Aníbal Feymen

Segundo artículo de la serie mediante la cual pretendemos develar el contenido clasista del poder político y el verdadero carácter histórico del Estado mexicano y su total subordinación a la dinámica de reproducción capitalista y, con ello, demostrar que la oferta del próximo nuevo régimen de gobierno de “separar el poder económico del poder político”  no es otra cosa que una simulación que busca dar la apariencia de que todo cambia, para que todo siga igual.

 Segunda Parte

 A lo largo del tiempo, la burguesía mexicana ha tenido diferentes niveles de participación y posturas ante el Estado en general, y ante el presidente en turno en particular. No es exagerado decir que los empresarios han diseñado diferentes estrategias de acción y discursivas ante tal o cual gobierno lo que, a lo largo de la historia, les ha garantizado de una u otra forma una influencia real en el diseño de políticas económicas nacionales. Sin embargo, de acuerdo a la orientación y política económica diseñada por cada presidente los empresarios han ido adoptando diferentes posturas que, en muchas ocasiones, los ha llevado a confrontarse con el gobierno.

Así, por ejemplo, durante el agotamiento del patrón económico keynesiano, también denominado Estado de bienestar, la burguesía mexicana cambió radicalmente la acción y actitud que hasta entonces había llevado con los gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana. Esta modificación en su relación con el poder político se debió fundamentalmente a lo que ellos denominaron discurso populistadel gobierno de Luis Echeverría, y por varios hechos concretos como el reconocimiento del gobierno mexicano a la presidencia de Salvador Allende en Chile; la muerte del empresario Eugenio Garza Sadaen manos de guerrilleros de la Liga Comunista 23 de Septiembre; la Ley de Asentamientos Humanosy, la expropiación de las tierras del Valle del Yaqui. Todos estos acontecimientos generaron una beligerancia manifiesta de los empresarios contra el gobierno.

Es en este contexto cuando surge, en 1975, el Consejo Coordinador Empresarial(CCE) con el fin de aglutinar a las organizaciones élite del empresariado mexicano como respuesta a las decisiones tomadas por Echeverría Álvarez. Con esta iniciativa, los empresarios rompían con las reglas en las que históricamente habían basado su relación con el gobierno. Ahora era común un discurso crítico y contestatario contra el Estado, así como su reclamo a la exclusión de la elaboración de políticas. Los empresarios, desde ahora, querían más poder e influencia ante el gobierno.

José López Portillo logró desactivar la crisis política y social debido a las medidas políticas y sociales que adoptó; por ejemplo, la Alianza para la Producción, la Reforma Políticay la Reforma Administrativa. Estas medidas sumadas al boom petrolero lograron atenuar las protestas y la actitud beligerante de la burguesía nacional. Sin embargo, las medidas estructurales que posibilitarían el desarrollo del aparato productivo nacional no se realizaron. No obstante las relaciones de cordialidad se restablecieron entre el gobierno y la iniciativa privada. Empero, a finales de 1982 la nacionalización de la banca reactivó la beligerancia empresarial contra el gobierno. Con la expropiación se rompió toda forma de acuerdo entre la burguesía y el Estado. La burguesía tomó posiciones políticas nunca antes vistas y su organización para la acción fue considerable: cuestionaron al sistema político mexicano, centrando sus baterías contra el presidencialismo, el corporativismo, la acción intervencionista del Estado en la economía e, incluso, cuestionó el sistema electoral imperante. Asimismo, la Iniciativa Privada se reorientó ideológicamente hacia el liberalismo económico y en su discurso se hizo presente la necesidad de apertura comercial y economía de mercado.

A nivel mundial, el patrón de acumulación capitalista estaba cambiando con acuerdo a las políticas económicas diseñadas por el Consenso de Washington. El denominado neoliberalismo se hegemonizaba en el mundo y las críticas estructuralesde la burguesía mexicana significaron, en los hechos, la exigencia al Estado mexicano de adoptar las políticas de libre mercado y apertura económica. La guía neoliberal orientó las políticas económicas de los gobiernos siguientes hasta hoy día.

Miguel de la Madrid hizo suyas las demandas de la burguesía y las incorporó íntegramente a su programa de gobierno, adoptando políticas como la modernización de la planta productiva, la eficiencia administrativa, desburocratización de algunas empresas paraestatales, austeridad económica del gobierno y el inicio de la liberación económica. La reconfiguración de las relaciones burguesía–Estado estaba en marcha sobre nuevas reglas de interacción. El opaco sexenio de Miguel de la Madrid representó para la burguesía una serie de cambios fundamentales en su reestructuración y autodefinición como actor político–social con mayor acción política y toma de decisiones.

El modelo económico y político, así como los programas de reestructuración económica neoliberal implementados por Carlos Salinas de Gortari tuvieron en la burguesía nacional un actor privilegiado que generó una amplia participación empresarial en la conducción del país. Las políticas de ajuste estructural y liberalización económica abrieron el mercado mexicano a la competencia exterior; por ello, la burguesía nacional tuvo la necesidad de modificar su organización y estructura interna. Esto generó que la pequeña y mediana empresa –al no contar con la infraestructura, el capital y los vínculos con el exterior– tendiera a la desaparición o a la absorción por parte de las empresas más grandes, quienes ya estaban en proceso de fusión con otras de igual tamaño.

En este contexto, el CCE participó activamente en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas económicas. Esta colaboración estrecha entre burguesía y gobierno encontró su punto más alto en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

No obstante la cordial relación entre la Iniciativa Privada y el Estado, el último año del gobierno de Salinas mostró una tensión en su relación. Hechos como el surgimiento del Ejércto Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el asesinato del candidato presidencial del PRI Luis D. Colosio, la convulsión política, así como los costos políticos y económicos de la apertura comercial y de la reestructuración económica alejaron de la armonía al Estado y a la burguesía e, incluso, se presentaron elementos de abierta confrontación. Esta crisis intentó ser resuelta en el gobierno Ernesto Zedillo.

Desde nuestra óptica, en el sexenio de Ernesto Zedillo la burguesía consolida su hegemonía. Consideramos que desde este gobierno se concreta la subordinación total del poder político al económico. Con Zedillo Ponce de León los empresarios mantuvieron una actitud de cercanía y cordialidad con el Estado. Una cierta estabilidadeconómica y la política de Terrorismo de Estado contra expresiones insurgentes de inconformidad –por ejemplo las masacres de Acteal, Aguas Blancas, El Charco y El Bosque– provocaron un ambiente de tranquilidad entre el empresariado.

Las demandas burguesas fundamentalmente giraron en torno a la inseguridad, la reforma fiscal, la reforma laboral, la educativa y la energética, así como el proceso electoral del año 2000. Sin embargo, los ajustes económicos y la apertura comercial continuaron poniendo a la burguesía nacional en el centro de las preferencias del gobierno. Se privatizaron una gran cantidad de paraestatales en beneficio de la Iniciativa Privada. El gobierno logró garantizar las demandas y satisfacer las necesidades de la burguesía sobre todo en mantener las variables macroeconómicas, fortalecer el crecimiento económico, apoyar a la pequeña y mediana industria, golpear al proletariado industrial y a los trabajadores en general.

En este sentido, la sucesión presidencial del año 2000 dejaría un campo bastante fértil para que la burguesía tomara el control absoluto del aparato de gobierno en la figura de un empresario ignorante y dicharachero con bajo perfil político y viable para ser objeto de manipulación e imposición por parte de la burguesía mexicana. Vicente Fox Quezada, títere de la burguesía nacional e internacional, daría paso a una participación inédita de la clase empresarial en el control y toma de decisiones del aparato de Estado.

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