Arturo Rodríguez García

El desencuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial, parece escalar al estilo del nuevo mandatario que suele llevar al debate político, todo tema que le incomoda, coloca en aprietos o de plan, deja en evidencia aspectos deficientes de su plan.

No parece que el asunto pueda convertirse en una crisis constitucional, pero sí en un desgaste, en buena medida innecesario para el Poder Judicial, cuyos miembros son poco hábiles en la comunicación política, para la que, por su parte, López Obrador es experto.

En declaraciones a medios y discurso público, el titular del Ejecutivo ha dicho que respetará las decisiones que se tomen en el Poder Judicial, luego de que el fin de semana este suspendiera la ley de remuneraciones que entró en vigor en noviembre pasado y que representa el basamento del plan de austeridad que promueve el mandatario.

Sus expresiones suelen ser maniqueas, reduccionistas: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, “vamos a cortar el copete de privilegios”, “van a ganar menos los de arriba y ganarán más los de abajo”, son las frases que suele repetir desde campaña, tocando una fibra sensible en la sociedad.

Y es sensible porque las condiciones de exceso y lujo de administraciones precedentes, señaladamente la peñanietista, es uno de los aspectos que más pesaron en el ánimo de la población desde las revelaciones relacionadas con la llamada “casa blanca de Peña Nieto”.

Nadie entonces, podría negarse a admitir que los salarios de la alta burocracia federal son altos. Personalmente, me ocupé de la “austeridad dorada”, en la edición 2099 del semanario Proceso, aquella vez que, prometiendo bajarse el sueldo se lo aumentaron.

Cierto es que uno de los abusos de la clase gobernante ha sido el de los salarios y otros privilegios en el aparato gubernamental. Particularmente, recuerdo que esa tendencia inició con Vicente Fox –hoy tan activo en su defensa del Poder Judicial—cuando se promovía la idea de que, ese tipo de salarios eran los que se pagaban en el sector privado para personas con la capacidad y responsabilidad que se dejaba en manos de los nuevos funcionarios.

Lo más fácil luego, es simpatizar con la medida, muy a pesar de que, como tímidamente demostró el Poder Judicial, no sean 600 mil pesos mensuales los que gane un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como dice López Obrador.

Pero con todo y lo insultante que resultan los 300 mil pesos que sí ganan, el tema fundamental tiene que ver con la constitucionalidad de la medida que afecta, no sólo a aquellos que se desempeñan en el aparato de justicia, sino de distintos ámbitos de la administración pública central que están presentando amparos por la reducción de sus percepciones aplicada como medida retroactiva.

Son justamente los argumentos jurídicos los que han faltado a López Obrador. Una clave es su argumento de hoy, cuando anunció que respetará lo que se resuelva, pero anticipando la idea de ir renovando a los juzgadores del “viejo régimen”.

El asunto se resolverá o crecerá el encono, en la Cámara de Diputados cuando deba aprobarse el presupuesto, asunto este último que perfila también cierto atropello por las advertencias morenistas de disminuir los recursos para la nómina, amenaza en la que, una vez más, prevalece la lógica política por encima de la ecuación jurídica.

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