Por Adriana Esthela Flores

Hay quienes, en esta crisis provocada por la pandemia de Covid19,  están enfrentando tres contingencias a la vez: el miedo causado por la propagación del virus;  la inminente certeza del cierre de sustento económico; y la contingencia permanente de la falta de justicia ante un feminicidio. Se trata de las madres y hermanas de víctimas de feminicidio que forman parte de las numerosas familias que viven al día –como se le llama acá en México a los ingresos diarios indispensables para la subsistencia, con posibilidades mínimas o nulas de ahorro o acceso a créditos- y que ahora, a su lucha diaria por justicia, se le suma una nueva batalla contra la indefensión económica.

A continuación, expongo tres de las voces de estas mujeres que representan a miles de familiares de víctimas de feminicidios y otros delitos graves en este país herido y quienes ahora necesitan de nuestra solidaridad así como de una respuesta urgente por parte de activistas, medios de comunicación, organizaciones y autoridades que, hasta ahora, las han dejado en la carpeta de lo invisible.

LORENA

Lorena Gutiérrez Rangel es madre de Fátima Quintana, una niña de 12 años víctima de violación tumultuaria, tortura y feminicidio el 5 de febrero de 2015 en el municipio de Lerma, Estado de México.

En 2018, ella y su familia tuvieron que ser desplazados a otro estado del país debido a las amenazas de muerte que enfrentaron tras el feminicidio. Una compañera le consiguió trabajo en un gimnasio a su esposo y a su hijo, cuyos salarios se convirtieron en el sustento del hogar. Desde ahí continuó la lucha por justicia para su hija (para quien logró instalar un memorial en la Plaza de los Mártires, en Toluca), hasta que llegó el Covid19 y súbitamente, le cambió el escenario futuro.

“La semana pasada los ´invitaron´ a renunciar. El negocio cerró. Lo cerraron y lo dejaron sin sueldo”, me cuenta Lorena vía telefónica.

“Estamos en doble contingencia porque se olvidaron de las víctimas de feminicidios. Sabemos que toda la gente tiene necesidad, pero nosotros ¿Cómo vamos a acceder a una despensa?”, añade.

Lorena llamó a la Comisión Ejecutiva del Estado de México, encabezada por María Isabel Sánchez Holguín, para solicitar despensas básicas para enfrentar el periodo de contingencia por Covid19. Le dijeron que su caso se debatirá este martes 24 de marzo y que el viernes 27 le notificarán si obtendrá el apoyo o no.

“Me preocupa muchísimo que entre las familias de las víctimas estamos atravesando por esta situación y es aquí donde quisiéramos ver a las organizaciones que nos ayudan, que piden por las víctimas de feminicidio y huérfanos, es aquí donde queremos ver el apoyo de todas esas organizaciones, de todas esas pseudo activistas que lucran con nuestras asesinadas, con nuestro dolor. Es aquí donde quisiéramos ver quién nos va a ayudar con despensa. ¿Quién nos va a ayudar? Al parecer, a todos, a los medios, se les está olvidando que estamos aquí, que estamos en doble o triple contingencia”, indicó.

MARIA MAGDALENA VELARDE

(Reproduzco fragmento de conversación con María, madre de Fernanda Sánchez Velarde, víctima de feminicidio el 4 de enero de 2014. Ella y su esposo Roberto están a cargo de dos de cuatro nietos. El más chico tiene seis y la grande, nueve. El único salario que sostiene la casa es el de su esposo).

“Mi historia empezó cuando mataron a mi hija, su esposo. Era Fernanda Sánchez Velarde. La mataron en Cuautitlán Izcalli. Lo quisieron pasar como suicidio. Yo veo el cuerpo de mi hija hasta cuando iba a ser velado y ahí nos damos cuenta que mi hija estaba brutalmente golpeada de la cara, tenía un moretón, la nariz rota, quijada rota, cara arañada como si la hubieran arrastrado, también moretones en todo su cuerpo y pues desde ese día empieza mi lucha con el Ministerio Público.

Había muchas incongruencias en todo lo que ellos habían puesto, queriendo pasar esto como un suicidio. Mi hija tenía 18 años de edad, dejó un niño huérfano (Yunuen) y tenía cuatro meses de embarazo. Estaba estudiando para protesista dental y se supone que iba a seguir estudiando pero el esposo ya no la dejó seguir estudiando.  No ponga nombre del esposo, ya ve que ellos hoy tienen más derechos que mi hija y que mi propio nieto.

