Por Andrés Caudillo

En tres días capturaron, incomunicaron, procesaron y trasladaron a dos estudiantes del CCH Oriente al reclusorio Oriente.

Es increíble la rapidez y eficiencia del aparato de seguridad de seguridad UNAM y la policía capitalina cuando se trata de criminalizar a estudiantes que protestan, y por ejemplo, en el caso de narcomenudistas la historia es otra. Entre 2017 y 2018, el 79%  de los casos de narcomenudistas detenidos que operaban en Ciudad Universitaria fueron liberados.

Entre 2017 y lo que va de este año han detenido a 156 personas: 134 en flagrancia y 22 más por mandamiento judicial. De los 134 detenidos en flagrancia, sólo se dictó prisión preventiva a 11. Del total, el gobierno informó que a 98 se les vinculó a proceso; a 33 no vinculación, en tanto, la detención de tres personas no fue legal.

El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” emitió un extrañamiento al rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, tras permitir que personal de vigilancia usurpara funciones policiacas, al privar de la libertad fuera del campus a los estudiantes Omar Zarate Cuevas y Mario Cesar García, del Plantel Oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Los estudiantes fueron alcanzados por elementos de vigilancia de dicha institución, en el cruce de Eje 10 Sur Copilco y Avenida Insurgentes Sur. Para su detención y traslado a la unidad “Pick-up” con placas 993-XKB se necesitaron alrededor de seis elementos de seguridad.

Al momento de la detención (lunes 10 de Dic, 5:30 aproximadamente), espectadores al ver que los estudiantes eran agredidos y golpeados, solicitaron apoyo a autoridades policiacas de la Ciudad de México que se encontraban cerca, pero no actuaron conforme a la ley y las irregularidades no se quedaron ahí.

Los motivos de su detención no fueron revelados violando el debido proceso, en tanto, no se les leyeron sus derechos, asimismo no sé argumentó con hechos su detención por parte de las debidas autoridades, las cuales tampoco se presentaron ante ellos.

Después de estar incomunicados, los estudiantes fueron localizados en el ministerio público 22-A de la delegación Coyoacán.

Les imputaron lesiones dolosas, daño a la propiedad, portación de objetos aptos para agredir y resistencia de particulares.

La realidad es que los disturbios ocurridos previamente en rectoría, ocasionados por encapuchados violentos, fue el pretexto perfecto para realizar detenciones arbitrarias. Los estudiantes de prepa 2 que salieron a manifestarse por el rechazo a su pliego petitorio en el que piden la renuncia de la directora, Isabel Jiménez Téllez, a quien señalan, junto a algunos maestros, de hostigar el movimiento estudiantil. También pedían alto al acoso sexual por parte de profesores y alumnos.

En el video de la detención ilegal que Vigilancia UNAM realizó contra los dos estudiantes, la forma de actuar de los elementos de seguridad contrasta, por ejemplo, con el caso del periodista Humberto Padgett, quien fue amenazado de muerte por tres sujetos armados y golpeado a 50 metros de una patrulla de vigilancia UNAM que presenció todo sin que los uniformados intervinieran. Cuando fue descubierto por el grupo de narcomenudistas a quienes les compraba drogas mientras realizaba un reportaje en Ciudad Universitaria, el 22 de agosto del 2017, meses después Padgett regresó a CU, donde logró entrevistar a un policía de Vigilancia UNAM.

  • ¿Por qué a pesar de la presencia de vigilancia UNAM es posible que vendieran tantas drogas?

–Hay vendedores, porque hay consumidores.

  • ¿Y la autoridad?

–Nosotros nos preguntamos lo mismo.

  • ¿Y ustedes mismos?

–Pues no tenemos armas, si usted va, y me dice, a ver ese está vendiendo droga, y yo voy a denunciarlo, yo voy con usted, lo levanto y usted va como parte acusadora… Aquí nunca hay parte acusadora, ese es el problema, yo no me voy a poner con alguien que trae una pistola.

El extrañamiento del “Zeferino Ladrillero” se extiende a la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, institución que ha participado de manera irregular al mantener incomunicados a los alumnos y negarles el derecho a su defensa legal.

José Antonio Lara Duque, presidente del CDHZL, manifestó su extrañeza por las acciones en contra de ambos alumnos, al tiempo de señalar que “todo parece que la intención es criminalizar la manifestación estudiantil, fuera de la libertad de expresión que promueve el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y local, de Claudia Sheinbaum.

“Lograr la pacificación del país, como promueve este nuevo gobierno federal y de la capital, debe ir de la mano de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, particularmente, de la comunidad universitaria; la actuación de la rectoría de la UNAM y de la PGJCM violenta y enrarece a la comunidad universitaria”, resaltó el abogado.

Es nauseabundo ver como las autoridades que se suponen están para cuidar a los estudiantes dentro de sus instalaciones dejen trabajar a narcomenudistas con impunidad por miedo a represalias, y cuando los detienen son liberados sin consecuencia alguna en la mayoría de los casos, mientras que los estudiantes que se manifiestan son criminalizados hostigados afuera de las instalaciones por el cuerpo de seguridad de dicha institución como si fueran criminales que hay que capturar y encerrar.

El mensaje es contundente y claro: para las autoridades de la UNAM, los violadores, acosadores, porros, asesinos y narcos, son amigos que hay que proteger. En tanto, los estudiantes que se manifiestan son considerados enemigos y como tales son tratados.

Este es el primer caso de autoritarismo y represión estudiantil en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

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