Reseña analítica de la obra de Camilo Vicente Ovalle

Por Frente Oriente / Las imágenes fueron tomadas de distintas publicaciones, NSP ofrece disculpas por no poder identificar los créditos originales.

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Control social y dominación ideológica

Nuestro país ha vivido sistemáticamente un clima de guerra que fácilmente puede escapar a nuestra comprensión, pero los resultados han sido demoledores y muestran objetivamente dicho estado imperante: asesinatos por motivos políticos o ideológicos, secuestro reiterado de luchadores sociales, desapariciones forzadas, asesinatos de dirigentes políticos, acoso constante a intelectuales críticos al sistema hegemónico, grave censura y evidente manipulación de los medios masivos de comunicación, pero sobre todo, una reiterada tendencia hacia la militarización que cumple funciones coercitivas en dos niveles fundamentales: por un lado actuando coercitivamente ante protestas sociales que cuestionan  la institucionalidad vigente y, en un nivel distinto, como impacto psicológico que la sociedad poco a poco asimila para vivir constantemente con el terror.

La Guerra de Baja Intensidad (GBI) [1] existe, es una constante en nuestro país desde hace décadas y ha logrado ejercer la razón de Estado en su más acabada expresión. Pieza clave en la GBI es la militarización, actividad sistemática que tiende a recurrir a la violencia organizada para la resolución de conflictos sociales y para el ejercicio de un férreo control político; es desarrollada principalmente por las fuerzas armadas mexicanas las cuales han contado desde tiempo atrás con entrenamiento internacional por parte del gobierno de Estados Unidos donde el objetivo es el perfeccionamiento de los métodos de coacción y desgaste progresivo del enemigo para evitar algún problema en la subsistencia del Estado y de los intereses que representa.

No es de extrañar que la seguridad nacional, la prevención de desastres, la protección de los recursos naturales o aún el combate al narcotráfico sirvan de justificación para el libre impulso de la militarización en toda nuestra geografía, y más cuando el concepto de seguridad nacional tiene la verdadera definición de seguridad interior, donde lo más importante es garantizar la reproducción y preservación del poder político, aunque éste tienda, como en el caso de nuestro país, a desarrollar modelos autoritarios.

El control social, con todas sus formas de reproducción material, no podría funcionar sin elementos ideológicos concretos destinados a la dominación política de la población, pero para ello es importante tener presencia en cada individuo y la certeza de que se va a apropiar de dichas ideas. Los medios de comunicación masiva surten un efecto contundente en la consolidación de este propósito.

Cabe destacar que la ideología de la clase dominante se reproduce no sólo por los medios de comunicación masiva, sino también por medio del sistema nacional de educación, por la forma de hacer ciencia y generar tecnología, por los ritos religiosos de tal o cual iglesia o secta, por algunas tradiciones folclóricas e incluso hasta por el nombre de las calles que diariamente recorremos, logrando con ello que el sentido común razone en este tenor con el afán de que la sociedad en su conjunto se apropie y ejecute los planteamientos del Estado y los intereses que representa, ejerciendo con ello una profunda violencia ideológica revestida de consenso y legitimidad.

No debemos soslayar la importancia que tienen los medios masivos de comunicación electrónica como el Internet, la televisión, la radio, la prensa escrita, etc. los cuales son los más contundentes propagadores de dicha ideología enajenando conciencias e imponiendo una visión parcial del mundo, creando así, un ficticio estilo de vida. La batalla para asegurar la dominación y el control social es total, por todos los medios el Estado arremete amparado en sus aparatos ideológicos.

Es en este contexto donde Camilo Vicente Ovalle, historiador e investigador riguroso del fenómeno de la violencia política y la represión del Estado, realiza su valioso trabajo en torno a la estrategia contrainsurgente que el Estado mexicano desplegó para la contención y eliminación de la disidencia política, en particular contra aquella que adquirió la forma de movimiento armado. En el trabajo de Camilo encontramos no sólo la acción coercitiva del Estado, sino una práctica represiva singular: la creación de un complejo discursivo donde se presentó públicamente a los luchadores sociales como delincuentes comunes con una clara intención de someterlos al linchamiento mediático y su posterior aislamiento social para, entonces, ejercer sobre ellos las más nefastas prácticas represivas. La despolitización de la lucha popular como elemento central para el aniquilamiento político y físico del adversario.

