La caravana de Lebarón y Sicilia

Por Arturo Rodríguez García / Imagen: Proceso Foto

Una discusión pública viciada, concentrada y bipolar, que artificialmente tiende a dividir entre liberales y conservadores, izquierda y derecha, es el contexto en el que Julián Lebarón y Javier Sicilia han decidido marchar una vez más a la Ciudad de México, con la idea de cuestionar la política de seguridad y ofrecer alternativas para un gobierno que en ese rubro no ha logrado buenos resultados.

Esa artificialidad de la división social, alentada por el discurso presidencial, se impone a partir de un presupuesto equívoco en el que todo aquello que se oponga, sea diferente o confronte por cualquier vía políticamente válida los designios que se expresan desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, son colocados en el extremo conservador.

Por principios, un liberal se opondría a mantener la militarización definitiva así fuera bajo un marco legal autorizado; también a que esa militarización –que para el caso está formalizada en la Guardia Nacional– se convierta en instrumento para violentar la libertad de transito y el derecho al refugio y, naturalmente, a que una o muchas voces sean agraviadas, silenciadas mediante el hostigamiento y el acoso por expresar una posición distinta a la del poder. No sobra decirlo: liberal es aquel cuyas acciones y propuestas se fundan en las libertades.

Discutidos y discutibles, los principios suelen chocar con la situación concreta y los casos concretos –que se supone,  corresponde al análisis de izquierdas— para resolver problemáticas urgentes y, quizás en México, no haya nada mas urgente que revertir los indicadores delictivos, tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador apostó, el pasado 1 de julio, el éxito de su gobierno a resolverlo.

Esa apuesta presidencial está anclada en la confianza que el mandatario tiene en dos vertientes: dotar de marco jurídico al Ejército a través de la Guardia Nacional –oficialmente atemperada e instruida en el respeto a derechos humanos—y una política social que contribuya a la redistribución justa de recursos públicos, que genere oportunidades a los jóvenes –asumiendo, como muchos podemos coincidir así sea parcialmente, en que las causas profundas del delito se ubican en la desigualdad.

Con tal perspectiva, el plan parece ideal pero hasta ahora sin resultados lo que, pese a todo, no afecta el optimismo presidencial. En el mejor de los casos los resultados serán lentos. Originalmente, el presidente se había planteado, el 22 de abril de 2019, que tendría resultados en seis meses, esto es, el 22 de octubre. No lo logró, excepto por una mínima reducción en la tendencia alcista de los homicidios que sin embargo resultaron en récord histórico ese año. El nuevo plazo se estableció para el próximo 1 de diciembre.

Hay que coincidir con el presidente en que la situación se explica –aunque como el mismo dice, no se justifica—en que se trata de un problema grave, profundo y heredado. Con todo, desde hace más de un año es su responsabilidad atenderlo con lo que sea posible y no solo en la obstinación de su propia oferta que, hay que decirlo también, tiene la virtud de un cambio en la narrativa que de ser securitaria en sexenios pasados, se centra hoy en la paz.

La paz, necesariamente, requiere de justicia y ese fue, desde el período de transición, un asunto problemático para las víctimas debido a que tuvo doble gestor, pues se encargó a Loretta Ortiz, que no tenía la menor idea de los procesos, así como a Alejandro Encinas, quien terminó conduciendo la atención de las demandas contra la impunidad en el gobierno, con buena voluntad quizás, pero ningún resultado más allá de la liberación de presos políticos que en realidad fue guiada por la oficina de Julio Scherer.

Desde entonces, López Obrador no ha querido escuchar más que a sus cercanos y, las experiencias acumuladas, las propuestas y otra perspectiva de la paz, que de antemano se sabe, no tienen cabida en su plan.

En el fondo, lo que él y los suyos no perdonan es la negativa del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a abrazar su proyecto político en 2012 y, luego, en 2018.

No sólo se trata de las diferencias que en encuentros privados tuvo Sicilia con el hoy presidente –y mucho menos de su resistencia al beso de Javier al que reduccionistamente aludió el mandatario en semanas pasadas—sino también de la postulación fallida en 2018 (al final aliada con lo peor de la política mexicana) de uno de los protagonistas del movimiento de víctimas, el hoy senador Emilio Álvarez Icaza. Esa acción, como la del zapatismo, fue interpretada en el obradorismo como oposición surgida en la perversidad “conservadora”.

Previsiblemente, la caravana de Sicilia y Lebarón no tendrá la misma fuerza que en 2011, aunque encause el genuino reclamo por las víctimas detonado por la masacre de familiares de este último en Bavizpe, Sonora, ocurrida el pasado 4 de noviembre. El presidente se ha negado a escuchar y sus seguidores –que alguna vez simpatizaron y, solidarios, marcharon con el Movimiento– hoy lo condenan.

Este presidente, que a diario descalifica, reprueba, reparte culpas y hasta pone apodos, ha dicho que no los recibirá por miedo a que le falten al respeto a la investidura. Los recibirá el gabinete de seguridad que, de ya se sabe, no está dispuesto a modificar ni un ápice de su plan “de pacificación”.

Al final, la caravana será anecdótica por no inútil. Sicilia y Lebarón, abren un camino a la sociedad civil, una vez más, para salir del letargo. Y lo hacen sin una agenda partidista ni de consecución de poder. Su acto, con el que se puede estar de acuerdo o no, es incompatible –siempre lo ha sido—con militancias políticas y mucho menos económicas. Por un principio liberal, y aun por humanismo puro, merecen el mayor de los respetos.

Autor: Arturo Rodriguez García

Creador del proyecto Notas Sin Pauta. Es además, reportero en el Semanario Proceso; realiza cápsulas de opinión en Grupo Fórmula y es podcaster en Convoy Network. Autor de los libros NL. Los traficantes del poder (Oficio EdicionEs. 2009), El regreso autoritario del PRI (Grigalbo. 2015) y Ecos del 68 (Proceso Ediciones. 2018).

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