Aníbal Feymen

Tercer artículo de la serie mediante la cual, el autor pretende develar el contenido clasista del poder político y el verdadero carácter histórico del Estado mexicano y su total subordinación a la dinámica de reproducción capitalista y, con ello, demostrar que la oferta del próximo nuevo régimen de gobierno de “separar el poder económico del poder político”  no es otra cosa que una simulación que busca dar la apariencia de que todo cambia, para que todo siga igual.

Tercera Parte

La burguesía como clase social no es homogénea; por el contrario, comprende una serie de disconformidades en torno a cómo deben desarrollarse las políticas de ajuste económico que permitan la reproducción de los ciclos de acumulación de capital y, desde luego, cómo resolver las recesiones a las que se enfrenta el capitalismo. Las contradicciones manifiestas entre segmentos empresariales resultan en una abierta confrontación política donde se trata de establecer el tipo de régimen que debe adoptar el subordinado poder político para la realización de las metas económicas que requiere el capitalismo para continuar con su dinamismo, de acuerdo a las concepciones teóricas e ideológicas de las grandes patronales monopólicas.

En este sentido, tenemos una fracción de la burguesía proclive a políticas de amplia liberalización económica, al libre comercio, a la reducción del gasto público y al adelgazamiento del aparato de Estado. Esta burguesía es a la que frecuentemente se le denomina neoliberal.

Por otra parte, la fracción empresarial que plantea que el aparato de Estado debe estar dotado de un amplio poder para controlar la economía en épocas de crisis; un control que debe ser ejercido mediante un amplio presupuesto público impulsando un Estado robusto y benefactor que permita estimular el incremento de la demanda de mercancías y el dinamismo económico. Los adeptos de esta política económica son los denominados keynesianos o partidarios del capitalismo burocrático “Estado  Benefactor”.

En anteriores entregas hemos insistido en que el Estado no es un organismo situado por encima de las contradicciones sociales que, como juez imparcial, se encarga de regular las relaciones de los gobernados de manera imparcial, justa y equitativa. Por el contrario, sostenemos que el Estado es un aparato de dominación política al servicio de la clase dominante –en este caso de la burguesía– para garantizar su hegemonía sobre el resto de la población con la abierta finalidad de preservar su poder económico y mantener a salvo sus intereses. Entonces, bajo esta lógica, las diferentes fracciones de la burguesía –que conforman el denominado “poder económico”– luchan por definir cuál será el contenido político, ideológico, económico y administrativo del “poder político” encarnado en el Estado. Para decirlo en otras palabras, las diferentes fracciones de la burguesía oligárquica luchan por definir la orientación y las políticas económicas que deberá adoptar el desarrollo capitalista mundial que pasa, indefectiblemente, por la forma de Estado y por su régimen de gobierno.

Este comportamiento lo hemos observado históricamente: después de la Segunda Guerra Mundial el modelo económico consensuado en la Conferencia de Bretton Woodsestableció como patrón económico mundial las políticas keynesianas o del Estado Benefactor que generó un dinamismo económico durante poco más de dos décadas. Sin embargo, el modelo burocrático se agotó en los primeros años de la década de los años setenta del siglo veinte y trajo como consecuencia una grave crisis estructural que sacudió al capitalismo. Durante esos años de crisis la lucha de clases se intensificó en todo el mundo. Emergieron procesos de lucha revolucionaria y popular en el mundo, particularmente en América Latina y Asia. También las pugnas inter-burguesasse agudizaron entre keynesianos y neoliberales quienes disputaron con beligerancia la conducción hegemónica del mundo: la crisis del capitalismo hizo necesario recomponer el viejo patrón de acumulación keynesiano por uno nuevo, o sea, el neoliberal.

El ascenso al poder de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Tatcher en Gran Bretaña representó el triunfo de la fracción burguesa neoliberal y, desde luego, un obligado cambio en la forma del Estado y en sus regímenes de gobierno. En México la resolución de esta pugna inter-burguesa mundial repercutió directamente y desde principios de la década de los ochenta presenciamos el inicio del desmantelamiento del robusto y controladorEstado mexicano, así como el ascenso de un grupo político tecnócrata-neoliberal egresado de Harvard y el desalojo de la vieja casta política nacionalista y burocrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y la autodenominada Corriente “Democrática” del PRI.

Bajo estos razonamientos, podemos comprender que el “poder económico” es verdaderamente elpoderen el capitalismo y, para la organización de ese poder recurre a un aparato que le permita centralizar el control y la dominación política e ideológica de la sociedad. Ese aparato es, desde luego, el Estado o también denominado “poder político”. Los cambios de régimen político –si no son auténticamente revolucionarios– no son otra cosa que los ajustes que requiere la burguesía oligárquica para que el Estado garantice los elementos necesarios, tanto en el ámbito del consensocomo en el de la coerción,  para que la acumulación capitalista continúe su dinámica y evite su colapso.

En nuestro artículo anterior analizamos históricamente la relación subordinante que la clase empresarial mexicana ha sostenido con el poder político y concluíamos, preliminarmente, que durante el gobierno de Ernesto Zedillo el “poder económico” consolida su hegemonía logrando la subordinación total del aparato de Estado. En realidad, esta consolidación hegemónica representó el triunfo total de las políticas neoliberales y de una oligarquía ampliamente privilegiada por el gobierno de Salinas de Gortari que vino a constituirse como la burguesía más poderosa en el país al amparo de las prebendas otorgadas por el gobierno en turno.

Al igual que la gran oligarquía trasnacional, la burguesía mexicana está conformada por una composición práctica e ideológica heterogénea. Cada fracción tiene una forma diferente y hasta antitética de relacionarse con el Estado. Esto hace que el desarrollo sea desigual y su nivel de hegemonización varíe de acuerdo a la región y  a su poder económico. Sin embargo, una situación ha servido como punto de encuentro de todas las fracciones burguesas: la conducción económica, política y social de país. El mito de la transición democráticadel año 2000 fue el escenario adecuado para que el “poder económico” diseñara una serie de medidas jurídicas y económicas que le permitieran resolver la caída de sus utilidades y hacer frente a la crisis mundial de manera aventajada. La gran oligarquía mexicana culminó en 1999 el diseñó de una serie de propuestas sociales, económicas, políticas, laborales y educativas que se denominarían Reformas Estructurales. En el inicio del gobierno de Vicente Fox, la COPARMEX presentaría su denominado “Libro de propuestas de Coparmex 2000 – 2010”, donde presentarían su proyecto de largo plazo y que definirían el camino que los siguientes tres sexenios seguirían para consolidar la perenne dominación del “poder económico” sobre el “político”.

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