Mi carpeta ya fue reclasificada como feminicidio, me costó más de tres años pero de nada me sirve porque no hay ningún detenido. El 27 de mayo de 2017 asesinan a mis otros dos hijos, Daniel y José  Alberto Sánchez Velarde, les dieron levantón y los torturaron hasta la muerte. En lo de mis hijos no hay nada, ningún detenido.  La verdad, no ha hecho nada el MP, no ha hecho nada.

Sobre el hijo de Fer, llegamos a un acuerdo porque, al final de cuentas, tengo que llegar a acuerdo porque si no, me iban a quitar completamente al niño. Este hombre tiene para el año que no me deja ver al niño. Acaba de cumplir ocho años.

Yo soy desplazada porque tuve que salir corriendo de mi hogar porque la tía de este hombre lleva policías, a mi esposo y a mí nos empiezan a golpear, mi hijo sale en defensa de nosotros y el policía le dispara. Estamos pagando casa de Infonavit y estamos pagando renta y la comisión no me apoya, solo con 2 mil pesos para que vaya a ver la carpeta, solo la de feminicidio.

A mi esposo lo corrieron del trabajo y la Comisión de Víctimas no me ayuda en nada. Lo despidieron de un restaurante. Iba a cumplir tres años, lavaba trastes y ya tenía planta.

A mis 2 nietos (un hijo de Daniel y otro de José Alberto) este año les dan beca pero debe ser desde agosto y solo me han dado tres meses y hasta ahora no me han dado nada.

¿Qué pido? Que se haga justicia en el caso de mis tres hijos pero también que me apoyaran ahora que vamos a cuarentena, ¿Cómo se va a quedar uno? Mi esposo ya va para los 60 años y ya no tiene trabajo, menos ahora. Que no me dejen sola. La verdad, hay veces que ya uno no puede seguir adelante porque ya acabaron con todo lo que tenemos económicamente, nuestra casa y nuestra familia y ya no tenemos nada. Ojalá me puedan apoyar”.

ELIZABETH MACHUCA CAMPOS

En el círculo de familiares de víctimas, le dicen “Liz” es comerciante, madre de dos hijos y  hermana de Eugenia, víctima de feminicidio, quien dejó tres huérfanos, uno mayor de edad. Su madre y padre son personas adultas mayores. Él trabajaba en el ramo de la Construcción y su madre padece diabetes.

Eugenia fue asesinada el viernes 27 de octubre de 2017, a la edad de 35 años. Con secundaria terminada, trabajaba de costurera en una empresa textil y era dueña de un cibercafé en Ocoyoacac, Estado de México.

Al principio, detalla Liz, la Fiscalía mexiquense intentó hacer pasar el feminicidio como muerte por atropellamiento, pero esta versión resultaba inverosímil. Liz insistió en el cambio de carpeta y finalmente, consiguió que la muerte de Eugenia fuera investigada como feminicidio, pero la investigación iniciaría hasta el 8 de enero de 2018, tras las vacaciones decembrinas. Más de un año después, el 15 de noviembre de 2019, inició el camino para sentenciar al feminicida, Ricardo de la Rosa, tras un proceso de audiencias lleno de retrasos, cancelaciones, cambios de jueces e inasistencia de personal de Fiscalía. La condena fue 43 años y 9 meses así como una multa de 166 mil pesos.

El proceso legal no ha terminado, pues falta el pago de la reparación del daño. A esto se suma el Covid19: el padre de Liz y Fer fue “descansado” de su trabajo y la contingencia amenaza la labor comercial de Liz.

“En mi caso, no nos han dado ningún apoyo por parte de la Comisión de Víctimas del estado, ni económica ni de becas de ningún tipo. Mis papás son adultos mayores, cuentan con el apoyo del gobierno federal que les adelantaron, pero ¿Qué va a pasar después?

“Yo apoyo a mis papás pero como soy comerciante, a mí me cerraron, me pidieron que ya no abriera, solamente farmacias y locales de verdura o comida que sean necesarios, los demás cierran, cierran mi fuente de trabajo, que saco para el día y nos dan en la torre a todos”.

Liz pidió despensa y becas a la Comisión de Víctimas del Edomex, que el viernes le responderá.  Mientras, continuará con el proyecto de instalar 35 memoriales para las víctimas de feminicidio. Ya hay 3 en Edomex (dos en Toluca y uno en Chimalhuacán) y colocarán dos más en Playa del Carmen y otro en Coahuila.

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