Arturo Rodríguez García

El anuncio sobre una amnistía que en diciembre de 2017 –aun dirigente de Morena de manera oficial, en campaña presidencial de hecho–, hiciera Andrés Manuel López Obrador en Guerrero, fue uno de los temas más polémicos de la discusión electoral que, ya en el largo período de transición, se tornó espinoso, especialmente en el tratamiento que se le ha dado en las mesas de diálogo con víctimas.

Entre confusiones conceptuales y cierta insensibilidad ante los reclamos de justicia, o bien, con malabares que en diferentes momentos han tenido que practicar lo mismo Olga Sánchez Cordero que los equipos bajo su responsabilidad, el tema pasó de ser un ariete malintencionado de los adversarios de López Obrador, a un asunto que en lo discreto ha generado el malestar de las víctimas.

Una discusión absurda se ha centrado entre el ambiguo y confesional llamado al perdón, para la reconciliación nacional –asunto este en el que el lopezobradorismo no es verbalmente ejemplar–, con la posición que expresa la inquietud natural resporla impunidad que parece ofertarse a perpetradores de atrocidades.

El pasado 29 de octubre, el equipo de Alejandro Encinas, perfilado como próximo subsecretario de Gobernación, encontró un ámbito de la amnistía que sí es necesaria y que daría legitimidad a la propuesta, y podría restaurar un poco de la justicia negada con motivación política a lo largo de los últimos sexenios y señaladamente del que agoniza, poniendo en libertad a dirigentes políticos y sociales, que están presos.

Se trata de una propuesta de ley y un listado de personas presentadas por el Comité Cerezo México a Félix Santana, colaborador del futuro subsecretario.

La lista incluye a 230 luchadores sociales que han sido encarcelados y sometidos a procesos judiciales, acusados de delitos varios, mientras se oponían mayoritariamente a megaproyectos energéticos, mineros, de infraestructura o relacionados con políticas públicas derivadas de las reformas estructurales como la educativa.

No es la primera vez que me refiero al trabajo que dicha organización, coordinada por los hermanos Emiliana, Francisco, Antonio, Héctor y Alejandro Cerezo Contreras –los tres últimos expresos políticos—, han desarrollado desde hace 17 años y a la forma en la que han documentado el proceso represivo en México.

El del Comité Cerezo es un documento bien articulado, pues desde 2002 han propuesto una y otra vez la construcción de una amnistía como instrumento jurídico que con el paso del tiempo han perfeccionado.

La propuesta no sólo incluye a quienes están actualmente presos, sino que agrega a quienes han padecido prisión, judicialización y estigmatización, por el actuar autoritario de los gobiernos, y que suma a más 4 mil detenidos por motivos políticos tan sólo en los últimos 12 años.

En una carta dirigida a Alejandro Encinas, anexa a la propuesta entregada, llaman la atención sobre la relevancia del asunto en un momento de esperanza democrática:

“Creemos que el gobierno democrático está obligado a sacar del olvido que significa la prisión política a todos los defensores de derechos humanos y luchadores sociales que han sido o están siendo castigados con la prisión, la judicialización y el estigma de haber pisado la cárcel por su labor en pro de los derechos humanos y de la democracia en nuestro país”.

El planteamiento de los Cerezo no es nuevo y es absolutamente coincidente con lo dicho por López Obrador en su cierre de campaña, en su discurso triunfal del 1 de julio y en diferentes escenarios. La propuesta está ya en manos de su equipo transicional que, por su relevancia y hasta por ser salida al laberinto amnistioso del último año, tendría que convertirse en prioridad.

 

Adenda:

Unknown

Este 6 de noviembre, se cumplen 42 años desde la fundación de la revista Proceso. Es una historia que, por origen y vocación, ha tenido por eje editorial el registro de los excesos del presidencialismo mexicano. Durante dos décadas, hizo honor a su lema: “La lectura imprescindible”. Y lo era en tiempos de hegemonía política y control absoluto sobre los medios.

Ante la apertura y la llamada transición de los noventa, adoptó uno nuevo que siguió haciendo honor a su vocación, sin filiación a proyecto político ni ideología alguna: “periodismo sin concesiones”.

Son 42 años, de los que personalmente he sido parte, como reportero, los últimos tres lustros. Por eso aseguro, jamás he recibido línea ni censura y puedo afirmar: Proceso es un espacio de libertad como ninguno. La ocasión es propicia para reivindicar la sentida expresión de nuestros aniversarios: Así somos y aquí estamos.

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