Las preocupaciones de Camilo Vicente Ovalle, plenamente justificadas en la realidad social, son el eje articulador del presente ensayo.

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En la imagen: Camilo Vicente Ovalle. Tomada de su sitio web

Una reflexión sobre la hegemonía

El Estado es un aparato de dominación de una clase por sobre las demás cuya principal función es garantizar  dicha dominación que le permita hacer efectiva la hegemonía de la clase dominante, clase  a la que sirve y de la cuál emana su poder.  Esto es, ser la conducción moral, ideológica y política de la sociedad.

Como aparato de dominación el Estado echa mano de las herramientas que tiene a su disposición para hacer efectiva dicha tarea, tiene a su disposición el aparato coercitivo conformado por fuerzas armadas: Ejército, Marina Armada, Guardia Nacional; así como por cárceles e, inclusive, grupos paramilitares. Por otra parte, posee el control de los medios de la reproducción ideológica como son: medios de comunicación masiva, el sistema educativo y, por supuesto, el aparato jurídico en el cual se constituyen los preceptos legales de una sociedad, o sea los límites permitidos para la acción social.

Lo que permite al poder político mantener la conducción intelectual y moral de la sociedad con la finalidad de garantizar la concreción de los intereses del Estado y de las clases dominantes a las que representa es la hegemonía. Son entonces dos las vías por las que ejerce y hace efectiva esta hegemonía, eje central de su dominación. Por una parte, la coerción,que es una acción profundamente violenta pues se vale de sus fuerzas armadas para ejercerla, derivando siempre en la violencia física, psicológica o moral para imponer sus dictados.

Por otra parte, el denominado consenso que se presenta en apariencia como no violento, aunque en realidad lo es. La finalidad del consenso es hacer creer y pensar según los intereses del Estado y por supuesto de la burguesía a la que sirve. El consenso se asegura mediante la construcción de la opinión pública a través de los medios de comunicación masiva de acuerdo a los dictados ideológicos del Estado, los que serán impuestos en el grueso de la sociedad para facilitar su gobernabilidad.

No es entonces que estos dos momentos de la hegemonía –consenso y coerción– estén desvinculados; por el contrario, forman parte de un mismo aparato cuya finalidad es mantener su hegemonía intacta.

No obstante la efectividad del establecimiento de la hegemonía para el control social mediante el consenso, siempre existen segmentos sociales disidentes que mantienen posiciones críticas o abiertamente contrarias al régimen político imperante. Este fue el caso de las organizaciones político-militares de corte revolucionario quienes decidieron, una vez agotados los causes institucionales para introducir cambios sociales profundos, había llegado la hora de adoptar una abierta política de ruptura con el sistema.

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Las organizaciones guerrilleras y la construcción del enemigo

Prácticamente después de la segunda mitad del siglo XX, se desarrollaron diferentes movimientos que reivindicaron la lucha revolucionaria apostando por la transformación radical de la sociedad y oponiéndose diametralmente a los propósitos del Estado y de la burguesía como clase hegemónica. Particularmente en la década de 1970 surgieron diversas organizaciones guerrilleras que hicieron de la vía armada el medio por el cual pretendieron la transformación revolucionaria de la sociedad. La respuesta del Estado fue decidida e instrumentó medidas para contener y desarticular a dichos grupos, entre las que destacaban encarcelamientos, torturas, asesinatos políticos, desplazamientos forzados y una de las más cruentas expresiones represivas: la desaparición forzada de personas.

Cuando hablamos de la represión que el Estado ejerce contra el movimiento social es común vincular  dicho proceso con el uso desmedido de la fuerza pública; generalmente asociamos la represión con el despliegue de las fuerzas armadas para amedrentar, controlar y desarticular al movimiento social.  Así es, pero esto es la parte más visible de la violencia que ejerce el Estado; sin embargo, también se dota de otros mecanismos que le permitan ejercer la acción represiva, otros métodos aparentemente menos evidentes para conseguir fracturar cualquier tipo de organización o movimiento popular.

Hablamos pues, de mecanismos sutiles de control y moldeo de la conciencia colectiva, es decir, discursos estructurados que se crean desde el Estado y se reproducen entre las masas. Para que se pueda combatir a un enemigo del sistema, a un enemigo del Estado, es necesario darle nombre, confeccionarlo. ¿Qué elementos influyen y conforman la construcción de un enemigo políticoespecífico?, ¿Cómo se crea un enemigo público?

