Arturo Rodríguez García / Imagen: Proceso Foto

En el año 2003, una noticia se desplegó en las secciones policiacas de los diarios locales en Coahuila: dos migrantes hondureños habían sido lapidados en las inmediaciones de una ruta ferroviaria y uno de ellos, Ismael de Jesús Martínez Ortiz, murió en el ataque.

La agresión fue perpetrada por agentes de una empresa de seguridad privada, responsable de custodiar los trenes, a la que precedían numerosas denuncias contra sus guardias por agresiones a migrantes en tránsito que, al seguir naturalmente su camino, dejaban procesos inconclusos y, por ende, agresores en la impunidad.

Hasta entonces, no se había difundido un dato de especial relevancia: la empresa de seguridad era propiedad de Miguel Nazar Haro, el sanguinario exjefe de la Dirección Federal de Seguridad.

Durante varias semanas el sobreviviente del ataque, Germán Turcio Bonilla, convaleció en un hospital y luego fue alojado en un hotel que las instancias policiacas de aquella entidad solían destinar a la custodia de personas en arraigo. La víctima era sometida así a un encierro próximo a la prisión, con el propósito de que se mantuviera en la ciudad y siguiera el proceso por homicidio, hasta que el obispo Raúl Vera y el sacerdote, Pedro Pantoja, consiguieron asumir su manutención y alojamiento.

Aquel episodio consolidó la fama que para entonces se había ganado Saltillo por la violencia contra migrantes y que, sin embargo, en 2007, se extendería a toda la ruta migratoria desde la frontera sur hasta la frontera norte, teniendo como perpetradores ya no a las empresas de seguridad sino de una entelequia: el crimen organizado que, se decía, sometía a todas las instituciones, inclusive al Instituto Nacional de Migración.

Una vez más, como ocurre con dirigentes sociales, periodistas, opositores o cualquiera que resulte incómodo para los intereses políticos o económicos, y es victimado, el Estado tiene la coartada era perfecta al desaparecer y asesinar migrantes, porque no tendrá responsables más que –a veces y sólo bajo presión interna y externa– a algunos miserables, identificados como sicarios al momento de ser presentados, gente sin muchas posibilidades de defensa. Difícil sin embargo era, articular respecto a agresiones, asesinatos y crímenes, cuál era el negocio que es el objetivo primero y último de un grupo criminal.

Quizás por ello, el siguiente paso fue endilgarles “el crimen” a los migrantes, con filtraciones sobre presuntas operaciones ilícitas –que el pretexto del narco da para todo–, sobreexponer aquellos crímenes en los que presuntamente había incurrido algún caminante, magnificar un robo de famélico y establecer una opinión xenófoba a pequeña escala, en ciudades y cruces fronterizos, donde deambulan migrantes con el hambre a rastras.

Si una estampa me resulta memorable de las fronteras que he conocido es, por lo dramática, la de Tecún Umán-Frontera Hidalgo, con su ir y venir de mercancías en balsas de entarimado y llanta vieja; con piquetes de soldados que atestiguan el libre tránsito de personas y la versión más dolorosa de libre comercio, a través del Suchiate, ámbito espacial del intercambio de miserias.

A tres lustros de haberla atravesado, me sorprendo hoy en las crónicas, leyendo que las condiciones de esa frontera son las mismas y que sólo ante la caravana migrante cambiaron momentáneamente, mientras los cuerpos de seguridad del Estado se expusieron víctimas; otro cambio es porque la incursión de la pobreza en masa exaltó el largo trabajo de inculturación xenófoba; y finalmente, un cambio más es porque la visibilidad de la caravana ocurre en un momento electoral clave para el estadunidense Donald Trump.

Desde aquel 2003 hasta ahora, una conclusión: con marca privada, anónima o gubernamental, sin beneficiario conocido, en México, por sistema, se sigue lapidando literal y simbólicamente, a Ismael y Germán, mientras un cierto sector de la sociedad mexicana festina con ruindad.

 

 

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