Por Arturo Rodríguez García

La cruzada contra el robo de combustible, conocido coloquialmente y ya en el discurso oficial como huachicoleo, marca la agenda de arranque de gobierno como el tema más relevante en materia de seguridad y justicia.

Ya desde la campaña, el presidente Andrés ManuelLópez Obrador lo advertía a diario: “se acabarán los huachicoleros y arriba y los huachicoleros de abajo”.

A medidos de diciembre, López Obrador, perfilaba el asunto al advertir que la violencia, recrudecida particularmente en Guanajuato, se relacionaba con esa actividad ilícita. No era el narco, ni las actividades delictivas que implican organización y logística, como en pasadas administraciones.

El asunto es de especial complejidad si nos ceñimos al discurso público: una operación que motiva (por escases y por compras de pánico, cuya medición no es transparente aun) un desabasto de combustible y, el llamado constante a la población a apoyar la medida (que según encuestas como la de Reforma del pasado viernes 11 goza de aprobación).

De entrada, la forma en que se operó obligó el involucramiento ciudadano que, mayoritariamente, nada tiene que ver con el robo o el consumo de combustible robado, excepto cuando lo adquiere sin saber su origen en una gasolinera, algo que podrían identificar –como lo han hecho, cruzando ventas de Pemex con ventas en gasolineras– sin crear el desabasto.

Luego, planteada como una necesidad para erradicar el huachicoleo, dos aspectos motivan la incógnita: el primero, sobre la efectividad de largo plazo de la medida pues a menos que el gobierno se proponga mantener una vigilancia permanente en los ductos pareciera enfrentar un circulo vicioso; el segundo, es que lo único que podría inhibir el robo de combustible, como ocurre con toda actividad delictiva, es la eficacia del sistema de procuración e impartición de justicia, es decir, erradicar la impunidad en un sistema alterno –así lo ha descrito López Obrador—que involucra a funcionarios de Pemex.

Y una vez más, el discurso plantea complejidades no resueltas y declaraciones aparentemente contradictorias.

Hasta hoy, el gobierno de la República ha anunciado la consignación a un juez de cinco expedientes, que involucran a tres exfuncionarios de Pemex; además, se tienen indicios de la participación de un exfuncionario más de la petrolera, así como de un exalcalde y un exdiputado local, cuyas cuentas cuentas han sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda.

Si bien es cierto que la secrecía de los procesos penales impide por lo pronto conocer los nombres de los implicados, también lo es que por los perfiles expuestos no parece tratarse de personalidades destacadas de la vida pública, no implica por lo pronto a quienes, podríamos llamar “peces gordos” que nada en huachicol.

No tendría que ser necesariamente así, excepto porque el presidente López Obrador ha sido insistente en que sus antecesores son responsables de toda la corrupción y los demás, sólo chivos expiatorios. En este asunto no se pronuncia por la impartición de justicia, pues propone someter a consulta eventuales procesos, insistiendo en que él prefiere un “punto final”.

Por supuesto, es factible, como ocurre en toda investigación de gran calado –y en caso de que esta lo sea, como se dice y parece ser–, que a partir de indiciados de escasa importancia se llegue a los cerebros y grandes beneficiarios de esa actividad delictiva y, por lo tanto, sigue siendo temprano para determinar el éxito o fracaso de la medida.

De lo que no cabe duda es que López Obrador es audaz en el manejo político de sus decisiones y que, como él mismo ya anunció, este es el primero de otros grandes asuntos que abordará en el futuro con poca transparencia y control personalísimo de la información, conductas por las que, dado el respaldo popular que tiene, resulta difícil el escrutinio.

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