En su notable ensayo, Verdad de Estado y Discurso de la contrainsurgencia, Camilo Vicente Ovalle pone en evidencia la estrategia de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano para contener y erradicar a la disidencia política entre las décadas de 1960-1980, etapa de la denominada “guerra sucia”. Dicha estrategia es una doctrina integral que no se circunscribe únicamente al ámbito político-militar sino que desarrolla definiciones jurídicas y conceptuales que le permitan estructurar una opinión pública que, a través del discurso contrainsurgente, proporcione y conciba las condiciones necesarias para ejercer la violencia del Estado con un amplio margen de legitimidad.

Camilo Vicente Ovalle desmenuza tres momentos que adoptó el discurso de la contrainsurgencia. El primero fue lacreación del enemigo y que fue un discurso que se configuró y diseminó en el ámbito público. El segundo momento denominado la otra la verdad sobre sí del militante y, finalmente, la desaparición según los desaparecedores.

El primero de estos tres momentos tiene que ver con el discurso público mientras los otros dos fueron construcciones discursivas que se produjeron en el ámbito clandestino de la contrainsurgencia. La integración de los “expedientes criminales”, arrancados mediante tortura, permitió dar sustento criminalizador a la retórica construida por el Estado y respaldó ese discurso público permitiendo la creación de una nueva forma de producir y distribuir la violencia de Estado.

Un elemento primordial para entender el proceso de confección del enemigodurante la denominada “guerra sucia” y que tiene plena vigencia para el movimiento social, es el fenómeno de despolitización. Este es el punto de partida de la construcción de un enemigo que pretende la desarticulación de grupos opositores al Estado y su total aniquilamiento.

A raíz del estallido de las diversas expresiones subversivas, la maquinaria estatal se volcó a caracterizar esta nueva disidencia política. El eje dejó de ser la pura criminalización para dar paso a la despolitización, siendo ésta la columna sobre la que se erigió la configuración del enemigo.

¿Qué implica la despolitización? Implica despojar de su carácter político a la disidencia, sacarla de la posición político-ideológica que dirige su acción revolucionaria y transferir sus postulados teóricos a simples actos criminales y antisociales. Con la despolitización se busca reducir discursivamente, ante la opinión pública, a los sujetos sociales y sus prácticas revolucionarias a meras  acciones “delincuenciales”.

Aquellos disidentes políticos perseguidos durante las décadas de la “guerra sucia” fueron presentados, desde el discurso del poder, como delincuentes desprovistos de concepción política, pretendiendo anular con ello su carácter opositor. Asimismo, sus motivaciones eran exhibidas como carentes de contenido político e ideológico y se les describía como portadores de los peores males de la sociedad. El Estado y sus aparatos ideológicos de dominación tuvieron el cuidado de colocarles en todo momento calificativos como vagos, alcohólicos, drogadictos, homosexuales, enfermos, etc., todo aquello que el sentido común asocia como “indeseable” para la sociedad.

Con esta nueva configuración pública del enemigo vinculada a lo despreciable, se justificó ante la opinión pública la necesidad de eliminar a estas “lacras sociales”; situación que recibió, desde luego, un amplio respaldo social.

Vicente Ovalle, a través de su ensayo, nos brinda un ejemplo elocuente: un montaje elaborado por el Estado a finales de la década de 1960 que consistió en la edición de un libro titulado El Móndrigo. Bitácora del Consejo Nacional de Huelga, Editorial Alba Roja; texto adjudicado a un dirigente del movimiento estudiantil de 1968 que, muerto en Tlatelolco durante la represión del 2 de octubre, tenía en posesión un diario de memorias donde supuestamente éste explicaba que fueron los mismos dirigentes de la revuelta universitaria quienes dieron vida a la masacre de la Plaza de las Tres Culturas pues, según el planfleto, “lo que conduciría al triunfo, sería una estrategia en cuyo centro estuviera la represión”. Como el mismo Camilo Vicente consigna, ni el autor ni la editorial existieron realmente. O sea, todo se trató de una ficción cuyo objetivo fue deslegitimar al movimiento estudiantil, desprestigiarlo. El Móndrigo constituyó el grotesco ejemplo de que en la lucha de los estudiantes no existía ni ética ni ideales políticos, sólo ruines propósitos.

