Aníbal Feymen

En entregas anteriores brindamos elementos que demuestran que la Reforma Energética fue diseñada por el gobierno norteamericano de acuerdo con sus intereses energéticos e impuesta a México como una necesidad estratégica para impulsar el proyecto de expansión imperialista anglosajón (Ver La Reforma Energética se diseñó en Estados Unidos). Así, el gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto, se aprestó a implementar las modificaciones constitucionales necesarias para concretar los objetivos de la administración estadounidense.

La aprobación y posterior implementación de la Reforma Energética promueve y otorga la mayor de las seguridades a los enormes consorcios trasnacionales otorgando a sus labores prioridad sobre cualquier otra actividad relacionada con el uso de la superficie y el subsuelo e, incluso, imponiendo la servidumbre y permitiendo, por ley, afectaciones al medio ambiente y, desde luego, a los derechos humanos. En otras palabras, la reforma constitucional en materia energética así como las leyes y reglamentos que de ella emanan otorgan una enorme impunidad a las empresas privadas.

Sin embargo, esta ventajosa legislación parece ser insuficiente para la apetencia energética del imperialismo norteamericano. Muestra de ello son las dolosas imposiciones que, nuevamente, el gobierno estadounidense implanta a la inválida soberanía mexicana en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte el cual ha sido falazmente presentado como un triunfo diplomático tanto del actual como del futuro gobierno de México.

 

Un mecanismo que obliga a México a la renuncia de su soberanía energética

El tratado de comercio trilateral USMCA incluye en su texto el mecanismo de disputas inversionistas-Estado (ISDS por su siglas en inglés) que impone al Estado mexicano pagos multimillonarios a las empresas petroleras y de telecomunicaciones en caso de que éste imponga nuevas regulaciones o requerimientos que a juicio de los consorcios les sean desventajosos. No nos queda duda de que este es un mecanismo para impedir que nuestro país ejerza su soberanía energética. Consideramos que el verdadero sentido de esta lesiva imposición es liquidar el derecho social y medioambiental así como conseguir que el Estado mexicano ceda su soberanía a las empresas trasnacionales.

El sistema de solución de disputas inversionistas-Estado que se incluye en el USMCA no es algo inédito, éste se incluye en cientos de tratados internacionales. Es un mecanismo que permite a los inversionistas extranjeros demandar a los gobiernos ante tribunales internacionales si consideran que las modificaciones que éstos realicen en torno a la protección del medio ambiente o a la salud de los habitantes domiciliados en los alrededores de la empresa afectan sus ganancias. Demandas tramposas que eluden los tribunales nacionales y que son escuchados por tres abogados privados que detentan la autoridad y el poder de decidir entre el interés público o el beneficio privado. Desde luego que la experiencia empírica muestra que los tribunales que se basan en este mecanismo han garantizado en todo el mundo ganancias multimillonarias a las empresas transnacionales a costa del interés público. Por ejemplo, en América Latina son muchos los consorcios que han utilizado el mecanismo referido para demandar a los Estados latinoamericanos impactando directamente sobre su capacidad para regular y sancionar los daños sociales, ambientales y económicos que provocan las empresas privadas.

De acuerdo con el portal ISDS Impactos (Ver), América Latina y el Caribe representan el 28.6 % de las demandas conocidas a nivel mundial. El 23 % del total de las demandas en Latinoamérica están relacionadas con la minería y la extracción de petróleo y gas. Es de notar que en el 70 % de los casos resultó vencedora la empresa inversora. México es de los países más demandados del continente con 27 juicios, sólo detrás de Argentina y Venezuela con 60 y 44 querellas respectivamente.

 

Un tratado a la medida de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos

Un artículo del nuevo acuerdo comercial muestra todo el contenido injerencista de la política de Estados Unidos hacia nuestro país. El artículo 32 del USMCA bajo el título de Non-Market Country (FTA) impone a México rígidas estipulaciones que le impiden celebrar acuerdos comerciales con potencias imperialistas rivales a los intereses geopolíticos norteamericanos. Un análisis elaborado por la organización mexicana Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) expresa acertadamente –de acuerdo al contenido de este artículo– que la firma y posible ratificación del tratado comercial trilateral “compromete la independencia de la política exterior mexicana”.

La redacción del artículo 32 expresa claramente que el acuerdo de libre comercio se suma a las acciones intervencionistas del gobierno de Donald Trump mediante las cuales ha subordinado el desarrollo mexicano a los intereses expansionistas del imperialismo anglosajón.

A pesar de haber sido presentado como un triunfo del gobierno mexicano, el USMCA no es otra cosa que un deleznable acto de servilismo y sumisión del gobierno de Peña Nieto y un acto de lisonja del próximo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, hacia la administración Trump.

El gobierno saliente ha probado con creces su absoluta sujeción a los dictados del imperialismo estadounidense; nada nuevo, pues. Pero lo que sí resulta un acto de cinismo sin par es el descaro manifiesto en AMLO, próximo ejecutivo mexicano, cuando presume con tono de orgullo que los funcionarios a su mando entregaron las propuestas que destrabaron la negociación. Este tratado no parece encontrarse a tono con la tan pregonada Cuarta Transformación que en los hechos ha resultado ser más de lo mismo, por lo menos en materia de independencia política y verdadera defensa de los intereses de la nación que tanto ha alardeado el futuro gobierno; un gobierno que –como dicen sus incondicionales– aún no entra en funciones pero, lamentablemente, ya avaló que el imperialismo siga violentando nuestra soberanía.

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