Por Arturo Rodríguez García

El protagonismo de Vicente Fox y Felipe Calderón, los expresidentes que surgieron del PAN, contrasta con el silencio que históricamente tuvieron los priístas como regla no escrita de retiro. La oportunidad que se ofrece ante el desastre que es la oposición al actual gobierno parece estimular su activismo. El problema es que lo hacen en los flancos fallidos en su gestiones, como lo son democracia e inseguridad.

El papel público de Vicente Fox es deplorable, pero en el caso de Felipe Calderón es clara la perversidad, el afán de tergiversar lo que ocurrió en su sexenio con el propósito manifiesto de construir una nueva fuerza política apostando a la desmemoria, particularmente, cuando habla de democracia y seguridad.

Los hechos de Culiacán y la masacre a la familia Lebarón, son responsabilidad del actual gobierno, de eso ni duda cabe. Andrés Manuel López Obrador y su equipo, llevan el peso de garantizar la seguridad de los ciudadanos y no basta con culpar al pasado para evadir su papel.

Sin embargo, el activismo de Felipe Calderón es fiel a su historia. Fue él como presidente quien dio siempre un uso político a la violencia y ahora, como expresidente y aspirante a dirigente consorte, vuelve a eso: opina, condena, reprueba y alza la voz para acusar los yerros de lo que el régimen actual suele llamar “estrategia de pacificación”.

La cuestión es que si recordamos el 2006 no se trata sólo de lo electoral, el llamado “fraude” que López Obrador y sus simpatizantes suelen invocar. Y es que, ese año fue también el de las represiones foxistas en Atenco, Lázaro Cárdenas y Oaxaca, donde movimientos sociales no necesariamente alineados a un partido u oferta electoral enfrentaron el brazo aplastante del Estado.

Siempre he considerado que Vicente Fox perpetró cuatro traiciones a la democracia: cuando su esposa, Marta Sahagún, demandó al semanario Proceso; cuando reprimió la protesta social; cuando coadyuvó a una elección fraudulenta y cuando se aseguró de que la transparencia, presunto avance de su sexenio, negó el acceso a las boletas electorales de la elección presidencial.

En ese contexto de inconformidad social, Calderón inició su gobierno declarando la “guerra” y, para hacerlo mintió.

En 2012, poco antes de terminar su gobierno, el periodista Daniel Lizárraga realizó solicitudes de información sobre el diagnóstico que el gobierno tenía en 2006. Calderón solía decir que su estrategia se basó en un diagnóstico pero en la respuesta oficial, publicada entonces por Lizárraga como líder del equipo de investigación de Carmen Aristegui, resultó -de manera oficial- inexistente.

En alguna declaración de aquel año, Felipe Calderón expuso que sacó al Ejército a las calles por petición de los gobernadores que estaban rebasados en su política de seguridad. Cuando solicité las copias de esas peticiones, resultó que ni en Michoacán, Baja California y Chihuahua, donde inició el despliegue de tropas entre diciembre de 2006 y febrero de 2007.

La respuesta a esas solicitudes fue que no había petición de apoyo militar que hubieran realizado los gobernadores de esas entidades y, en realidad de ninguna. De hecho, fue hasta ya entrado 2008, cuando ya varias entidades desbordaban en una violencia que creció con el arribo de los militares.

En síntesis: Felipe Calderón mintió cuando dijo que tenía un diagnóstico y volvió a mentir cuando quiso justificar la acción ilegal de las Fuerzas Armadas; su legado fue el horror que nadie ha podido o querido revertir, de manera que sus opiniones carecen de autoridad política y moral.

 

Nota suelta

Este 6 de noviembre, el semanario Proceso cumple 43 años. Lo hace manteniendo su independencia, libertad e interés periodístico ajeno al poder, los intereses mezquinos y las ideologías, siguiendo la mística de su fundador, Julio Scherer.

Con el director, Rafael Rodríguez Castañeda; el subdirector, Homero Campa; mis compañeros en la redacción y en los diferentes staff, seguiré diciendo (hasta que esa mística prevalezca), “así somos y aquí estamos”.

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