Esta es la narrativa pública en torno a la construcción del enemigo que se mantuvo durante las décadas siguientes, difundida masivamente a través de medios de comunicación, de intelectuales afines al partido de la “revolución” y desde las estructuras estatales.

Los disidentes políticos dejaron de serlo para transformarse en grupos de delincuentes “enloquecidos en una carrera irracional hacía la muerte”; delincuentes que suponían un riesgo para la patria que exigía su eliminación sin concesiones. Así, la perspectiva ideológica de los grupos organizados en estructuras guerrilleras se esfumó en el discurso público.

Y, como lo mencionamos anteriormente, también se construyó un discurso no para su difusión pública, sino para y desde la clandestinidad. Una estrategia que buscó afanosamente que los detenidos– desaparecidos aceptaran, desde la tortura en alguna cárcel clandestina o en el Campo Militar, la construcción delincuencial que el Estado les había confeccionado, dando como resultado un discurso gestado en la clandestinidad pero que funcionó para dar soporte a la narrativa que fluía de manera pública.

Este discurso de la clandestinidad se esmeró en documentar las “confesiones” resultado de los suplicios propinados a los guerrilleros, pues esto permitía justificar el actuar de las dependencias de seguridad, deslindando al Estado de tan deleznables actividades haciendo recaer la responsabilidad en los disidentes: los llamados “delincuentes” tenían toda culpa de su detención-desaparición, de la tortura a la que fueron sometidos, por ser participes de actos “delictivos”.

A razón de esto, Vicente Ovalle evoca a través de la siguiente cita de Carlos Montemayor su idea de la construcción del enemigo:

“La violencia de Estado tiende a esconder sus propios medios, genera un discurso que oscurece su naturaleza, la envuelve en bruma con eufemismos y metáforas. Ese discurso, uno de cuyos pilares es la caracterización del enemigo a combatir, fue el corazón de la estrategia estatal y de la lógica de violencia. El discurso sobre el enemigo es una definición política postulada como un problema policial, eliminando toda comprensión política de los movimientos hizo más fácil su contención o su aniquilamiento. La forma en que se ensucia al enemigo es ya, en gran medida, el índice de la estrategia represiva y política que será empleada”.

Con todo lo analizado, podemos decir que el Estado se afirmó, entonces, como defensor de los intereses de la sociedad y preparó las condiciones necesarias para evitar y/o desarticular y eliminar cualquier tipo de brote de inconformidad que suponga un riesgo para su gobernabilidad. Así, el poder político crea al enemigo perfecto: un adversario que, una vez despojado de su carácter político y social, es fácilmente aniquilable. Igualmente, genera una narrativa que se generaliza y se enquista en el grueso de la sociedad, la vuelve parte del sentido común de las masas quienes hacen suya esa narrativa e incluso la defienden con toda convicción. Entonces, finalmente, la reforma legal termina por redondear el acto represivo al adaptar el marco jurídico como elemento central de la razón de Estado.

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El derecho positivo, organizador del poder político

Consideramos que en la sociedad capitalista actual, el Estado no es el garante de la paz, ni de la justicia, ni de la seguridad social. El Estado es el aparato de dominación de la burguesía sobre las clases populares. El derecho positivo que lo edifica no tiene como meta la impartición de justicia sino, por el contrario, organizar el poder de las clases dominantes por sobre las explotadas. Creer que el derecho, consagrado en leyes, Constituciones y reglamentos, sirve para impartir justicia es una idea errónea. El derecho organiza el poder burgués, consagra la explotación del hombre por el hombre, que se concreta en la contradicción fundamental del capitalismo: sobre la producción social de la riqueza se da la apropiación privada de ella. Esta idea mistificada del derecho como “justicia” se convierte en la legitimación de la opresión y de la explotación capitalista, ejecutada firmemente por el Estado, fiel guardián de los intereses de las clases dominantes.

Bajo esta lógica, creemos que por su parte el derecho penal funciona como una técnica de control social con fines represivos. Así que el Estado toma partido y ejerce la violencia de la clase dominante para garantizar sus intereses económicos, políticos e ideológicos. El carácter histórico del Estado actual es plenamente burgués, su función histórica es mantener el poder y los intereses de la burguesía a través del consenso –por ejemplo de la idea de la democracia a través de elecciones– o de la coerción –la política de Terrorismo de Estado y el paramilitarismo, desde luego–.

