Arturo Rodríguez García

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a las organizaciones de la sociedad civil como instrumentos de los sectores más conservadores de la sociedad mexicana que, además, aprovechan presupuestos públicos, cometió un error, un exceso en la generalización que colocó a un mismo nivel a los grupos de ciudadanos que intentan construir cambios sin alinearse a partidos ni gobiernos con los depredadores de clientelas y presupuestos.

Y es que la descripción sí corresponde con ciertas organizaciones y colectivos que por cercanía al poder se prestan a la legitimación de decisiones, entidades pseudorepresentativas de los ciudadanos instrumentalizadas por el gobierno, o bien, que convierten el activismo respecto a diferentes causas en profesionalización de un negocio exitoso.

En esta últimas caben las menos, pero existen y gozan de amplios espacios en medios de comunicación, sin que ser transparentes; logran camuflarse en la buena voluntad; adoptan un discurso transformador y una jerga bienintencionada, pero en los hechos, se nutren del presupuesto y expresan la línea oficial.

El pasado martes 21 de mayo, el titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez, puso en la mira a uno de esos grupos que, a través de un enorme tinglado de razones sociales, e inclusive a título personal, adquirió en comodato cuatro propiedades de lujo que integran el inventario de bienes asegurados, es decir, aquellos bajo control del gobierno como resultado de procesos contra diferentes actividades delictivas.

Se trata de los líderes de Casa Sobre la Roca, un grupo religioso de corte neopentecostal que operaba bajo la fachada jurídica de ser asociación civil, creada por Alejandro Lucas Orozco Rubio y Rosa María de la Garza, quien se hace llamar Rosy Orozco.

El anuncio del titular del SAE fue por la recuperación de un departamento, valuado en 22 millones de pesos, ubicado en las Lomas de Chapultepec que será subastado y que tenía en usufructo la Fundación Camino a Casa, a través de la cual encausa su peculiar activismo sobre trata de personas, Rosy Orozco.

Alejandro Orozco era funcionario del DIF, cuando se le entregó una primera propiedad a título personal, en los albores del sexenio calderonista. Se trata de la residencia que según Ricardo Rodríguez, están intentando recuperar para poder subastarla.

Sin embargo, la información obtenida mediante solicitudes de información   hasta 2011, indicaba que eran al menos cuatro propiedades las que estaban en poder el matrimonio, una de estas la incautada a Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, que por estos días está próximo a recibir una sentencia reducida en los Estados Unidos.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, mucho se habló de un supuesto cambio de religión, asunto este que si bien corresponde a la vida privada tenía una importante influencia en el panismo católico, especialmente luego de que fuera captado en un video mientras pronunciaba un sermón en Casa Sobre la Roca. Además, la cercanía de Rosy Orozco a la entonces primera dama Margarita Zavala era tal que se le consideraba confidente.

Con alto nivel de acceso, los Orozco consiguieron espacios importantes en la administración pública, reclutaron a numerosos servidores públicos, e inclusive, a mandos medios y superiores del gabinete de seguridad que domingo a domingo acudían a la alabanza mezclada con mensajes políticos en el Centro Banamex.

Rosy Orozco fue candidata del PAN al Senado en 2012. Perdió. En los siguientes seis años fue notable su cercanía a gobernadores priístas, aparenemente apoyada por Miguel Ángel Ososrio, mientras Casa Sobre la Roca y las asociaciones formadas por el matrimonio crecían por todas partes sin que hasta hoy exista claridad sobre los recursos que recibieron en al menos 12 años de empoderamiento.

Ahora, cuando el gobierno se plantea recuperar las propiedades que los Orozco han ostentado en estos años, mientras sus protectores están vencidos, quizás se estén poniendo las condiciones para ir más allá y revelar la dimensión de los beneficios para una organización que encuadra en lo dicho por López Obrador sobre la sociedad civil que tenía ligas a los gobiernos.

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