Aníbal Feymen

El agua dulce es un elemento físico indispensable para la vida y en el que para su formación no media proceso de producción humano alguno; nos referimos, desde luego, a su creación química propiamente sin atender su proceso de potabilización, transporte, entubado, etc. Vaya, aludimos a lo que en la literatura marxista se denomina como valor de uso. “La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso. Pero esta utilidad de los objetos no flota en el aire. Es algo que está condicionado por las cualidades materiales de la mercancía y que no puede existir sin ellas. Lo que constituye un valor de uso o un bien es, por tanto, la materialidad de la mercancía misma (…). Y este carácter de la mercancía no depende de que la apropiación de sus cualidades útiles cueste al hombre mucho o poco trabajo. (…) El valor de uso sólo toma cuerpo en el uso o consumo de los objetos. Los valores de uso forman el contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma social de ésta” (Marx, K. El Capital, Tomo I, FCE, p. 4).

En este sentido, al ser el agua dulce un valor de uso, se convierte propiamente en un bien común, en oposición a lo que expresa todo valor de cambio. Los valores de uso representan, ante todo, cualidades distintas; como valores de cambio, “sólo se distinguen por la cantidad: no encierran, por tanto, ni un átomo de valor de uso” (Ibidem, p. 5). Así, el concepto de bien común ha tenido una relevancia fundamental en la construcción jurídica del Estado. El agua como bien común es un recurso de uso común, o sea del dominio público.

Empero, ¿cómo es que el agua, que representa un elemento común a todos por derecho natural, que es un valor de uso, se encuentra en la lógica de convertirse en un valor de cambio, o sea en una mercancía más? Cabe aclarar que sobre esta interrogante hacemos referencia al concepto “mercancía”, la cual posee cualidades dialécticamente particulares e inherentes a ella como son su sustancia –o trabajo humano incorporado–, su magnitud –que refiere al tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción– y, finalmente, su forma o propiamente valor de cambio. Esta mutación en sus valores conviene revisarla a la luz de la actual comercialización del recurso hídrico.

Hoy día cerca del 95% del abastecimiento del agua potable está bajo responsabilidad de los gobiernos nacionales. Sin embargo, la actual política económica mundial busca exactamente lo contrario: que el Estado sea mínimo y que la dinámica económica de el agua se someta a la ley de la oferta y la demanda que regula el libre mercado. Luego entonces, no resulta extraño que sean las políticas implementadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través de organismos como el Consejo Mundial del Agua (CMA) o la Asociación Mundial del Agua (AMA) quienes desde la instrumentación, cada tres años, del Foro Mundial del Agua apuntalan los “análisis oficiales” donde se “demuestra” la gravedad del problema del agua y, con ello, instrumenten las recomendaciones pertinentes tendientes a la privatización del sector estratégico.

De acuerdo con estudios elaborados por el Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop) desde finales del siglo pasado se hace evidente la fuerte injerencia de dichos organismos internacionales a través de los Foros Mundiales del Agua, pues desde inicios de la década de los años noventa los organismos financieros internacionales crearon el CMA y la AMA para desarrollar, en 1996, el primer Foro Mundial con el propósito de “consolidar el proceso de privatización del manejo del agua a nivel planetario”. Para lograr este propósito, las tareas que se ha planteado dicho Foro son:

  • Elaboración de diagnóstico y plan de acción mundial para que las empresas puedan aprovechar el agua como recurso económico y dejar de considerarla como un recurso natural en las leyes nacionales.
  • Promover la idea de la “crisis del agua”
  • Promover cada tres años el Foro Mundial con la finalidad de diagnosticar y avanzar sobre el proceso de privatización del agua a nivel mundial.

Asimismo, la Casifop argumenta que antes de cada Foro se inicia una campaña de “sensibilización a la población” para generar la idea de crisis, centrada fundamentalmente en la percepción de escasez inminente y poner, como parte de la construcción de este sistema hegemónico imperialista, el terreno dispuesto para la inversión de trasnacionales sin la excitación de la sociedad.

Ante todo esto lo que vemos no es precisamente una política a nivel global tendiente a resolver la crisis del agua, por el contrario, lo que se intenta es lograr abrir un mercado mundial del agua a las trasnacionales donde les espera un mercado de 22 mil millones de dólares anuales. La situación se torna más grave cuando reflexionamos que un valor de uso, un bien del dominio público, se otorga para el usufructo de unos cuantos; cuando los gobiernos nacionales –particularmente de los países de economías dependiente– han hecho hasta lo imposible por poner en bandeja de plata el recurso hídrico. Todo esto constituye un delito contra la humanidad pues lo que se está concretando es la enajenación de un derecho humano fundamental.

