Aníbal Feymen

“La violencia y el terrorismo de Estado tienen su origen en lo económico y por ende político, ahí donde los cuerpos policíacos y militares cometen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o masacres está un yacimiento minero, energético o natural; ahí donde emanan las fosas clandestinas se encuentran los corredores industriales para el traslado de mercancías; ahí donde infunden miedo y terror son reservas naturales para la imposición de proyectos ecoturísticos o establecer Zonas Económicas Especiales (ZEE)”.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

 

Históricamente en el estado de Chiapas la población y sus organizaciones sociales han padecido la máxima expresión de la violencia gubernamental, fundamentalmente las comunidades indígenas. Ya en nuestro artículo de la semana anterior reflexionamos sobre la política de contrainsurgencia que sistemáticamente se ha aplicado contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo.

El sureste mexicano ha gozado de una gran tradición de lucha, resistencia y organización popular como respuesta a la terribles condiciones de vida que genera la miseria, la explotación y la precariedad a la que es sometida su población autóctona. Pero ante estos esfuerzos organizativos de resistencia el Estado ha desatado una brutal campaña de represión basada, fundamentalmente, en la política de Terrorismo de Estado, elemento fundamental en la doctrina de Guerra de Baja Intensidad (GBI).

El Terrorismo de Estado se caracteriza por la implementación gubernamental de prácticas represivas, ilegítimas e ilegales, absolutamente violatorias de los Derechos Humanos, que buscan causar un estado permanente de zozobra a través del miedo con la finalidad de someter a la población civil. Los gobiernos justifican esta abominable práctica alegando razones de seguridad de Estado y, mediante este  subterfugio, ejercen una profunda violencia contra la población.

Para extenuar la resistencia y lucha popular, el Terrorismo de Estado ejecuta una permanente campaña de amenazas y represalias, linchamiento mediático mediante calumnias, hostigamiento, encarcelamiento político, desaparición forzosa, tortura y asesinatos políticos; todo ello ejecutado por fuerzas del orden público o por grupos paramilitaresinstruidos por las instituciones castrenses gubernamentales. Su objetivo es imponer un orden o una ideología específica en la población, obligándola a la obediencia absoluta.

Chiapas ha sido cruel escenario de esta práctica execrable.

Desde hace años, a través de sus fuerzas represivas y con la nefasta colaboración de pseudo líderes sociales –oportunistas y al servicio de los intereses policíacos gubernamentales–, el Estado ha intentado aniquilar a una importante organización de lucha popular chiapaneca: el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo(FNLS). Debido a su política clasista e independiente y a la frontal lucha que ha sostenido sistemáticamente contra la política de Terrorismo de Estado, el FNLS ha sido duramente reprimido y sometido a las más terribles acciones coercitivas con la finalidad de destruir sus procesos organizativos en el estado sureño.

Mediante injurias, el Estado ha linchado mediáticamente al FNLS con la finalidad de retraerlo del movimiento social para ejercer contra él su funesta acción represiva. Ejecuciones exrajudiciales, desapariciones forzadas y acciones coercitivas en las zonas donde el FNLS se organiza han sido una constante que busca mermar la actividad política independiente de la organización popular.

Muchos, y muy graves, has sido los actos represivos que el Estado ha cometido contra esta organización popular. Por ejemplo, el 28 de febrero de 2017 fue asesinado el niño de 13 años Humberto Morales Sántis, estudiante de primer año de secundaria y miembro de una comunidad indígena que se organiza con el FNLS. Esta acción fue ejecutada presumiblemente por grupos paramilitares que en la región de El Carrizal, municipio de Ocosingo, se han dedicado a hostigar y atacar a los miembros del FNLS.

Estos grupos paramilitares, tolerados y auspiciados por los gobiernos federal y estatal, han actuado permanentemente como brazo ejecutor de las campañas represivas del Estado y se han empeñado en exterminar al FNLS; tanto así que en agosto del año pasado los grupos represivos intentaron ejecutar una acción de detención-desaparición en contra de María Sántis López, hermana de Héctor, otro integrante del FNLS asesinado por el paramilitarismo en el año 2015.

El Estado mexicano y sus órganos de procuración de justicia siempre han actuado con omisión, dilación, impunidad e indolencia ante las denuncias del FNLS por intentos de desaparición forzada, asesinato político, detenciones arbitrarias, etc. No nos queda duda de la responsabilidad, ya sea por omisión o por aquiescencia, del gobierno de Manuel Velasco Coello ante estas agresiones y crímenes contra la organización popular.

La llegada del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador  generó enormes expectativas en torno a que los ataques represivos contra luchadores y organizaciones sociales así como la implementación de la política de Terrorismo de Estado llegarían a su fin. Sin embargo, en Chiapas el principal instrumentador de esta nefasta política, el gobernador Manuel Velasco Coello, hoy tiene una alianza estratégicacon el nuevo presidente en torno a los megaproyectos planeados para el sureste del país. Al parecer esto dejará a Velasco en una posición invulnerable en cuanto a su política de coerción y paramilitarismo.

Y la muestra está dada: hace dos semanas el FNLS denunció un ataque armado a la comunidad de El Carrizal. Integrantes del grupo paramilitar “Los Petules” realizaron disparos con armas de fuego durante más de 15 minutos en dirección a las viviendas de los integrantes de la organización popular. Este ataque –el primero que el FNLS recibe este año y también el primero en tiempos de la “Cuarta Transformación”– es un anticipo de que las cosas en esa región no van a cambiar pronto y menos cuando el gobierno de López Obrador se empeña en mantener intacta la estructura policíaco militar a través de Guardia Nacional.

La resistencia popular a los megaproyectos que busca implementar el nuevo gobierno no será mínima pues en estas regiones del sureste mexicano la lucha popular es una forma de sobrevivencia ante el despojo, la violencia y el desplazamiento forzado. Los proyectos planeados por el gobierno federal responden a necesidades oligárquicas y no a exigencias populares; así como la represión y el Terrorismo de Estado tienen su origen en los intereses económicos de las cúpulas empresariales. Donde  existen extracciones mineras, perforaciones energéticas o explotación de recursos naturales, siempre se ejecuta el hostigamiento, la desaparición forzada, el asesinato político por parte de los cuerpos policíacos y militares o de las fuerzas paramilitares, ejes centrales de la política de Terrorismo de Estado.

Desde este espacio exigimos el alto inmediato a la campaña de aniquilación y de Terrorismo de Estado a la que es sometido el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, a quienes les extendemos nuestra solidaridad.

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