Proceso represivo, los síntomas en la 4T

Por Arturo Rodríguez García / Imágenes: Frente Oriente

La última semana de enero, diferentes hechos relacionados con movimientos sociales dispararon las alertas tanto para los protagonistas de procesos contestatarios como para aquella parte del gobierno que asegura estar comprometida con las libertades y los valores democráticos.

Como siempre, la andanada se dirigió contra movimientos y organizaciones indígenas y campesinas, señaladamente identificados con las llamadas “izquierdas” que no están alineadas a partidos políticos y que enarbolan defensas del medio ambiente, la salud, la vida y el territorio.

Un primer caso, ocurrió el 24 de enero, cuando al puro estilo morenovallista, el gobierno de Miguel Ángel Barbosa mandó detener al líder social y radialista comunitario, Miguel López Vega. Como en los tiempos del extinto gobernador poblano, fue detenido al salir de una reunión en la secretaría de Gobierno, episodio este que refleja una política poco confiable y da un mensaje alarmante: si el gobierno barbosista en Puebla cita a un diálogo, es probable que sea sólo para localizar a la persona de interés y detenerla.

Miguel López es defensor del río Metlapanapa e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que hace un año incomodó al presidente López Obrador en su intento por imponer el Proyecto Integral Morelos, un conjunto de megaobras energéticas ideado durante el sexenio de Felipe Calderón, detenidas mediante amparos y movilización social desde entonces, aun cuando sus miembros fueron objeto de una persecución inclemente desde 2011.

Las descalificaciones presidenciales fueron el preámbulo del asesinato del también dirigente social, integrante del Frente –y como Miguel, radialista comunitario– Samir Flores Soberanes, un crimen que a casi un año de haberse perpetrado, se mantiene en la impunidad y que no mereció del gobierno orbadorista la importancia necesaria como para detener una consulta amañada  e ilegal, invalidada a la postre en tribunales.

López Vega fue liberado días después. Pero las agresiones se acumularon pues el 27 de enero, en Chiapas, fueron detenidos Martín Vázquez Pérez, Antonio Pérez Hernández y Alejandro López Pérez, militantes del Frente Democrático de Obreros y Campesinos, organización que denunció la operación de un grupo paramilitar, que gozaba cobertura de policías estatales del gobierno –como el de Puebla, también morenista—de Rutilio Escandón.

Luego, en Michoacán, fue localizado sin vida Homero Gómez, un activista ambiental comprometido con la preservación del santuario de la mariposa Monarca, que enfrentaba amenazas de las bandas de talamontes con cobertura gobuernamental. Ahí donde gobierna el perredista Silvano Aureoles, cuya violencia contra movimientos sociales es de sobra conocida, don Homero apareció muerto en circunstancias poco claras.

A estos episodios se suma la campaña de linchamiento institucional desatada contra las jóvenes mujeres que exigen seguridad en diferentes escuelas y facultades de la UNAM. Y también el acoso, hostigamiento y desprestigio lanzado contra la Caminata por la Paz, del 26 de enero, donde un grupo porril reivindicó las descalificaciones que contra el movimiento de víctimas lanzó el presidente López Obrador en diferentes oportunidades.

Hay un discurso presidencial que garantiza respeto a derechos humanos y acatamiento de la voluntad popular cuando se opone a megaproyectos –reiterado en relación al acoso que elementos de la Marina Armada de México, habrían desplegado en contra de Marco Antonio Suástegui, opositor a la presa La Parota, en Guerrero en diciembre.

Pero también está el conjunto de casos que si bien es cierto no es viable atribuirle responsabilidad directa, si reflejan un desajuste entre su promesa de gobierno garantista frente a lo que algunos de sus cercanos o lejanos en gobiernos locales, están haciendo y que parece la reactivación de un proceso represivo que el mandatario debe atender de manera urgente si su discurso es genuino y congruente, aunque eso pase por también atemperar su rudeza verbal que endereza contra los que piensan diferente.

Autor: Arturo Rodriguez García

Creador del proyecto Notas Sin Pauta. Es además, reportero en el Semanario Proceso; realiza cápsulas de opinión en Grupo Fórmula y es podcaster en Convoy Network. Autor de los libros NL. Los traficantes del poder (Oficio EdicionEs. 2009), El regreso autoritario del PRI (Grigalbo. 2015) y Ecos del 68 (Proceso Ediciones. 2018).

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