámides, ha sufrido en carne propia la persecución del gobierno y el hostigamiento de las empresas mineras, en particular de José Daniel Ramírez Moncayo, dueño de minas en la cuenca de Texcoco. Ha sido de tal tamaño la violencia que ha recibido Angélica María Ramírez que en diversas ocasiones su casa ha sido baleada por grupos paramilitares que asolan la región en defensa de los intereses económicos de los consorcios encargados de la construcción del aeropuerto. Hoy pesa una averiguación previa sobre ella basada en calumnias y acciones delictivas inventadas por el ministerio público que no es otra cosa que un ejemplo más de la criminalización a luchadores sociales.

 

“Nuestra cuenca está muriendo”

No hay duda de que el pueblo más devastado de la zona norte de la Cuenca de Texcoco es Tepetlaoxtoc de Hidalgo. Los habitantes de esta comunidad, perteneciente al municipio del mismo nombre, han logrado detectar más de 380 minas operando en la región. El gobierno reconoce que ha autorizado las actividades de 13 minas en 5 municipios, el resto opera de forma clandestina con la aquiescencia del Estado.

A la devastación de los cerros para el relleno del suelo de las pistas del nuevo aeropuerto se suma la escasez del agua pues, de acuerdo con los habitantes de Tepetlaoxtoc, “esta cuenca hidrográfica es la más sobre explotada, pues tenemos un déficit de 1,555 hectómetros cúbicos de agua”. Incluso, estudios elaborados por científicos y especialistas desde antes que se proyectara la construcción del aeropuerto indicaban que para el año 2025 la zona tendrá un déficit de agua de 1,900 hectómetros cúbicos. Evidentemente, con la implementación de la terminal aérea estas expectativas empeorarán, y más si observamos que en la región los cerros tienen una importancia esencial en la captación del recurso hídrico pues el bosque absorbe y filtra el 35% del agua de lluvia que sin cerros disminuirá de manera considerable. “Podemos afirmar que –dice lapidariamente el representante de Tepetlaoxtoc– nuestra cuenca está muriendo”.

En este sentido, el representante del pueblo de Santa Catarina Acolman también hizo referencia al problema del flujo del agua y denunció que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) entregó de manera irregular a la empresa constructora Diarem la cantidad de 3 millones 865 mil metros cúbicos anuales de agua potable para las zonas habitacionales. Diarem vendé esa agua a la inmobiliaria Sadasi para que surta de agua sus proyectos residenciales en Tecámac. Esta situación se convierte en un golpe mortal a los pueblos originarios pues les despoja el agua de uso agrícola para entregarla al uso urbano. Todo esto sumado a la destrucción total del cerro Tlahuilco, espacio histórico de establecimiento de los pueblos originarios de Acolman, que tiene en profunda crisis ecológica a este municipio mexiquense.

 

Una consulta que no escucha a los pueblos originarios

Al analizar la consulta proyectada por el próximo gobierno para decidir sobre el futuro del nuevo aeropuerto, los representantes de los pueblos de la zona norte de la cuenca del Lago de Texcoco fueron contundentes: “tenemos que luchar contra la consulta”. Y es que desde su punto de vista, es necesario organizarse e impugnar al Estado y a su consulta que carece de fundamento jurídico.

Para los habitantes de Santa Catarina Acolman dicha consulta “tendría que basarse en el artículo segundo constitucional, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que sustenta la obligación del Estado en consultar a los pueblos afectados dentro del estatus de pueblos indígenas; y entonces directamente tendría que interpelar en asambleas, de acuerdo a los tiempos y formas de los pueblos, para decidir sobre su vida comunitaria, territorial y cultural”.

Los pobladores de Tepetlaoxtoc expresan que su realidad y sus padecimientos actuales no son conocidos por la sociedad mexicana, ni mucho menos es difundida en los medios de comunicación o en los estudios que ha puesto a disposición del público el próximo gobierno encabezado por López Obrador: “no tenemos ni vamos a disponer de recursos para informar sobre lo que padecemos como pueblos. Finalmente, se va a hacer una consulta sin que el pueblo esté informado de lo que pasa en las comunidades en este momento porque, lamentablemente, a nosotros nadie nos quiere escuchar”.

Igualmente, la devastación del cerro Tecalco a manos de las minerasha logrado articular organizativamente a diversos pueblos originarios de la zona nororiente de la Cuenca de México entre los que se encuentran Santa Catarina Acolman, San Pablo Tecalco del Municipio de Tecámac y San Miguel Atepoxco del Municipio de Nopaltepec quienes se han constituido en un frente de lucha denominado Vecinos en Defensa del Cerro de Tecalco y que, igualmente, rechazan la consulta por considerarla “al margen de todo protocolo jurídico y por estar encaminada a legitimar la construcción del proyecto aeroportuario”.

 

* * *

Los pueblos originarios directamente afectados están padeciendo los más cruentos estragos de un proyecto que sólo es la punta de lanza de un modelo privatizador y rapaz que, hoy encabezado por un gobierno autonombrado progresista, busca dar continuidad a los proyectos que durante años han buscado los gobiernos de corte neoliberal en México.

Todo parece indicar que el proyecto político encabezado por la dupla López Obrador–Alfonso Romo tiene como tareas estratégicas dos objetivos generales muy definidos: primero, restaurar la legitimidad fisurada que experimenta el Estado después de casi treinta años de políticas monetaristas que sólo han traído a nuestro pueblo despojo, opresión y violencia. Si bien es cierto que AMLO ocupará la presidencia con un alto grado de legitimidad, hasta ahora no ha planteado ninguna medida estructural distinta a la de sus antecesores; por el contrario, de acuerdo a sus planteamientos económicos, el nuevo gobierno estaría profundizando las proyectos delineados por los cinco presidentes anteriores.

Segundo, el nuevo plan de AMLO–Romo considera desarrollar enclaves económicos totalmente ventajosos para los grandes corporativos internacionales que permitan crear un “paraíso para la inversión” que no significa otra cosa que abrir las puertas sin restricciones al imperialismo para que éste pueda saciar sus enormes demandas de energéticos y bienes naturales mediante el despojo de nuestros recursos a precios de remate.

El paraíso comercial del nuevo gobierno y sus megaproyectos –entre ellos el aeropuerto– anuncian la inevitable confrontación con las comunidades afectadas y los pueblos indígenas. Estos proyectos, sin duda, intentarán ser legitimados con consultas populares a modo, acompañadas del discurso de “por el bien de la nación” mediante las cuales se instrumentarán decisiones tomadas de antemano y que sólo traerán beneficios a los que siempre se han hartado de las riquezas de nuestro país. La primera prueba para los pueblos originarios está en marcha.

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