Vicente Ovalle también reflexiona sobre el derecho como parte sustancial de la política represiva cuando expresa que “de manera suave y sin llamar la atención, se introdujeron reformas legales para renovar el control de la disidencia y su definición misma”.

Esta fue la configuración pública del enemigo: por una parte la narrativa diseminada en medios de comunicación y por otra las reformas legales.

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El enemigo que acecha

A través de Verdad de Estado…, Camilo Vicente Ovalle deja claro cómo el Estado, por medio de la doctrina de la contrainsurgencia, crea el escenario propicio para la desarticulación y/o eliminación de la disidencia política. Pero el autor va más allá y acude al terreno de la historia para fundamentar su análisis. En el ensayo El enemigo que acecha: la construcción del enemigo político y la represión en México en la década de 1970, Vicente Ovalle examina al gobierno de Luis Echeverría Álvarez, donde demuestra cómo el Estado implementó la política de contrainsurgencia en México.

El enemigo que acecha… forma parte de una amplia investigación en torno a la desaparición forzada de personas como una práctica sistemática de eliminación del enemigo político. En el texto, Camilo Vicente sostiene que “uno de los elementos constitutivos de la represión política, particularmente aquella que se plantea como definitiva, esto es, que concluye con la eliminación, es la construcción de un sujeto como negatividad social absoluta, por lo tanto eliminable”.

La construcción negativa que el Estado crea del enemigo político se torna elemento central que posibilita la represión hasta una de sus máximas expresiones: la desaparición forzada. Sin embargo, como dice Vicente Ovalle, “esta lógica depende del conflicto, político y social en la que se opere: el enemigo no siempre es el mismo. En cuanto la lógica del conflicto se modifica el discurso sobre el enemigo también lo hace. Aunque se asuma como obviedad, en realidad lo que se señala es que el enemigo nunca estuvo ‘ya allí’, sino que es creado y representado, en cada momento.”

Afirmación certera. La realidad nos ha demostrado la forma en que el Estado crea al enemigo político según el contexto y las problemáticas que enfrenta. Durante el sexenio de Luis Echeverría el guerrillero fue despojado de todo elemento político y relegado a ser “vándalo”, “gavillero”, “delincuente” permitiendo y justificando con ello la embestida feroz del Estado contra la lucha armada y apelando a su total exterminio. La creación del enemigo responde en gran medida a las necesidades del Estado en cada momento determinado.

Por ejemplo, después de los hechos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, el régimen del Partido Revolucionario Institucional atravesó una crisis política y social importante; era necesario relegitimar su posición política. Luis Echeverria intentó paliar dicha crisis aludiendo –en términos ideológicos– al “nacionalismo revolucionario” operando estrategias populistas. La maquinaría estatal requería ser aceitada pues no había salido bien librada de la década anterior.

Echeverría, implementó una estrategia contrainsurgente envuelta en una apariencia de progresismo. Se presentó como un “amigo”, buscó afanosamente desvincularse de la figura autoritaria de Díaz Ordaz, promovió la “unidad nacional” por encima de cualquier tipo de diferencia ideológica o de clase, se presentó como un hombre plural y bajo su mandato era posible la coexistencia de diversas corrientes ideológicas, acercó a sectores de la izquierda oportunista; a la mirada internacional se presentó como un progresista por su relación con Chile y el gobierno de Allende, por ejemplo.

Sin embargo, mientras por un lado se presentaba como un progresista, por otro buscaba denodadamente la desarticulación–eliminación de la guerrilla, haciendo posible el acto represivo mediante la construcción del enemigo que se edificó y al cual Echeverría contribuyó:

“Es útil para todos, señoras y señores, que hagamos alguna reflexión derivada del análisis de la composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes […] Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina […] son, estos grupos, fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros que hallan en ellos instrumentos irresponsables para estas acciones de provocación en contra de nuestras instituciones”.

En estas palabras del otrora presidente de México se expresa todo el contenido criminalizador y despolitizador que el Estado hizo de la insurgencia armada. Este fue el evidente resultado de una política contrainsurgente de la cual se valió el gobierno mexicano para retomar la legitimidad perdida en años anteriores y permitir la eliminación de esta figura de enemigo confeccionada a modo.

No es, ni de lejos, una bravata o una ocurrencia; es el aparato estatal echando a andar toda la fuerza de su maquinaria para la disolución total de su enemigo. Echeverría es ejemplo de cómo se operó esta estrategia, la cual Camilo Vicente Ovalle expone con una claridad sorprendente y desgarradora.

