Arturo Rodríguez García

La política laboral del gobierno peñanietista precarizó las condiciones del trabajo en el país. El desmantelamiento de derechos fue parte de un continum histórico iniciado en el sexenio de Felipe Calderón y no sólo porque en su ocaso se haya aprobado la Reforma Laboral, también porque desde 2006, el retorcimiento de la ley fue constante para imponer los criterios de la opulencia.

El deterioro de las condiciones del trabajo, aun sin reformas de fondo –excepto por las relativas al sistema pensionario y la burocracia magisterial—se patentó también en el ámbito burocrático, contemplado en el Apartado B del artículo 123 constitucional que distingue entre trabajadores de base y de confianza con derechos laborales fundamentales garantizados, a través de una tercera categoría: la del trabajo eventual.

Lo de eventual es eufemismo. Hasta ahora no existen datos confiables sobre la cantidad de trabajadores que, siendo permanentes, deben renovar su contrato cada tres meses, aunque los testimonios son abundantes, inclusive, en los despachos de los secretarios de estado.

El asunto está en buena medida silenciado. La necesidad del empleo, obliga a soportar en silencio, por ejemplo, el retraso constante de la nómina hasta por varios meses, las horas extras y los días de descanso impagos, la falta de seguridad social, e inclusive, de servicio médico.

A esa situación debe añadirse el abuso y la prepotencia de una clase gobernante proclive a ejercer el servicio público con colaboradores como servidumbre personal: choferes que hacen encargos domésticos, secretarias que se encargan de proyectos políticos o psuedointelectuales alternos, profesionistas ocupados en tareas a capricho de superior jerárquico. Acierto del presidente electo, es la prohibición de lo anterior, en sus “Lineamientos para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”.

Sin embargo, el pasado 9 de octubre, una protesta de trabajadores de la secretaría de Cultura arribó a la llamada “casa de transición”, la oficina donde Andrés Manuel López Obrador despacha como presidente electo. La movilización era principalmente por el retraso en pagos, una manta pedía regularización de empleos y, si bien su atención corresponde al gobierno en funciones, el motivo de que se plantaran ahí, es por lo que se les viene encima.

Abona a la inquietud y malestar burocrático, la propuesta de cambiar la sede de la mayoría de las dependencias y entidades públicas a los estados. En este caso, el pasado 25 de septiembre, López Obrador anunció en Tlaxcala que la primera dependencia en cambiarse, precisamente a esa ciudad, sería la secretaría de Cultura, lo que ya había concensuado con el gobernador Marco Antonio Mena.

Pero nadie de su equipo, ni siquiera la futura secretaria del ramo, Alejandro Fraustro, había –ya no digamos concensuado– hablado con los 7 mil trabajadores cuya incertidumbre laboral se agrava ante el dicho anuncio y presagia la inconformidad generalizada entre los trabajadores al servicio del estado.

El plan descentralizador, en cuanto a infraestructura y personal, no parece tan buena idea, o al menos, más allá de la espectacularidad declarativa, no ha sido suficientemente explicado en un momento de vulnerabilidad laboral, donde subyace la justa indignación por las condiciones precarias pre existentes, que pronto, sumará adeptos del resto de la burocracia federal.

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