Debido a la dura competencia capitalista, la explotación del agua se ha incrementado buscando acrecentar las ganancias para los grandes consorcios trasnacionales como la Veolina Water y Onedo, de Francia; Centrales Eléctricas de Renania-Wesfalia (RWE), de Alemania; o la Thames Water de Inglaterra, por ejemplo. Estas trasnacionales se encuentran entre las 50 empresas más grandes del mundo. Toda esta necesidad de incrementar las ganancias netas para los empresarios se inserta como paliativo de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, crisis estructural del capitalismo que representa una de sus más profundas contradicciones. No extrañe a nadie que sean los países dependientes los utilizados por las potencias imperialistas para el saqueo de sus recursos estratégicos, como el caso del agua.

En México, la crisis del agua ha tenido efectos negativos para la población, principalmente generados por la promoción, casi secreta, de la privatización del servicio de agua potable.

Desde finales del siglo pasado algunas empresas trasnacionales controlan el servicio de agua potable en seis ciudades México. Las primeras concesiones datan de 1993 y los principales beneficiarios han sido la empresa francesa Suez-Grupo Peñoles y Vivendi-ICA. Las ciudades en que operan las trasnacionales en el “mercado” del agua son:

Aguascalientes, donde opera Vivendi-ICA, desde 1995, una concesión de 30 años donde no hubo licitación de por medio. El servicio fue pésimo, generó tensión social e incluso la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tuvo que entrar a escena con un fuerte rescate.

Ciudad de México, donde operan en cuatro regiones administrativas Vivendi-ICA, Suez-Grupo Peñoles, Tecsa y United Utilities-Grupo Gutsa, desde el año 1993. La operación ha dado malos resultados. En 2003, el entonces titular del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador –actual presidente electo de México–, renovó las concesiones con cada trasnacional sin consulta pública y sin modificar los ventajosos contratos que poseen los imperialistas.

Desde el año 2001 opera en Saltillo la trasnacional española Aguas de Barcelona una concesión de 25 años con terribles resultados que han generado tensión social; y, finalmente, las ciudades de Cancún, Acapulco y Navojoa son operadas por Suez-Grupo Peñoles. Esta privatización en México también ha lanzado sus brazos hacia el mercado rural del agua. De acuerdo con estudios de la Casifop, desde 2004 las presas y los pozos acuíferos comenzaron un proceso de privatización intenso.

De acuerdo con estudios realizados por Andrés Barreda, de Casifop, y por Tony Clarke, de Polaris Institute, la privatización del recurso hídrico en México, así como en la mayor parte de las reservas acuíferas de América Latina, se realiza bajo diferentes modalidades como son la privatización de territorios y biorregiones enteras para garantizarse el uso monopólico del recurso, o sea la privatización del territorio. La privatización por desviación de aguas mediante la construcción de represas, hidrovías y desviación de ríos de sus cauces naturales para abastecer zonas de alto consumo industrial, agroindustrial y urbano.

Igualmente, la privatización se desarrolla mediante la contaminación que generan diversas industrias, fundamentalmente minera, petrolera y eléctrica, así como la contaminación por agrotóxicos, que se apropian del recurso hídrico. Otra forma de enajenar el agua es mediante la privatización los servicios municipales de agua a través de concesiones y contratos de servicios múltiples donde las trasnacionales se apropian de las redes de distribución y plantas purificadoras, fijando las condiciones de su acceso y tarifas a la población.

El embotellamiento de agua es una forma generalizada de privatización del recurso hídrico. Empresas como Coca-Cola, Pepsico, Nestlé y Danone han sido beneficiarias de permisos ridículamente baratos de explotación de fuentes de agua.

Finalmente, hemos visto que el agua como valor de uso es un recurso del dominio público; este dominio público del bien común es un derecho humano natural y se consagra en los marcos jurídicos nacionales, en el derecho positivo. Sin embargo, la competencia capitalista arropada en las políticas neoliberales intentan erradicar ese derecho inherente a la vida humana en aras de resolver las contradicciones de la disminución de la ganancia en la competencia económica.

Ante este funesto panorama generado por el despojo que el imperialismo hace de tan importante recurso estratégico en nuestro país, compartimos una reflexión del ecologista John Bellamy Foster acerca del camino que deben seguir los pueblos de los países dependientes en la decidida defensa de sus recursos naturales y energéticos: “Una revolución ecológica digna de ese nombre solamente puede ocurrir como parte de una más amplia revolución social, e insistiré, una revolución socialista. Tal revolución, si ha de generar las condiciones de igualdad, sustentabilidad y libertad humana dignas de una genuina gran transición, necesariamente extraerá su mayor ímpetu de las luchas de las poblaciones trabajadoras y de las comunidades en el fondo de la jerarquía global capitalista. Y demandaría, como insistió Marx, que los productores asociados regulen racionalmente la relación metabólica humana con la naturaleza. Y se vería la riqueza y el desarrollo humano en términos radicalmente diferentes que en la sociedad capitalista”.

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