Por Rodrigo Díaz Montes

En la época en la que cursé las materias de Derecho Penal en la universidad, el profesor para explicar lo que él llamaba la “política penal” nos mandó al descanso de media clase. Este “descanso” se da regularmente a las ocho de la mañana, la clase empezó a siete y servía para despertar. Salir a tomar aire, comprar y empujar un café aguado a la panza, fumar dos cigarrillos y platicar las penurias de la pasantía es la rutina de las mañanas de clase.

Regresando al salón, el profesor, que era un hombre testarudo, lleno de orgullo, despotismo y prepotencia alimentados por un puesto relevante en un cuerpo de seguridad pública hoy extinto o al menos inservible nos preguntó ¿Quién está de acuerdo en que califique con asistencia la materia? como en realidad todos llegábamos a no estar presentes en la clase, sino a pasar lista alzamos la mano. Salvo mi compañero Delgado, que siempre llegaba tardísimo a clase, después del pase de lista. Sus demonios y fantasmas no lo dejaban dormir por las noches, supongo.

Después de que le preguntaran por qué no alzó la mano, en un impulso de honestidad derivado de la inminente cargada de payaso que le esperaba con ese método de calificación dijo: “No sería justo que si yo he estudiado las clases y los libros, por el hecho de llegar tarde repruebe el curso, tengo derecho a presentar un exámen y que se me evalúe con un criterio más justo. Seguramente hay gente que llega a tiempo y que no sabe nada”. Mucha razón tenía, soy prueba de esto.

Otra compañera, cuyo nombre ni rostro quiero recordar, bañada en perfume y cama, contestó inmediatamente: “Suficiente esfuerzo es llegar a tiempo a las siete de la mañana a ésta clase, eso debería contar”. Tan enfrascada en la discusión estaba, qué olvidó que estaba sentada en primera fila, enfrente del escritorio del licenciado. Todos guardamos silencio y algunos no pudimos contener por mucho tiempo la carcajada ante semejante desliz.

El profesor tronó la burbuja que había creado: “Señores, los criterios de evaluación se los di el primer día y se van a cambiar”. Y con este experimento social en realidad nos embarró la idea de lo que es el llamado “populismo penal”.

Cuando nos explicó de fondo el concepto pudimos resumir de la siguiente manera: La tendencia legislativa de aumentar las penas a los delitos más frecuentes, con la intención de aumentar la popularidad política de una persona o partido en un tiempo y lugar determinados.

Bajo dicha definición y soñando despiertos, si el robo de auto-estéreos fuese el delito más común en nuestro anémico México, algún legislador podría proponer la pena de muerte como solución al problema.

A raíz de la palurda y patética idea de reincorporar la pena de muerte (como castigo a delitos como el feminicidio, la violación o el homicidio doloso) propuesta por diputados del  Partido Verde y Morena, vemos un intento verdaderamente barato de capitalizar la situación de inseguridad en el país y plantea una serie de discusiones y reflexiones que, de nuevo, deben ser analizadas con mucho tiento.

En términos jurídicos, la discusión queda agotada de manera muy rápida; eso no se puede. La constitución prohíbe de forma expresa la pena de muerte en el artículo 22. Una reforma constitucional a éste artículo no borra esta prohibición ya que en muchos tratados internacionales firmados y ratificados por México, la pena de muerte está prohibida. Siendo El Pacto de San José uno de los más relevantes, el artículo 4 de dicho instrumento es muy claro, no se puede reestablecer.

Pero no quiero dedicar éste artículo a las leyes. Ni a trazar una ruta llena de peligros económicos y geopolíticos para tratar de restablecerla. Tampoco quiero explicar el porqué es importante mantener la pena de muerte proscrita (imaginando nuestros procesos judiciales y nuestros “culpables”, que en realidad son más pobres que culpables, el terror inunda mi cabeza). El verdadero problema son los ineptos que ocupan un curul en la Cámara de Diputados.

El Verde Ecologista ha sido un verdadero lastre en la vida democrática del país, siendo el partido mismo y sus propuestas nada más que un verdadero instrumento mediático que, al igual que las rémoras con los tiburones, nada abajo de peces (o partidos) más grandes alimentándose y sobreviviendo de las sobras que no entran a la boca de éstos.

La pena de muerte ha sido una de las banderas más exitosas en términos mediáticos para el Verde, basta recordar que desde el ya lejano año 2009 propusieron la pena de muerte y la cadena perpetua a secuestradores y asesinos, delitos “de moda” en ese momento.

En realidad lo que enoja en demasía es el cinismo con el que, en publicidad de alcance nacional, mienten pregonando cual vendedores de tónicos milagrosos en la norteamérica rural de 1910, que van a trabajar para traer de vuelta ese tónico milagroso llamado pena de muerte. Nos aliviará de tanto miedo, dolor y sufrimiento que nos aqueja como nación.

No son las penas la solución al problema, es el castigo efectivo, la cifra negra en México es pavorosa. Millones de pesos se gastan al año en asesores legislativos, cuyo trabajo es hacerles saber a los de más arriba, qué no se puede. Y al parecer ni los cinco diputados de Morena, ni los trece del Verde tienen buenos asesores, o puede que no los escuchan, o sean primos, ahijados, sobrinos de alguien. O tal vez, sólo tal vez, estén recurriendo al populismo penal.

 

 

Por Rodrigo Díaz M.

Estudiante de Derecho, filósofo de banqueta, beisbolista amateur y ciudadano crítico.

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