De un Mundo Raro
Por Miguel Ángel Isidro
Hace unos días se cumplieron los primeros cinco años de los lamentables acontecimientos que concluyeron con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero, que habían llegado a la ciudad de Iguala con el objetivo de secuestrar autobuses para asistir a la manifestación conmemorativa de la matanza del 2 de Octubre en Tlaltelolco.
Mucho se ha dicho, escrito, investigado y especulado en torno a estos hechos, pero lo único cierto al día de hoy, es que no hay una plena certeza de lo que ocurrió con estos jóvenes.
Bajo muchas expectativas, se han celebrado ya diversas reuniones de acercamiento y trabajo entre representantes del gobierno federal, legisladores y los padres y familiares de los normalistas desaparecidos.
Incluso vimos al Presidente Andrés Manuel López Obrador usar una playera alusiva a los 43 normalistas en su conferencia mañanera de este pasado jueves.
También supimos de la reactivación de recompensas económicas de hasta 10 millones de pesos por información que permita esclarecer el caso, y más específicamente por datos que permitan la ubicación y detención de Alejandro Tenescalco Mejía, quien se desempeñaba como supervisor en turno de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, cuando ocurrieron los trágicos hechos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Se trata de un personaje clave para resolver el complicado nudo de la noche negra de Iguala.
Probablemente, hubo quienes esperaban anuncios espectaculares en relación al caso. Y no, no hubo una colisión de planetas ni llovieron sapos como muchos agoreros del desastre llegaron a anticipar, esperando una ruptura entre el gobierna de la 4T y los familiares e interesados en el caso.
La jornada de aniversario se circunscribió principalmente en torno a la esperanza de que el nuevo gobierno pueda, por fin, cerrar el caso.
No es la primera vez que los padres y familiares de los normalistas se reúnen con las más altas autoridades federales. El el 29 de octubre de 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto se reunió por primera vez con los padres de los normalistas. En dicho encuentro se suscribieron acuerdos. Peña Nieto, amante de los decálogos, suscribió un documento de 10 puntos que establecía compromisos de ambas partes para el seguimiento de las investigaciones correspondientes, la salvaguarda de los derechos humanos de los estudiantes sobrevivientes, el mejoramiento de las condiciones de las escuelas normales del país y garantías para la participación de los familiares de los normalistas en calidad de coadyuvantes en el caso. Los acuerdos se cumplieron parcialmente.
En 2015, los padres de los normalistas presentaron al Peña Nieto un pliego petitorio de 8 puntos, entre los que sobresalían la demanda de crear una Unidad Especializada de Investigación del caso, dependiente directamente de la PGR, así como la permanencia del denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en calidad de coadyuvante y aval de las investigaciones.
Así mismo, se planteó el relanzamiento y concentración de la búsqueda de los desaparecidos –aún cuando para ese entonces, los restos mortales de dos de ellos ya habían sido identificados por un laboratorio especializado en la Universidad de Innsbruck, Austria- “a partir del uso inmediato de tecnología”.
Las crónicas periodísticas de aquellas fechas consignan que apenas un par de horas de concluido el encuentro, el entonces vocero presidencial Eduardo Sánchez dio a conocer la iniciativa del Ejecutivo Federal para proceder a la creación de un equipo de peritos “del más alto nivel” para dar continuidad a las investigaciones, en base a las recomendaciones del GIEI.
Todo parecía marchar con plena voluntad. ¿Qué se pudrió en el camino?
Habrá que recordar que por petición de los propios padres, a los 43 normalistas se les tiene en calidad de “desaparecidos”, no obstante los testimonios de diversos implicados que señalan que la mayoría habrían sido ejecutados y al menos algunos de ellos, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos lanzados al río San Juan.
En torno a los lamentables sucesos de Iguala, durante estos cinco años, 111 personas fueron detenidas por su presunta participación en estos hechos. A la fecha, 44 de ellos han obtenido su libertad; entre ellos algunos de los sicarios señalados por presunta responsabilidad material en los hechos. Errores en la integración de expedientes y faltas al debido proceso han sido mayormente las causas de dichas liberaciones.
El caso Ayotzinapa se anota como uno de los más estrepitosos fracasos del sexenio de Peña Nieto. A pesar de que en el discurso siempre manifestó su voluntad para lograr el esclarecimiento de los hechos, el torpe manejo judicial, mediático y político del caso empañó severamente la imagen del pasado gobierno a nivel nacional e internacional.
Viéndolo fríamente, el episodio Iguala-Ayotzinapa pudo haberse resuelto en el fuero local. Sin embargo, la cadena de omisiones, mentiras y complicidades terminó sepultando la credibilidad del gobierno de Peña Nieto. En estricto sentido, sería difícil acreditar el interés del gobierno federal en la desaparición de los normalistas, pero desde su primera intervención, la administración peñista mostró una negligencia casi criminal en el manejo del expediente. Baste con recordar el lamentable discurso de la “verdad histórica” de los hechos sostenido por el ex procurador Jesús Murillo Karam.
Y es que ni la sensibilidad ni el timing político fueron nunca el fuerte del gobierno de Peña Nieto. Le pongo un ejemplo: en septiembre de 2015, cuando se cumplió el primer aniversario del caso Caso Iguala, el Presidente Peña estuvo fuera del país, participando en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. La efeméride no mereció ni una reunión, ni siquiera un comunicado del pasado gobierno federal. Y en el pecado llevaron la penitencia. ¿Alguien se acuerda acaso de la participación de EPN en la ONU?
En resumidas cuentas: la desconfianza hizo su parte, y a cinco años de distancia, estamos prácticamente en el mismo punto; sin saber dónde están los normalistas, quién ordenó que se les atacara, y quién les ordenó ir ese día a la ciudad de Iguala, pese a las evidencias de la fuerte presencia del crimen organizado en la plaza.
Y nuevamente las preguntas: ¿Por qué no se ha investigado al director de la Normal? ¿Por qué razón los integrantes del Comité Estudiantil tomaron la decisión de mandar a los estudiantes de nuevo ingreso –los más jóvenes- a secuestrar camiones y “botear” en Iguala, en calidad de “novatada”?
¿Por qué no se ha abordado la vertiente política del empoderamiento del matrimonio Abarca, y sus padrinazgos políticos?
Por lo pronto, la iniciativa presidencial de dar plena libertad y apoyo a las investigaciones merece el beneficio de la duda.
Y ojalá que la agenda política del caso Ayotzinapa no se agote. Sobre todo , porque siempre habrá quien quiera lucrar políticamente con una tragedia. Y tenemos un nuevo proceso electoral a la vuelta de la esquina.
Sin embargo, desde mi personal punto de vista, lo más lamentable es que a cinco años de distancia, y muy a pesar del cambio de régimen, estamos muy lejos de tener un entorno político y social que garantice que un episodio tan doloroso como la noche negra de Iguala se vuelva a repetir. Algo debemos aprender de este lustro perdido.
SOUNDTRACK PARA LA LECTURA
-Los Fabulosos Cadillacs (Argentina) “Desapariciones”
-Belafonte Sensacional (México) “Verte regresar”
https://youtu.be/YsaTzk7J4xk
-Subatómicos (México) “43 Lágrimas”
Lengualerta (México) “For those (Protesta Ayotzinapa)”
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