Aníbal Feymen

Cuarto artículo de la serie mediante la cual el autor pretende develar el contenido clasista del poder político y el verdadero carácter histórico del Estado mexicano y su total subordinación a la dinámica de reproducción capitalista y, con ello, demostrar que la oferta del próximo nuevo régimen de gobierno de “separar el poder económico del poder político” no es otra cosa que una simulación que busca dar la apariencia de que todo cambia, para que todo siga igual.

 Cuarta Parte

Si bien es cierto que el modo de integración de la burguesíacomo clase dominante –eje rector del poder económico–, su naturaleza, las relaciones entre los elementos que la componen, el carácter de sus intereses creados y su posición concreta ante el poder político cambia en cada formación social; podemos afirmar que en toda sociedad de clases en la que existe un régimen de propiedad privada sobre los medios de producción, una pequeña fracción de esa clase dominante –que aún en su totalidad es minoritaria– controla la mayor parte de dichos medios, tanto económicos como ideológicos, y de la riqueza social, lo que le permite mediante el empleo de los más diversos medios ejercer el poder político.

Desde que se abre la fase monopolista del capitalismo el alto grado de concentración de capital hace que éste vaya entrelazando unas actividades con otras, y con la incorporación creciente del capital bancario a la industria y en general al proceso productivo, las relaciones de dominación sufren un cambio significativo que agudiza de manera exponencial las contradicciones sociales por ser la burguesía y, en mayor medida, la oligarquíala que se apropia de la mayor parte del excedente económico producido socialmente. O sea, a medida que la producción se vuelve un proceso cada vez más social, el capital se concentra más y más en manos de una minoría insignificante, el Estado –como representante del denominado poder político– se convierte en un agente activo del proceso de explotación y acumulación capitalista.

 

El Estado respalda directa y permanentemente a las empresas privadas nacionales y extranjeras a través de financiamientos, participaciones en su capital, subsidios y devoluciones de impuestos, inversiones en infraestructura, otorgamiento de garantías especiales, prestación de servicios técnicos gratuitos, cuantiosas compras en condiciones favorables para los proveedores, venta de bienes y servicios a precios que incluso suelen ser inferiores a sus costos y, desde luego, reformas legislativas y constitucionales que permitan la reproducción del sistema y la acumulación de riqueza. En otras palabras, el poder políticose convierte en el principal instrumento de apoyo de la gran oligarquía financiera y en general de la burguesía.

 

La oligarquía moderna de México comenzó a formarse a partir del triunfo de la reforma liberal cuando el proyecto de desarrollo capitalista para el país se hizo dominante en la economía mexicana la cual se integró tímidamente al desarrollo internacional del capitalismo monopolista. La aceleración del desarrollo económico entre 1880 y 1910 consolidó a la burguesía como clase dominante y reforzó al pequeño sector oligárquico que, ligado a la minería, la agricultura de exportación, a las industrias textil, alimenticia y otras de bienes de consumo, al comercio, a la integración de una red moderna de comunicaciones y trasportes, al desarrollo del sistema bancario, etc. logró retener una gran parte del excedente producido en aquel entonces.

 

La revolución iniciada en 1910 alteró la estructura social y afectó, concretamente, a la oligarquía. Una parte de ella perdió sus propiedades e incluso salió del país. Algunos capitalistas abandonaron sus negocios al volverse éstos incosteables. Muchos de estos burgueses derrotados lograron reponerse a  sus pérdidas y hábilmente se incorporaron a las fuerzas triunfantes reapareciendo disfrazados de flamantes “revolucionarios”. Al concluir la fase más cruenta de la guerra civil, durante la lenta reconstrucción de la economía nacional, surge en el seno de la clase dominante a través de la alianza política impuesta por la Revolución una nueva oligarquía. Aunque ya entonces algunos capitalistas se enriquecieron con rapidez, faltaban condiciones necesarias para que el proceso de concentración y centralización del capital se desenvolvieran sin mayores tropiezos; para ello se realizó un nuevo marco institucional, o sea, el poder políticoen función de los intereses económicos de la nueva oligarquía.

 

La infraestructura destruida por la Revolución y la crisis mundial de 1929 implicó que el poder políticodesarrollara la reorganización política y las reformas sociales necesarias para reiniciar la acumulación capitalista. El régimen cardenista implementó dichas reformas las cuales, en un primer momento, dieron la impresión de que afectaban a ciertos sectores de la burguesía; empero, a la larga contribuyeron a acelerar el desarrollo capitalista mediante la movilización y violenta subordinación de las masas trabajadoras al proyecto que la burguesía implementaba en nuestro país. La fórmula era simple: el desarrollo del incipiente capitalismo mexicano al amparo de concesiones estatales, de la creación y consolidación de grandes empresas extranjeras, de los bajos salarios y del charrismosindical, de la evasión de impuestos y del turismo extranjero, de la protección arancelaria indiscriminada y de la multiplicación de empresas estatales que principalmente tendieron a estimular a los capitalistas, y en resumen, de la aceleración del desarrollo económico en un marco de dependencia económica y de explotación desenfrenada de las grandes masas obreras. Es con la aplicación de este “nuevo” marco institucional cuando empieza realmente a tomar cuerpo la pequeña y a la vez poderosa oligarquía que hoy detenta la mayor de la riqueza nacional.

 

 

La élite del poder

 

En mayo de este año, los periodistas Arturo Rodríguez, Mathiu Tourliere y Areli Villalobospresentaron en Proceso (https://www.proceso.com.mx/534012/la-elite-del-poder-colusion-de-magnates-y-politicos) un reportaje sobre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en el cual identifican a más de medio centenar de sus miembros, todos ellos integrantes de la oligarquía mexicana. En la investigación, los autores muestran con claridad las relaciones subordinantes del poder económico sobre el político de acuerdo con los intereses concretos que como clases dominantes impulsan en el desarrollo del dependiente capitalismo mexicano. Expresan los reporteros de Proceso que “es la élite privada que domina los distintos sectores económicos del país y que durante décadas ha salvaguardado sus intereses financiando campañas presidenciales, recurriendo al chantaje e impulsando cercos publicitarios a medios de información”. Y es que no podría ser de otro modo, pues de acuerdo con lo que hemos expresado en los artículos precedentes de esta serie, es este grupo oligárquico quien detenta el verdadero poder en nuestro país y, de acuerdo siempre con sus intereses, componen y recomponen el régimen político de acuerdo a sus necesidades de acumulación.

 

La oligarquía mexicana es fruto a la vez del desarrollo y del carácter dependiente del capitalismo mexicano, o sea de lo que éste tiene de influencias nacionales y extranjeras. Es el estrato principal de la burguesía mexicana y por tanto quien ejerce realmente el poder desde dentro y fuera del gobierno; es además un cuerpo cambiante cuya composición y el peso relativo de sus componentes van respondiendo al nivel de desarrollo, a los desplazamientos y cambios de rumbo que éste experimenta y a la creciente diferenciación social y económica que lo acompaña.

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