Aníbal Feymen

Trece años después de la terrible explosión en la mina 8 del complejo carbonífero Pasta de Conchos que costó la vida de 65 mineros, el dirigente del Sindicato Minero y senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, llegó a Nueva Rosita con la finalidad de realizar un mitin “conmemorativo” que en realidad tuvo toda la apariencia de ser una reunión sindical de proselitismo. En momentos habla como dirigente sindical, en otros como legislador, pero su discurso bien articulado es el de un “charro sindical” que busca convencer a los obreros de que su propuesta gremial es la más democrática y abnegada para con los trabajadores, sobre todo cuando sentencia severamente que todos aquellos mineros que se encuentran afiliados con otros sindicatos, distintos al suyo, son traidores.

A pesar del singular montaje ceremonial en Pasta de Conchos, el Sindicato Minero se encuentra demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por familiares y colaborados del colectivo Familia Pasta de Conchos pues lo consideran cómplice de la muerte de los mineros de Nueva Rosita.

Denuncia Elvira Martínez, viuda de un minero sindicalizado fallecido, que ocho días antes de la tragedia fue firmado un acuerdo entre Grupo México –empresa propietaria de la mina–, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana –del cual Gómez Urrutia es dirigente– en donde todas estas instituciones avalaban que la mina de Pasta de Conchos cumplía con todas las normas de seguridad; una semana después se desenmascaraba esta patraña:

“No había quién defendiera a los trabajadores, pues el sindicato los abandonó. Napoleón representaba a mi marido y lo que hizo fue dejarlo morir; porque nunca convocó a huelga por las condiciones de seguridad. Todos sus emplazamientos fueron por revisión salarial, nunca por las malas condiciones”, dice indignada doña Elvira durante una entrevista en el programa de Julio Astillero en Radio Centro.

De hecho Gómez Urrutia no sólo dio la espalda a los mineros sepultados y a sus familiares, sino a todo el gremio que dice representar pues el Sindicato Minero recibía pagos de Grupo México para que aquel no sindicalizara a los trabajadores subcontratados en Pasta de Conchos. O sea, el impulso a la nefasta práctica de la subcontratación, también llamado outsourcing, nefasta actividad patronal que conculca derechos a los trabajadores. Paradójico, pues hace unos días el propio Gómez Urrutia rendía protesta como dirigente de una nueva central obrera –creada por él mismo– donde aseguró que luchará frontalmente en favor de los derechos laborales y en contra de la ominosa práctica del outsourcing.

Como quiera que sea, el papel que el nuevo gobierno ha encomendado al senador y dirigente minero se convierte en estratégico en la confección de la nueva política laboral del obradorismo.

Los fuertes cuestionamientos contra jerarcas charros de distintos gremios sindicales del país, como el mismo Napoleón, Carlos Romero Deschamps dirigente de los petroleros, Víctor Flores Morales del gremio ferrocarrilero, Elba Esther Gordillo del magisterio, Agustín Rodríguez de la UNAM o Francisco Hernández Juárez de los telefonistas –por mencionar sólo a algunos–, así como la ilegitimidad y la corrupción que representan, le muestran claramente al gobierno obradorista que los viejos espacios corporativos no son funcionales para un Estado que requiere reforzar su legitimidad frente a la sociedad mexicana con el objetivo de someter bajo su control a los más amplios segmentos populares y, particularmente, a las masas obreras.

El pertinaz discurso de Andrés Manuel López Obrador, quien redundantemente expresa la necesidad de la “extinción de los caciques” y del retorno de la “democracia sindical”, reflejan una imperiosa necesidad para la estabilidad de la clase obrera; empero, el presidente tiene un plan distinto a la verdadera defensa de la autonomía e independencia sindicales: lograr la reconversión del viejo corporativismo priista en uno “nuevo” confeccionado de acuerdo a las necesidades morenistas de control obrero. Baste observar la manera en cómo diversos grupos de filiación morenista –la mayoría con un pasado inmediato priista y charril– luchan por obtener el control del Sindicato Petrolero; o la forma descarada en que se ha pretendido encumbrar nuevamente al grupo gordillista en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al tiempo que se otorgan puestos en el gobierno a destacados líderes oportunistas de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), todo ello bajo el argumento demagógico de una supuesta autonomía sindical.

Pero el “charro estrella” del proyecto neocorporativo morenista lo representa Napoleón Gómez Urrutia,  quien, después de ser cobijado en Canadá por las mineras de ese país tras su pugna con Grupo México, fue reintegrado a la vida política del país por MORENA, ahora como flamante senador y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la cámara alta, a pesar de las impugnaciones de trabajadores disidentes de su gremio quienes una y otra vez lo han señalado como un cacique –de esos que según dicen los morenistas deben desaparecer– con prácticas charriles, violentas y antidemocráticas.

El puesto que los morenistas han dado desde el Senado a Gómez Urrutia es estratégico en el proyecto laboral del nuevo régimen, pues sobre su espalda descansará la construcción del nuevo corporativismo obradorista que busca eliminar el viejo gremialismo cetemista y frenar cualquier eclosión de lucha obrera independiente. El objetivo fundamental de la recién creada Confederación Internacional de Trabajadores, proyecto sindical que impulsa Gómez Urrutia, no es otro que lograr la reconversión del viejo corporativismo priista en uno “nuevo” confeccionado de acuerdo a las necesidades morenistas de control obrero.

Esta situación –que ya algunos trabajadores comienzan a denunciar y repudiar– es la forma con la que el nuevo régimen pretende seguir utilizando viejos métodos corporativos presentándolos como nuevos y, así, conformar un neocorporativismo que en adelante le garantice el control institucional del proletariado mexicano en favor de sus necesidades y de los intereses del imperialismo, pues los grados de explotación a los que la clase obrera es y será sometida requieren de un proletariado organizado y centralizado de tal manera que puedan anular cualquier despliegue de lucha obrera, evitando con ello que los obreros puedan afectar el orden fijado por la burguesía nacional e internacional y, desde luego, por el Estado.

Ante este panorama resulta prioritario que los trabajadores luchen tenazmente por una verdadera democracia y autonomía sindicales y por la mejora efectiva en sus condiciones de vida. La clase obrera no debe olvidar que sus patrones se mantienen bregando también por superar la dificultosa crisis en que se encuentra sumido el capitalismo y que, en ese sentido, la batalla por mantener sus márgenes de utilidad pasa por la intensificación de la explotación y la supresión de las conquistas laborales de los obreros mexicanos.

Por ello es una necesidad imprescindible comprender –una vez más– que el Estado es el aparato de dominación política de la clase hegemónica por sobre las demás clases sociales independientemente de quién lo encabece. El Estado no es “amigo” o “compañero” de la clase obrera, sino el aparato bajo el cual la burguesía organiza su poder y, por lo tanto, el celoso guardián de sus intereses económicos, políticos e ideológicos por más que pretenda presentarse como un “juez imparcial” situado por encima de las clases y su lucha; donde la Aristocracia Obrera –también conocida como charrismo– se constituye como su “avanzada” en el movimiento obrero para someter la organización proletaria y defender con toda su fuerza a la patronal, justo como hace 13 años lo hizo Gómez Urrutia en la mina de Pasta de Conchos.

 

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