Aníbal Feymen / Imagen: Proceso Foto

El régimen surgido de la Revolución Mexicana puede ser caracterizado como un sistema político de línea populista cuyo objetivo esencial fue conjurar todo contenido netamente revolucionario mediante la manipulación de las masas populares a través de la satisfacción de demandas acotadas. Así, con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia, las clases populares fueron enclavadas en un sistema corporativo desarrollado por el partido oficial y organizaciones sindicales semioficiales. Todo esto de la mano de un gobierno paternalista y autoritario que dotó al ejecutivo de poderes extraordinarios que le adjudicaron un dominio absoluto sobre los conflictos entre los trabajadores y sus patrones bajo la estrategia de la conciliación de las clases sociales y apremiando a todos los grupos a convivir bajo el mismo régimen político, pero garantizando en todo momento el apoyo total a la clase capitalista, de la cual se hizo depender el desarrollo del país.

Entonces, la política de masas del cardenismo, que implicó la mencionada conciliación de clases, donde las demandas de las clases trabajadoras se disgregan en el concepto de nación mexicana, o sea, en un nacionalismo recalcitrante. Mediante esta política implementada por Cárdenas el Estado se ligó –ya fuera directamente o mediante los líderes sindicales– con la clase trabajadora para así manipularla e integrarla al sistema político dominante. Con ello, el régimen garantizó la utilización de los obreros para realizar los objetivos que el Estado capitalista consideró indispensables para su desarrollo. Es en este periodo cardenista donde el corporativismo iniciado por Obregón se refina y alcanza a los sectores de trabajadores no corporativizados como los sindicatos de petroleros y ferrocarrileros. Desde entonces, los petroleros han padecido un férreo control político e ideológico por parte del Estado.

Sin embargo, durante este año, el triunfo electoral del partido Morena y de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, ha traído en el sindicato petrolero –brutalmente controlado por el violento cacicazgo de Carlos Romero Deschamps– nuevos aires de lucha y democratización gremial. El  surgimiento de diversos grupos de petroleros disidentes al interior del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) muestran que la inconformidad en la dirección de su estructura sindical se ha acrecentado.

No obstante, los diversos grupos disidentes entre los que destacan el Movimiento de Regeneración Nacional Obrero Sindical (Morenos), Grupo Unido Regeneración Sindical (GURS), Movimiento Nacional de Transformación Petrolera (MNTP) y Petroleros Activos en Evolución (PAE), entre otros, han tenido un común denominador: todos ellos reivindican como principio democratizador su filiación morenista y su absoluta lealtad a AMLO y a su denominada Cuarta Transformación. De manera idéntica a las campañas electorales todos ellos hacen su proselitismo amparados en la figura del presidente electo y en la de su partido político. Los petroleros disidentes parecieran no darse cuenta que el grupo ante el que se encuentran postrados será su futura patronal y, como tal, su función será escamotear derechos contractuales a los obreros, justo como cualquier otra.

De hecho, los petroleros democráticos –aunque algunos de ellos no lo son tanto; es más, en otro tiempo estuvieron estrechamente ligados al cacicazgo de Romero– han llegado al extremo de gestionar la democratización con legisladores de Morena. Los petroleros disidentes han preferido inclinarse ante sujetos de dudosa convicción democrática como el senador Salomón Jara o la senadora y petrolera, Cecilia Sánchez, otrora influyente operadora del charro Víctor Kidnie en la sección 47 del sindicato, que realizar trabajo entre la alicaída base petrolera.

Pero esta situación en el sindicato petrolero no es imprevista por el futuro gobierno obradorista, al contrario, destaca por su cálculo a la luz de la política obrera que implementará el próximo presidente.

Si bien es cierto que varios grupos disidentes han trabajado por la democratización del sindicato desde antes de la pasada coyuntura electoral, no es menos cierto que los operadores de Morena se han lanzado a tirar línea a los grupos que apadrinan. El inicio de esta maniobra política se da en Salina Cruz, Oaxaca el pasado 14 de septiembre. Mediante sendos mensajes videograbados y ampliamente difundidos, los senadores de Morena Ricardo Monreal y Salomón Jara expresaron estar plenamente comprometidos con la democratización del sindicato petrolero y saludaron el encuentro donde estaría presente, en representación del senado, el propio Jara. Desde allí este grupo ajeno al sindicato inició su camino para colocar una representación sindical de acuerdo con sus propios intereses. En ese foro se llamó de manera tramposa al resto de las disidencias a una ferviente unidad, bajo la premisa de que quien no estuviese de acuerdo con esta unidad a modo y subordinada, estaría entonces haciéndole el juego a Romero Deschamps.

A pesar de que los organizadores del encuentro en Salina Cruz dijeron haber contado con la participación de representantes de las 36 secciones sindicales, los deslindes al evento no se hicieron esperar entre los dirigentes petroleros. Los llamados a la unidad de las disidencias no parecían avanzar en la forma esperada. Así que Jara echó mano de una aliada en el senado: Cecilia Sánchez, quien logró dar pasos más certeros en los llamados a la unidad de los grupos disidentes. Así, los líderes de las “fracciones democráticas” comenzaron a desfilar cotidianamente por el Senado de la República; concretamente en reuniones con Jara y Sánchez quienes tejen finamente su estrategia política con la anuencia de algunos petroleros y la candidez de otros.

