Por Aníbal Feymen

El pasado 31 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró triunfante, contento, en actitud jubilosa por el crecimiento que logró la economía mexicana durante el segundo trimestre del año y que, según datos reportados por el INEGI, fue de 0.1%: «contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció de acuerdo con los datos del INEGI. No les funcionó su pronóstico a los expertos», dijo el presidente ante un resultado que muchos analistas han calificado como triunfo pírrico, muy lejos del 4% de crecimiento prometido por el gobierno.

En términos reales, este crecimiento es más un resultado simbólico que denota, en realidad, un desalentador estancamiento de la economía mexicana. Sin embargo, aún con lo exiguo de este porcentaje, el presidente López Obrador tiene motivos para celebrarlo como triunfo espectacular, más allá de los dividendos que le reporta este acto de abierta propaganda política.

Conviene recordar que, de acuerdo con el Índice Global de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2019 (IED 2019) dado a conocer por la firma global de consultoría AT Kearney, México pasó de la posición 17 a la 25 en la lista de destinos preferidos para los inversionistas. Incluso el Banco de México (Banxico), a través de la encuesta que levantó entre diversos especialistas en economía, sostiene que las proyecciones para la inversión extranjera directa en México han disminuido en 4.53%, en los últimos doce meses. El “bache” en inversión directa esperado por los especialistas consultados por Banxico puede prolongarse hasta el año 2020 cuando se espera un monto de 24 mil 599 millones de dólares, cifra situada, incluso, por debajo de lo esperado en este año.

Así, no se debe olvidar que desde mediados del mes de junio, el presidente López Obrador reclamaba a los tenedores de contratos de explotación petrolera su falta de inversión y productividad amenazando, incluso, con no convocar a nuevas licitaciones en tanto no elevaran su producción.

La falta de inversión por parte de los grandes magnates empresariales bien pudo darse en espera de señales más claras de “inmejorables facilidades” por parte del gobierno, o bien pudo haber sido para poner a prueba la solidez financiera de la actual administración; o ambas, incluso. Como quiera que sea, los resultados de crecimiento económico reportados por el INEGI dieron al régimen obradorista una inmejorable carta de presentación ante los empresarios mexicanos: las precarias condiciones económicas herededas por el anterior gobierno tecnocrático, el desenvolvimiento económico a nivel internacional donde la guerra comercial lanzada por el imperialismo norteamericano desequilibra los mercados y las ingentes posibilidades de una recesión económica mundial hacían suponer que la economía nacional se enfrentaría a un escenario recesivo con números negativos. Pero no; la economía reportó un menguado crecimiento del 0.1%, suficiente para despertar en la oligarquía mexicana una confianza plena. La prueba estaba superada y la burguesía entonces decidió formalizar su total connivencia al gobierno obradorista. Habría que anunaciarlo con “bombo y platillo”.

Al día siguiente de haber celebrado el 0.1%, durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador presumió su espléndida relación con los dueños del país –los mismos que en su momento ejercieron su poder para impedir la llegada de AMLO a la presidencia–: «Tenemos relaciones cordiales. Les voy a comentar, hace cinco días me invitaron a comer a casa del señor Alberto Baillères, 10 empresarios, desde luego Slim, Germán Larrea, Servitje, Antonio del Valle, así 10. Fue un encuentro respetuoso, agradable». Y agregó: «se habló del país y de cómo ayudar todos a sacar adelante a México, nadie habló de que van a invertir en otros países porque no hay condiciones en México, nada de eso».

Tres semanas después de la “feliz” comida, la oligarquía literalmente tomaba el escenario de la conferencia presidencial matutina. Allí, junto al presidente de México, los dueños de este país representados por el magnate Carlos Slim Helú, por el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle y por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí expresaron su disposición a flexibilizar sus estrategias de negocios en favor del proyecto económico del gobierno federal que anunció un acuerdo con las empresas Carso Energy, TransCanadá y Ienova para que éstas modifiquen sus tarifas por transporte de gas a cambio de ampliar el período de contrato o bien el volumen de gas por entregar. Además, el acuerdo incluye la continuación de la construcción del gasoducto Tuxpan-Texas que implementa TranCanadá.

Pero eso no fue todo, el presidente anunció lo que a mi juicio constituye el elemento central de la dirección que la burguesía mexicana trata de imprimir al país. El presidente dio a conocer que en el diseño del Plan Nacional de Infraestructura participarán los empresarios.

En este punto es necesario profundizar.

México se encuentra inserto en un proceso de cambio de modelo económico. En diversos artículos que he publicado en Notas Sin Pauta he insistido en que el gobierno obradorista busca recomponer el agotado patrón de acumulación neoliberal por uno nuevo de corte neokeynesiano donde el eje de la acumulación de capital se desarrolle en la esfera productiva-comercial. Desarrollar un patrón de acumulación con estas características implica el desarrollo de la industria mexicana. La oligarquía mexicana entiende, desde luego, estas necesidades. En estos momentos críticos de recesión, el capitalismo necesita desplazar la acumulación de la esfera financiera-especulativa hacia la producción industrial. Esta reconversión no sólo es necesaria para México, sino para el imperialismo, principalmente estadounidense. El fortalecimiento de las burguesías nacionales es una necesidad imperiosa para que la reconversión se concrete. En este sentido, la implementación de los proyectos de infraestructura que la burguesía mexicana requiere son una premisa irrenunciable. De allí que estos empresarios estén particularmente interesados en delinear el Plan Nacional de Infraestructura, pues es el proyecto que ellos necesitan para avanzar en la competencia capitalista a nivel mundial.

Las señales que AMLO ha dado a la oligarquía –desde el ínfimo crecimiento económico, pasando por la austeridad, hasta la abierta condena a cualquier opción popular de lucha anticapitalista– es el mensaje que los empresarios esperaban: un Estado fuerte, legitimado y totalmente dócil a los intereses de la burguesía. Con ello, han manifestado su venia para que el gobierno haga lo que debe, con tal de garantizar las disposiciones del empresariado mexicano. El gobierno mexicano ahora tiene luz verde para gobernar.

En este sentido, los proyectos planteados por el gobierno federal en torno a la industrialización representan la profundización en los procesos de despojo, opresión y control obrero que el desarrollo industrial de la burguesía requiere. El anuncio de continuar con la construcción del gasoducto Tuxpan-Texas, a pesar de que los habitantes de Barra de Cazones, Tamiahua, Veracruz, han dado la lucha en contra de la devastación ecológica que se avecina con el megaproyecto. AMLO no expresó nada respecto a los otros seis gasoductos que se mantienen inconclusos por la vigencia de amparos obtenidos por las comunidades directamente afectadas, pero no hay duda de que, a pesar de las resistencias, continuarán desarrollándose aún con la lucha de los habitantes de esas regiones.

Ante estos anuncios se advierte el incremento de los conflictos sociales por los megaproyectos que la burguesía implementa a través del Estado mexicano. En el pasado hemos visto lo que ha sucedido: represión, paramilitarismo, desparición forzada, asesinato político y desplazamiento forzado. El panorama no parece dirigirse a un desenlace diferente.

De cualquier forma AMLO tiene un bono de legitimidad altísimo, algo que la burguesía hará rendir con creces; y al gobierno esto le alcanzará para imponer con fuego y sangre los proyectos que el imperialismo necesita de México para su expansión; no por nada esa comida se realizó en casa de Baillères; una comida con la que verdaderamente comenzó el gobierno de López Obrador.

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