Andrés Caudillo

A la comunidad nahua de Tlanixco, descendiente de los matlatzincas, defensores del bosque que viven en las orillas del volcán Xinantecatl, fue despojada de su tierra y su agua, agraviada su cultura, por transnacionales vinculadas con el grupo Atlacomulco en complicidad del exgobernador Arturo Montiel y el presidente Enrique Peña Nieto, confabulados con el Grupo Carso, de Carlos Slim.

La PGR los cataloga como “pueblo terrorista” según consta en el expediente PGR/TOL/V/017/2002, pues criminalizaron, difamaron y encarcelaron a seis de sus dirigentes defensores del agua con sentencias de 50 años por un crimen que no cometieron en un juicio manipulado con argumentos racistas; en tanto, sus bosques son depredados en un auténtico ecocidio, sus integrantes son agredidos sistemáticamente por la policía y difamados por los medios de información pero, ante toda esa adversidad, la comunidad se mantiene en resistencia.

El 18 y 19 de agosto se realizó el “Encuentro en defensa del agua, el territorio y la vida”, Mexicali Resiste, Rebelión, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Plataforma Organizativa Contra el Nuevo Aeropuerto, Comunidad Indígena Náhuatl San Pedro Tlanixco, Defensores del Derecho Humano al Agua de Tlanixco.

Uno de los objetivos particulares del encuentro fue crear una coordinación en la lucha por la libertad de los presos políticos, así como mantener una defensa activa y visible de todos los activistas que están siendo criminalizados y perseguidos.

 

El inicio de la disputa

Sin aviso ni consulta previa con los habitantes de Tlanixco, (el oficio BOO.E.12.1.0.2.-00971 de la propia CONAGUA) Varios meses después de perpetrado el acto, los habitantes de Tlanixco se enteraron de que sus aguas fueron entregadas al municipio de Villa Guerrero, sede de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi) lo que generó el inicio de la disputa entre ambos municipios por el vital líquido.

El tema se complicó aún más el primero de abril de 2003, cuando vecinos de Villa Guerrero, encabezados por el presidente de agua de riego, Alejandro Isaak Basso, acompañado de un grupo de empresarios, se dirigieron al rio Texcaltengo, cuando fue sorprendido por mujeres de Tlanixco que se encontraban en el bosque. Una mujer bajó corriendo a emitir la alerta de aviso, se hicieron sonar las campanas de la iglesia y alrededor de 300 personas de la comunidad subieron a la zona de los manantiales para responder a la agresión.

No era un grupo armonioso bajando en paz por la orilla de un barranco, estaban enojados, eran dos bandos en disputa, y desgraciadamente no todos los que iban en descenso llegaron vivos hasta la delegación municipal. El empresario español y presidente de la Asociación de Riego de Villa Guerrero, Alejandro Isaak Basso, murió en el trayecto.

Quince días después de los hechos, el 16 de abril de 2003, los supuestos testigos llegaron con una lista de nombres.

Ellos mismos dijeron en sus declaraciones que las habían obtenido de investigaciones propias. El proceso legal tuvo muchas irregularidades. José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos, explica:

“No existió una investigación real de los hechos. Los periciales son deficientes, no se realizaron con el rigor científico necesario. Por ejemplo, el dibujo de criminalística del lugar está hecho sin cumplir proporciones de distancia o espacio. La necropsia establece que la causa de la muerte fueron golpes, algo obvio si se considera que el cuerpo del empresario lo encontraron 180 metros abajo del barranco”.

Las declaraciones que el juez consideró fueron confusas, pues por ejemplo, los testigos de cargo dijeron que en el descenso el empresario iba custodiado por un hombre que en realidad había fallecido un año antes.

Durante todo el proceso no se respetaron los derechos de los imputados, tomando en cuenta su calidad como personas indígenas, puesto que fueron juzgados desconociendo normas básicas del derecho internacional en lo que respecta al tema e invisibilizando su contexto histórico cultural, en donde los usos y costumbres son fundamentales.

Los detenidos, procesados y condenados, son: Teófilo Pérez González; Pedro Sánchez Berriozabal; Rómulo Arias Mireles; Marco Antonio Pérez González; Lorenzo Sánchez Berriozabal y, Dominga González Martínez

Las características físicas de la señora Dominga González Martínez, que concordaba con la descripción de los testigos: “una señora chaparrita y morena” fue argumento suficiente para condenarla a cincuenta años de prisión.

El daño causado a estas seis personas es incalculable: No sólo incuantificable en una cifra económica, sino también el daño psicológico y el mensaje de terror que se declara hacia el resto de indígenas que sólo intentan defender su derecho al agua, conservar su vida y su cultura.

Los crímenes de lesa humanidad contra los pueblos originarios no son cosa del pasado, siguen sufriendo el despojo, saqueo y represión brutal por parte de las autoridades de manera legal. La colonización se modernizó y ahora la llaman progreso; sus artífices cambiaron el título nobiliario por cargos públicos y empresariales; los perpetradores soltaron la espada y ahora usan corbata para imponer sus sofisticados y depredadores  feudos.

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