Andrés Caudillo / Imagen: Proceso Foto

Los dos porros Erik Linares Torres, alias “El Lucas”, y Joel Rojas Argüello, “El Carter” quienes fueron aprehendidos el pasado 3 de septiembre en la explanada de Rectoría de la UNAM, fueron liberados por la procuraduría capitalina.

La dependencia indicó que los liberó a la mañana siguiente, bajo el argumento jurídico que “en su detención no hubo flagrancia ni se tuvo acusación alguna en su contra”, y según su análisis de los materiales videográficos presentados como pruebas, “no se observó agresión alguna por parte de los presentados hacia los manifestantes”.

José Ramón Amieva jefe de Gobierno de Ciudad de México, declaró que la Universidad Autónoma de México “no interpuso denuncia alguna por los hechos ocurridos”, y afirmó que “en su administración no fabricará culpables ni permitirá que haya impunidad en el caso”. Sin embargo el Rector de la UNAM Enrique Graue Wiechers declaro que las denuncias fueron interpuestas de manera presencial y firmó la expulsión provisional de 18 estudiantes, las cuales espera sean ratificadas por el Tribunal Universitario.

En efecto, tanto en la dependencia capitalina tanto en la PGR se abrieron las carpetas de investigación: CI-FAAE/CU/UI-1 C/D/00283/09-2018  y FED/CDMX/SPE/0011998/2018, respectivamente, pero no es de extrañarse cuando este tipo de declaraciones, alegando competencia, dejan al descubierto el nulo interés de las autoridades por realizar un trabajo profesional por la verdad y la justicia.

Es indignante para la comunidad estudiantil en general ver como las autoridades hipócritamente se contradicen día a día, repitiendo discursos huecos, reprobando los cobardes ataques violentos, cuando en realidad son las mismas autoridades quienes organizan, movilizan y financian a grupos porriles, como quedó documentado en septiembre del 2015 por activistas y estudiantes del colectivo Regeneracion Radio del colegio CCH Azcapotzalco.

En su denuncia se explica como los grupos porriles apoyaron las campañas políticas de Octavio Flores en la delegación Gustavo A. Madero y de Laura Velázquez en Azcapotzalco, así como las de varios diputados del PRD, como Lizbeth Rosas, Andrés Lozano y Eduardo Malpica.

La misión de los grupos de choque es muy diversa: sirve para fracturar organizaciones, desmovilizándolas en contextos de manifestaciones y protestas; para ejercer actos violentos que rompan el orden para que las autoridades puedan justificar el uso de la fuerza pública para justificar las detenciones arbitrarias contra manifestantes; incluso, de la manera más sofisticada, infiltrándose en organizaciones estudiantiles con identificaciones falsas, como en el caso de las autoridades del IPN, que infiltraron con policías la Asamblea General Politecnica (AGP) a través de la primer oficial Ana Karen Gabriel García, de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) adscrita al Grupo Plata.

Gabriel García se hizo pasar por estudiante durante el paro de la Secretaría Académica y desde entonces informó de todas las acciones a la Dirección General del IPN encabezada por el director Mario Alberto Rodríguez Casas.

Este acto es una violación a sus derechos humanos y constitucionales para la libre expresión, manifestación y reunión.

Gabriel García se presentaba con credencial oficial del IPN, como alumna adscrita a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica, de Zacatenco, y para eso, debió obtener los recursos de las más altas autoridades politécnicas.

El 19 de junio de este año justo cuando la AGP presentó un documento que denunciaba cómo la actual administración junto con sectores corruptos del SNTE y del STIPN han intentado una y otra vez descarrilar el Congreso Nacional Politécnico, el director general se negó a escuchar el pronunciamiento y no conforme con negarles el derecho a leer su comunicado, de forma autoritaria apagaron la luz de las instalaciones de la Sala de Ex Directores, (todo esto quedó registrado en notas de prensa).

Hay ya una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por esos hechos, ya que vulneran su integridad física, académica, y psicológica.

Las actitudes porriles y policiacas de las autoridades del IPN y la UNAM en contra de los movimientos estudiantiles son muchas y están muy documentados. Las declaraciones de las autoridades no son coherentes con sus acciones, pues por lo visto, no son capaces de comprender que no se dirigen a una masa desmovilizada, despolitizada e ignorante.

Las y los jóvenes de este país están inconformes y cansados de la complacencia, la sumisión y la apatía que caracteriza a nuestra nación, de manera digna y legítima exigen ser parte de las decisiones que afectan su vida académica, el cobarde ataque porril en rectoría, los acosos impunes por parte de las autoridades, el espionaje e intimidaciones a sus representantes y voceros, el feminicidio dentro de sus instalaciones, son cosas que la comunidad estudiantil no está dispuesta a tolerar ni un solo día más.

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