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Conclusión

El análisis histórico y conceptual que nos ofrece Camilo en sus ensayos nos remite a las condiciones de violencia y represión que vivimos en nuestros días. Es necesario observar que esta política contrainsurgente no se circunscribe a las décadas de 1970 y 1980; sino que ha continuado su desarrollo en los últimos años, pero ahora en contra de las resistencias populares que se organizan en torno a la política de despojo a la que son sometidos diversas comunidades ricas en recursos naturales.

El linchamiento mediático, la criminalización de la protesta social, la militarización y el paramilitarismo no son otra cosa que la implementación, bajo nuevas condiciones sociales, de esa misma política contrainsurgente de la etapa de la Guerra Sucia. Hoy tenemos que en el discurso del Estado la denominada “delincuencia organizada” se ha convertido en la coartada perfecta para avanzar en esta política de despojo y opresión. Nuevamente la construcción del enemigo, la despolitización de su lucha.

Ante los esfuerzos organizativos de resistencia contra los denominados megaproyectos, el Estado ha desatado una brutal campaña de represión basada, fundamentalmente, en la política de Terrorismo de Estado, elemento fundamental en la doctrina contrainsurgente de GBI.

El Terrorismo de Estado se caracteriza por la implementación gubernamental de prácticas represivas, ilegítimas e ilegales, absolutamente violatorias de los Derechos Humanos, que buscan causar un estado permanente de zozobra a través del miedo con la finalidad de someter a la población civil. Los gobiernos justifican esta abominable práctica alegando razones de seguridad de Estado y, mediante este  subterfugio, ejercen una profunda violencia contra la población.

Para extenuar la resistencia y lucha popular, el Terrorismo de Estado ejecuta una permanente campaña de amenazas y represalias, linchamiento mediático mediante calumnias, hostigamiento, encarcelamiento político, desaparición forzosa, tortura y asesinatos políticos; todo ello ejecutado por fuerzas del orden público o por grupos paramilitaresinstruidos por las instituciones castrenses gubernamentales. Su objetivo es imponer un orden o una ideología específica en la población, obligándola a la obediencia absoluta.

Entonces, ante este panorama desesperanzador, acude a nosotros el valioso trabajo de Camilo Vicente Ovalle, quien desde su desgarradora objetividad, reflexiona el pasado a la luz de las inquietudes del presente donde la contrainsurgencia y el Terrorismo de Estado continúan siendo el lastre que nuestra sociedad padece.

 

Frente Oriente

Proletario y combatiente!!

Verano de 2019

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NOTAS

[1] La Guerra de Baja Intensidad es una doctrina totalizadora de la contrainsurgencia, o sea, una política militar para sofocar cualquier tipo de resistencia popular o lucha revolucionaria conducida en términos ideológicos. Así, tenemos que de acuerdo con esta doctrina contrainsurgente, diseñada por el imperialismo norteamericano durante el gobierno de Ronald Reagan, “el éxito en la prevención o el combate a los movimientos revolucionarios, insurgentes o populares depende la identificación y comprensión de la naturaleza de la amenaza y de la lucha basada en acciones equilibradas”. Para ello, los represores han incluido las tareas estratégicas tales como el fomento del desarrollo a través de la ayuda económica; la presión para la realización de reformas sociales y políticas, así como el reforzamiento de sindicatos blancos o “charros”, agrupaciones juveniles de ideología reaccionaria conservadora o abiertamente fascista y partidos políticos subordinados a los intereses del imperialismo; ejercer la política deTerrorismo de Estado, alternando sistemáticamente la represión general, mediante acciones de militarización y supresión de los derechos humanos o la represión selectiva contra organizaciones, líderes o luchadores sociales y que va desde el acoso y hostigamiento hasta el asesinato político pasando, desde luego, por periodos de encarcelamiento político y por desaparición forzada.

De acuerdo con los planteamientos de la doctrina de GBI, todas estas actividades deben entretejerse para producir un “enfoque coordinado e integrado” que mine el atractivo de los movimientos radicales y que minimice sus probabilidades de éxito. (Cfr. U.S. Overseas Internal Defense Policy, NSAM-182. Adoptado como mandato secreto en el plan oficial de acción del presidente Ronald Reagan.)

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