Aníbal Feymen

Quinto y último artículo de la serie mediante la cual el autor pretende develar el contenido clasista del poder político y el verdadero carácter histórico del Estado mexicano y su total subordinación a la dinámica de reproducción capitalista y, con ello, demostrar que la oferta del próximo nuevo régimen de gobierno de “separar el poder económico del poder político”  no es otra cosa que una simulación que busca dar la apariencia de que todo cambia, para que todo siga igual.

 

Quinta parte y última

A lo largo de los artículos precedentes de esta serie hemos sostenido el argumento de que el denominado “poder político”funciona como el aparatomediante el cual el “poder económico”ejerce su dominación política e ideológica sobe toda la sociedad; en este sentido, hemos afirmado que es imposible separar ambas esferas de poder como lo ha ofrecido el presidente López Obrador de manera reiterada. Sólo es un recurso discursivo que no tiene significación real alguna; una simulación que busca enmascarar las relaciones de poder en la sociedad capitalista actual y que pretende hacer ver los intereses particulares de la oligarquía mexicana como el interés general de la nación.

De manera semejante al momento actual, en el año 2000 la intelectualidad orgánica al sistema y los medios de comunicación repitieron hasta el hartazgo que México había logrado la transición democráticamediante la alternancia electoral. El triunfo presidencial de Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), logró por primera vez que un partido distinto al PRI encabezara el gobierno. Se nos dijo una y otra vez que fue un triunfo del pueblo mexicano mediante la participación electoral, que era un hecho histórico que abría el camino a la consolidación democrática de nuestro país, y algunas exageraciones más. Pero lo que no se nos dijo fue que la burguesía mexicana tenía una enorme necesidad de implementar una serie de proyectos y ajustes económicos necesarios para continuar acrecentando sus tasas de utilidad a costa del trabajo ajeno. La burguesía anhelaba la implementación de un agresivo paquete de reformas económicas, sociales y políticas que permitieran aumentar su posición dominante en la sociedad mexicana; empero, los gobiernos priistas mostraban un evidente desgaste político que agravarían su concreción. Un nuevo gobierno envuelto en un discurso de aparente cambio y consolidación democrática podría marcar el inicio del proyecto reformador de la Iniciativa Privada.

Un año antes de la celebración de esas elecciones, en 1999, la burguesía mexicana organizada en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó un documento denominado Propuestas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 2000-2010, libro de recomendacionesde largo plazo orientadas a reformar estructuralmente la economía mexicana.

En dicho escrito dice textualmente la COPARMEX: “Este documento tiene como finalidad invitar a participar a todo tipo de organizaciones empresariales, a diversas asociaciones e instituciones de todos los sectores de la sociedad y a intelectuales y formadores de opinión. La participación consiste en adherirse a estas propuestas, en formular observaciones y propuestas alternativas o complementarias y, sobre todo, en contribuir a su realización y al logro de los objetivos planteados en el capítulo correspondiente a la Visión 2010… 2020… 2030: 1. La Transición Integral. 2. La Competitividad de México. 3. El Crecimiento Económico Sostenido. 4. La Inserción de México en la Globalidad”.

De acuerdo con la COPARMEX, para la elaboración del documento se organizaron 9 foros regionales donde se expresaron las inquietudes del sector empresarial del país; se integraron grupos de trabajo y se recibieron documentos y sugerencias de las comisiones de trabajo de la COPARMEX. Asimismo, un grupo coordinador organizó y sintetizó el material recopilado y, finalmente, se retomaron las directrices emitidas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a través del documento La transición en México, elaborado por el Centro de Estudios Sociales del CCE.

En los hechos, las directrices contenidas en el libro de propuestas de la COPARMEX orientarían el contenido estructural de los planes de gobierno de los siguientes tres sexenios hasta que su instrumentación fuese una realidad. Y ciertamente el camino para la aprobación jurídica y la implementación de las denominadas Reformas Estructurales se inició desde el gobierno de Vicente Fox, una vez que los gobiernos precedentes de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo crearon las condiciones materiales para el afianzamiento del patrón de acumulación neoliberal.

¿Qué fue lo que el “poder económico” ordenó a la alta burocracia gubernamental –o “poder político”– en torno a los cambios económicos contenidos en las denominadas Reformas Estructurales?

Para ilustrar nuestro argumento, a manera de ejemplo, veamos de cerca algunos de elementos contenidos en el texto de la burguesía sobre la reforma laboralque serían orientación ineludible para el Estado mexicano en la reforma que años después concretaría.

(Una copia del texto íntegro de la COPARMEX puede consultarse aquí).

La propuesta de nuevas relaciones laborales contenida en el libro de propuestas de la COPARMEX delinea el proyecto de contrarreforma a la legislación laboral. Ésta respondió a líneas trazadas por las grandes instituciones internacionales creadas para satisfacer las necesidades del gran capital monopolista y trasnacional y que actualmente han sido concretadas en la Reforma Laboral. La globalización impuesta por los requerimientos de las burguesías trasnacionales y nacionales exigen a los países dependientes insertarse en una nueva y cada vez más salvaje división internacional del trabajo, respondiendo a las políticas monetaristas o neoliberales que intentan por todos los medios paliar las contradicciones estructurales que implica el desenvolvimiento histórico del capitalismo en su fase imperialista, pero ahora con nuevos y más sofisticados mecanismos de reproducción del capital.