Al interior del sindicato se acercaba el momento de concretar la primera parte de la democratización sindical: la elección de los seccionales. Romero Deschamps operaba a marchas forzadas para evitar ir a las elecciones mediante voto secreto y directo –como lo había expresado vehementemente AMLO en cada oportunidad que tenía para fustigar el caciquismo charril de Romero–. López Obrador y su primer círculo de poder han sostenido insistentemente que no intervendrán en las elecciones de ningún sindicato y en particular en el petrolero, aunque no ha dejado de garantizar que habrá democracia sindical. Pero no todos los petroleros siguen incondicionalmente al próximo presidente y poco a poco comienzan a alzar su voz exigiendo, aún débilmente, que Morena saque las manos de la elección del STPRM y que se haga valer el respeto total a la autonomía sindical.

Ante este complejo panorama, el pasado martes 16 de octubre todo se clarificó. Después de una reunión urgente realizada entre las próximas secretarias de Energía y Gobernación, Rocío Nahle y Olga Sánchez Cordero respectivamente; los actuales secretarios del Trabajo, Roberto Campa, y de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el Secretario General del STPRM, Carlos Romero Deschamps, las futuras secretarias de Estado realizaron una conferencia de prensa para validar la convocatoria que el sindicato petrolero había emitido en varias secciones sindicales para la renovación de sus carteras. O sea, en otras palabras, Nahle y Sánchez Cordero validaron el albazo impositivo del cacique Romero.

La respuesta de los grupos disidentes no se hizo esperar y lanzaron el llamado a que las planillas no se registraran como indicaba la convocatoria, emitida ese mismo día, para no validar así las fraudulentas elecciones impuestas por el charrismo. Ante este llamado las dos futuras integrantes del gabinete obradorista, Nahle y Sánchez Cordero, condenaron el hecho desestimándolo y solicitando que los trabajadores participaran en los comicios pues –aseguraron– sería la primera vez que se elegiría de forma libre y secreta a los representantes sindicales. Las funcionarias insistieron en el llamado a pesar de que la convocatoria explicitaba que la elección sería mediante el sistema de escrutinio que no se caracteriza necesariamente por ser libre o secreto.

A la luz de estos acontecimientos es claro que los senadores morenistas Salomón Jara y Cecilia Sánchez, de la mano de Ricardo Monreal, se fueron por la libre buscando obtener una posición privilegiada al interior de Morena y del propio sindicato y obviando los acuerdos que estableció la plana mayor de su partido con el propio Romero Deschamps. La fuerza del cacique sindical aún es bastante para continuar garantizando la centralización y control del gremio petrolero. Un servicio que necesita AMLO para sacar adelante la subordinada política energética de su gobierno. No nos queda duda de la importancia de mantener el control de los trabajadores para el régimen obradorista, y para  ello estará siempre dispuesto a establecer acuerdos e imponer su disciplina a la aristocracia obrera, ya sea representada por Romero Deschamps o por Gómez Urritia, senador morenista y dirigente charro del sindicato minero.

Lamentablemente, gran parte de los trabajadores disidentes siguen creyendo que será López Obrador quien, al tomar el cargo de manera formal, llevará la democracia a las filas del sindicato petrolero y desterrará el cacicazgo de Romero Deschamps. Consideramos que esto no será así, y como muestra baste escuchar el discurso que el presidente electo dio en su última visita a Ciudad del Carmen, Campeche, donde los petroleros allí presentes le exigieron castigo al corrupto dirigente de la sección 47, Victor Kidnie. La solicitud fue rechazada por AMLO con un rotundo no: “tuve que entrarle a este tema [el sindical] por aquellos que estaban coreando fuera Víctor [Kidnie], no vamos a perseguir a nadie, tenemos que reconciliarnos”. También de este acuerdo se entiende el regaño que durante el mismo evento propinó a la senadora Cecilia Sánchez quien no pierde la esperanza de encabezar, formalmente o de facto, el gremio petrolero y para ello seguirá citando a los disidentes a su oficina en el senado. Muchas cosas se seguirán moviendo en el sindicato petrolero, menos la democracia y la autonomía sindical.

En el pasado, la clave que utilizó Lázaro Cárdenas durante su gobierno para controlar a un combativo movimiento obrero fue el corporativismo y la imposición de líderes charros en los gremios estratégicos para el desarrollo del capitalismo en México. Ese mismo corporativismo que hasta nuestros días mantiene maniatada y subyugada a la clase obrera mexicana y que históricamente se ha identificado con el autoritarismo priísta. AMLO sabe bien que la clave de la estabilidad social y económica de su gobierno es, efectivamente, el corporativismo; pero un corporativismo leal a su proyecto de nación y para lograrlo será necesario desmontar la maquinaria de lealtades priístas y sustituirla por una creada de acuerdo con sus necesidades. Mantendrá a Romero hasta que sus cuadros le garanticen el desalojo definitivo del vetusto y corrompido dirigente. Un nuevo corporativismo, idéntico al viejo, es lo que necesita el próximo gobierno que, seguramente, sabrá esperar con paciencia.

Y este panorama no lo deberán perder de vista los verdaderos trabajadores democráticos del sindicato petrolero si es que en realidad desean construir una organización obrera con independencia de clase y autonomía sindical. La fuerza de Romero es aún considerable para aplastar cualquier disidencia si ésta no se atreve a refinar su organización de base y a desplegar su potente lucha proletaria. Es hora de que los petroleros resuelvan la disyuntiva en que se encuentran: o mendigar al próximo gobierno que les resuelva sus necesidades de democracia y ponerse a la cola de su patronal, o conquistarla mediante la agitación política, la organización de base, la concientización y la movilización para aspirar a alcanzar su propia emancipación.

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