Por Arturo Rodríguez García

A un mes del operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, ocurrido el 17 de octubre, las oposiciones partidistas y aquellas que se articulan en torno a grupos de poder real, lograron mantener diferentes posturas críticas al gobierno de la autonombrada “Cuarta Transformación”.

Y es que a Culiacán le siguieron diferentes polémicas que aun con el paso de los días se continuan y cuya característica es que son de fácil comprensión pues, hasta entonces, las críticas se centraban en decisiones más complejas que aquellas que tienen que ver con un pésimo operativo y peor gestión de las crisis que se desatarían también con el ataque a la familia Lebarón, la polarización por brindar asilo político al boliviano Evo Morales o el desaseo en la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son ejemplos de una dinámica que arrecia rumbo al primer aniversario de gobierno.

Las oposiciones -–que no es una— parecen no estar dispuestas a dejar pasar el menor resbalón y ciertamente es necesario que cada una se reagrupe y contrapese –como corresponde a una democracia– cualquier atisbo de avance en la concentración de poder.

Pero la paciencia y el profesionalismo políticos quizás no sean virtudes frecuentes y, frente a lo mucho que en un gobierno puede criticarse, hay actores que exhiben lo que parece ignorancia supina o perversidad en el manejo discursivo.

Dos personalidades de oposición incurrieron en esa conducta al calificar de racista al presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de un mensaje pronunciado en La Yesca, Nayarit, el sábado 16 de noviembre. Ahí, el mandatario expuso, como suele hacer en sus giras, su plan de ayudas económicas a adultos mayores, recordando que a los indígenas se les otorga a partir de los 65 años y a los “mestizos” a partir de los 68.

El contexto era relevante: López Obrador suele usar el lenguaje de la región o los públicos a los que se dirige. Nada nuevo pues el análisis de auditorio es básico en la comunicación política. Y en el caso de La Yesca, estaba frente a un auditorio integrado por wixárikas, pueblo que usa el vocablo “mestizos” al hablar de los no indígenas.

El senador panista Julen Rementería inició la discusión calificando de racista el programa y añadiendo: “esta aberración no se hacía desde que Hitler gobernaba Alemania”. En el exceso discursivo el senador de origen veracruzano desconoce o simula desconocer que la población indígena es sujeta de atención especial.

Oferta de campaña, la llamada pensión universal, fue planteada en esos términos en los recorridos de López Obrador por el país durante 2018; se oficializó en la primera semana de gobierno y, de hecho, en el pasado otros programas se aplicaban con atención especial a población indígena, con base en el artículo 2 constitucional y al amparo de lo que la doctrina llama acción afirmativa.

Tan es así que los programas diferenciados fueron objeto de indagación periodística. Personalmente, en abril de 2018, en la edición 2164 del semanario Proceso, publiqué un amplio reportaje sobre la desaparición de más de 12 mil 600 millones de pesos en la Sedesol de José Antonio Meade que fue denunciada dentro del propio gobierno peñista.

Se trataba de un fondo que, omitiendo normatividad y aprobación legislativa, se destinó a adultos mayores y niños indígenas, cuya aplicación pasó por inventar cerca de cinco millones de beneficiarios. El programa se llamaba “Pensión para Adultos Mayores Indígenas”, pero entonces ninguno de los que hoy reclaman dijo algo sobre racismo en el programa ni mucho menos del caso de corrupción que quedó sin indagar en las instancias competentes.

Rementería no fue el único. Kenia López Rabadán, que preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, lamentó en Twitter que López Obrador tomara decisiones “en función de la raza”. Aunque luego borró el tuit, fue claro que en su primera exposición pública al respecto, la senadora panista desconocía el sentido del artículo 2 constitucional, ley suprema que establece la prioridad de atención a los pueblos y comunidades indígenas, como también el ratificado Convenio 169 de la OIT, que por su función, la senadora López debería conocer al dedillo.

Los dos casos son penosos e indicativos de la ignorancia, el clasismo y la manipulación que prevalece en mucho de la clase política de todos los partidos. Lo es, especialmente, porque Rementería es originario de Veracruz, donde hay al menos 11 pueblos indígenas a los que se supone debería representar y que en el caso de López Rabadán, originaria de la Ciudad de México, aprobó  una Constitución local progresista en la materia cuyo contenido, por lo visto, le pasó de noche tanto como el apartado constitucional De las Garantías y los Derechos Humanos.

Sobra decir que, habiendo tantos temas en los que podrían fijar posiciones y críticas al gobierno, una oposición no puede avanzar si se basa en la engañifa y la rusticidad estridente.

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