En suma, la propuesta para la reforma laboral que ha enarbolado la burguesía mexicana se expone en la siguiente cita del texto de la COPARMEX:

“(…) Para promover la productividad, se requieren adecuaciones a la legislación laboral, que eliminen algunas disposiciones que constituyen un verdadero lastre a la posibilidad de evolución y desarrollo de los centros productivos, y algunas normas o criterio de interpretación de las autoridades laborales dependientes del Poder Ejecutivo”.

 Dichas disposiciones fueron las siguientes:

– La establecida en la Ley Federal del Trabajo que sostenía de manera indiscriminada que, en los juicios laborales, la carga de la prueba correspondía al empleador.

– La que establecía que la falta de aviso de despido al trabajador conllevaba necesariamente el que se considerara siempre como injustificado.

– La de un rígido esquema legal para la capacitación.

– La que establecía un procedimiento específico para realizar la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo denominado “conflictos colectivos de naturaleza económica.

– La de la reglamentación de los procedimientos de huelga.

– La de una reglamentación de demandas de titularidad.

– La que establecía la facultad de las juntas de Conciliación y Arbitraje para corregir demandas y emplazamientos.

Así, mediante estas inconformidades de la burguesía, las exigencias de la patronal para modificar la Ley Federal del Trabajo fueron las siguientes:

– Que las partes pueden rescindir en cualquier tiempo la relación laboral por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad y que los laudos se deben dictar a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formalismos sobre estimación de las pruebas.

– La no intervención del gobierno en la capacitación de las empresas.

– Permitir que los empleadores contaran con la flexibilidad en la administración de personal y de las condiciones de trabajo.

– Limitar la huelga al puro acto de la suspensión del trabajo por parte de quienes libremente deseen hacerlo, previas las formalidades legales que deberán tener primero recuento oportuno antes de ser inferido el daño a la empresa.

– Tratándose de demandas de titularidad deberá exigirse, para evitar perturbaciones innecesarias a la paz laboral, que el sindicato demandante acompañe un poder catalizador de los empleados que laboran en la empresa co-demandada y sólo se admita el recuento cuando de su adminiculación con las demás pruebas se desprenda una razonable probabilidad a favor del sindicato demandante.

– Una revisión a fondo de las disposiciones procesales de la ley, para simplificarlas.

Como podemos observar, con la implementación de estas “propuestas”, ya contenidas en la actual Ley Federal del Trabajo, la burguesía aniquiló muchas de las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos, lo que le ha retribuido en un ascenso de la tasa de ganancia intentando, con ello, paliar las contradicciones estructurales del capital que les afectan directamente.

* * *

El poder es una relación social en la que actúan dominadores y dominados. Históricamente el modo de producción capitalista se ha construido sobre la base de la dominación y los intereses de la burguesía por sobre el resto de la sociedad. Para afianzar su dominación ha sido necesario desarrollar instrumentos tanto consensuales como represivos a través de un aparato que facilite su hegemonía y administre su poder. Ese aparato es el Estado, guardián de los intereses del “poder económico” que actúa mediante medidas consensuales –como el derecho positivo, por ejemplo– o coercitivos, como la utilización de la fuerza pública. El poder no se transfiere, se detenta y se ejerce mediante los mecanismos necesarios para su conservación. El “poder económico” retiene realmente el poder no sólo en México, sino en todo el planeta; a los Estados les es delegada una parte de ese inmenso poder para actuar en consonancia con las necesidades de administración, explotación, despojo y opresión que necesita el capital para reproducirse. Pero hemos insistido en que la burguesía no es homogénea y los intereses de sus diversas fracciones en ocasiones colisionan, iniciando con ello una pugna que necesariamente se refleja en la esfera del “poder político”, en el control hegemónico del Estado.

No tenemos duda que en la actualidad el nuevo gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador es el reflejo de esas pugnas inter-burguesas. AMLO representa a un Estado que se contrapone a la fracción oligárquica dominante en el mundo desde hace más de treinta años: la fracción neoliberal. Sin embargo, su gobierno no es ni anticapitalista ni mucho menos antiimperialista, sino que impulsa los intereses de la fracción burguesa que desde los años setenta fue desalojada de la posición hegemónica (Este tema lo hemos desarrollado con cierta amplitud en el artículo AMLO: insurrección anti neoliberal y recomposición capitalista, publicado en Notas Sin Pauta).

Dentro del capitalismo es imposible separar el poder económico del político, ni siquiera es posible subordinar el poder de la oligarquía a la acción del Estado, éste sólo representa la forma en que los grandes empresarios organizan y administran su poder. Para que el denominado poder económico sea subordinado a los intereses de las clases trabajadoras y populares es necesario éstas se constituyan como poder político y que eliminen la esencia del poder económico, que lo hagan desaparecer. Pero desde luego esto es imposible bajo las reglas de la simulación electoral, pues aunque a través de ella se manifiesten treinta millones de electores, sus cimientos descansan sobre la mirada vigilante del Estado y del poder económico que buscarán siempre, por todos los medios a su alcance, aniquilar toda forma de legítima organización popular, autónoma e independiente.

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