Aníbal Feymen

Primero artículo de la serie mediante la cual pretendemos develar el contenido clasista del poder político y el verdadero carácter histórico del Estado mexicano y su total subordinación a la dinámica de reproducción capitalista y, con ello, demostrar que la oferta del próximo nuevo régimen de gobierno de “separar el poder económico del poder político”  no es otra cosa que una simulación que busca dar la apariencia de que todo cambia, para que todo siga igual.

Primera Parte

Durante la campaña por la presidencia de la República, el candidato del partido Morena insistió una y otra vez en que en caso de ser presidente separaría el poder económico del poder político. Esta oferta ha generado diversas expectativas en la sociedad pues, sin duda, la población ubica a la clase empresarial mexicana como un grupo voraz y mezquino que se enriquece a través de negocios privilegiados otorgados por el poder público y la corrupción que le caracteriza; o sea, una “minoría rapaz”, como la nombrara durante su campaña proselitista el hoy presidente electo. Sin embargo, a pesar de las promesas electorales, Andrés Manuel López Obrador parece estar cada vez más cerca de la iniciativa privada cumpliendo sus expectativas mercantiles y otorgando privilegios empresariales con negocios que le garantizan una jugosa obtención de utilidades a costa de la infraestructura y de los recursos naturales de la nación mexicana.

La cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su reubicación a la base aérea de Santa Lucía mediante una cuestionada “consulta popular”, hizo creer a muchos que, por fin, se ponía un alto a la “minoría rapaz” y a sus negocios caracterizados por la opacidad y la corrupción. Empero, durante la reunión que López Obrador sostuvo con los contratistas del aeropuerto de Texcoco, demostró una vez más que el poder económico, que tanto domina en este país, puede obligar al presidente en turno –sea electo o en funciones– a hacer arreglos de sobremesa donde la burguesía resulte, como siempre, ampliamente beneficiada.

A pesar de la creencia generalizada de que un Presidente de la República con firmeza y convicción democrática podría subordinar y dominar a la burguesía mexicana, la realidad resulta contraria a esta idea. El Estado no es un aparato que se sitúa por encima de las contradicciones y antagonismos de clase que experimenta la sociedad; por el contrario, es un aparato de dominación política al servicio de la clase dominante –en este caso de la burguesía– para garantizar su hegemonía sobre el resto de la población con la abierta finalidad de preservar su poder económico y mantener a salvo sus intereses.

Si bien resulta evidente que en diferentes momentos de la historia de México la relación entre el poder público y la burguesía se ha tornado conflictiva e, incluso, abiertamente confrontada, estas contradicciones en ningún momento se convierten en antagónicas ni mucho menos atentan contra los intereses de las clases empresariales ni contra el sistema de acumulación capitalista que el Estado busca perpetuar en beneficio de las clases hegemónicas. Así, podemos afirmar que el Estado –y sus instituciones jurídicas, políticas, culturales e ideológicas– es producto y manifestación de las luchas que las clases trabajadoras y subordinadas desatan en contra de las clases dominantes quienes históricamente basan su hegemonía en la explotación y la opresión de las capas populares en su propio beneficio. O, en otros términos, el Estado es la reproducción de un orden que legaliza y afianza la opresión amortiguando con ello los enfrentamientos entre las clases sociales.

Todas estos planteamientos los abordaremos puntualmente en los siguientes artículos que conformarán la presente serie. Por ahora, nos resulta necesario realizar una breve caracterización de la burguesía mexicana –hoy denominada “poder económico”–, que sirva como una introducción general de nuestras siguientes entregas.

 

Caracterización histórica del empresariado mexicano

Uno de los resultados más notables de la dinámica de clase en el México posrevolucionario ha sido el surgimiento de la burguesía nacional gracias a dos procesos interrelacionados: la actividad económica privada y la expansión de sector público. Estos procesos han dado como resultado la formación de un segmento económicamente dominante que incluyó a los “hombres de negocios” –involucrados en bienes raíces y en seguros, principalmente–, a los banqueros, industriales, comerciantes y a los grandes empresarios agrícolas.

El núcleo de segmento dominante consiste en unas 1,000 familias que ostentan la posesión de grandes fortunas. En este sentido, la distribución del ingreso en general está sesgado hacia la élite empresarial, cuyos beneficios históricamente se han expandido en forma creciente, fundamentalmente por la sistemática alza en la productividad basada en la superexplotación del trabajo y por el estancamiento en los niveles de salarios de las clases trabajadoras.

Asimismo, muchos burgueses mexicanos operan como intermediarios de los intereses imperialistas en la economía mexicana, dirigiendo las subsidiarias locales de las corporaciones trasnacionales o vinculando sus negocios a los intereses extranjeros en el campo financiero, tecnológico o comercial.

Si bien es cierto que la aristocracia latifundista ha sido históricamente eliminada desde el periodo que  abarca desde la Revolución Mexicana hasta el reparto agrario en el gobierno de Lázaro Cárdenas, en los contextos donde aún sobrevive no parece ocurrir un conflicto de intereses entre la burguesía y la oligarquía terrateniente. Por el contrario, los intereses agrícolas, los financieros e industriales se conjugan con frecuencia en los mismos grupos económicos, en las mismas compañías y aun en las mismas familias.

En el plano de sus intereses de clase, la burguesía muestra un grado creciente de cohesión interna. Así, la clase dominante se ha organizado históricamente en sectores que le permiten tomar posiciones cada vez más unificadas con relación a problemas referentes a sus intereses básicos. Los empresarios mexicanos han expandido mucho su influencia sobre las políticas gubernamentales que afectan al sector, mediante un número creciente de organizaciones de las grandes empresas. Estos grupos de presión se han convertido en instrumentos poderosos y eficaces de defensa de los intereses de las diversas fracciones de la burguesía.

Las organizaciones más importantes son la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO), la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), además de la Asociación de Banqueros de México. Todas estas son, por ley, “órganos de consulta del Estado para la satisfacción de las necesidades del comercio y la industria nacionales”, y en la práctica funcionan como un congreso de empresarios con influencia decisiva en los asuntos legislativos y administrativos del país. Son instituciones bien organizadas, bien financiadas, que recomiendan la legislación y proponen las políticas, ya sea por iniciativa propia o como comentaristas críticos de la legislación propuesta por el gobierno, y discuten con éste las posibles modificaciones de las políticas económicas y financieras. Cabe aclarar que estos grupos de interés no son homogéneos y presentan contradicciones entre sí aunque éstas, ciertamente, no son antagónicas Así, por ejemplo, tenemos que la CONCANACO siempre ha acostumbrado favorecer los intereses de la burguesía extranjera y el librecambio. Por el contrario, las políticas de la CONCAMIN históricamente han experimentado la influencia de su sección CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) que representa a los empresarios que estuvieron implicados en la expansión de la industrialización sustitutiva de importaciones en la década de los años cuarenta y cincuenta, durante el desarrollo del patrón de acumulación keynesiano en México; es la burguesía aglutinada en la CANACINTRA quienes lograron importantes fuentes de crédito, tarifas proteccionistas, exenciones fiscales y subsidios a la exportación por parte del Estado. Incluso esta burguesía industrial tomó una actitud de menor antagonismo hacia la fuerza obrera sindicalizada pues, desde su perspectiva, comprendieron que debían impulsar la regulación efectiva de los conflictos en el sector industrial y eso lo podrían lograr organizando bajo su mando a todos los grupos de interés implicados, pues mientras las fuerzas en conflicto se mantengan difusas y carezcan de unidad y de organización, la regulación es un hecho imposible. Es por ello que, históricamente, esta estrategia de la burguesía industrial incluyó una conciliación con la CTM en 1945 y una subsiguiente implicación de la mano de obra en sus planes de industrialización, con el objetivo evidente de neutralizar los sindicatos obreros y de reducir su eficacia como instrumento de lucha de los intereses obreros.

De esta manera, la burguesía participa directamente, y en el más alto nivel, en el proceso de toma de decisiones políticas, sin tener representación formal en el gobierno, pero usándolo como peón de sus intereses como clase hegemónica. Esta situación de abierta y total subordinación del Estado a los intereses de la burguesía hace que la alta burocracia estatal tenga que “acomodarse” a las presiones que recibe de los grupos de interés empresariales. Los aparentes conflictos entre el Estado y la burguesía, los ataques verbales de la élite política contra los capitalistas tienen que ver con este proceso y deben interpretarse como un juego de palabras populista y demagógico, destinado a mantener su “legitimidad” como representantes de los intereses populares; pero de ninguna manera indican un conflicto de intereses con la burguesía. La subordinación del Estado a los capitalistas es absoluta y total. De allí que quienes ocupan las más altas posiciones en el gobierno han sido reclutados por la burguesía durante mucho tiempo en los estratos medios.

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